Enjugándose las lágrimas de una mejilla durante cierto momento de su discurso, el presidente de EE.UU., Barack Obama, anunció ayer su plan para reforzar el control de las armas de fuego en el país, recurriendo a sus poderes presidenciales en vista de que el Congreso se abstuvo de aprobar los cambios legales por los que imploró previamente.

Obama acusó a los defensores de las armas y sus lobbistas de tomar al Congreso como rehén, pero dijo que "no podrán tomar de rehén a EE.UU.". Insistió en que es posible apegarse a la Segunda Enmienda de la Constitución -que garantiza el derecho a poseer y portar armas- y al mismo tiempo hacer algo para abordar los frecuentes tiroteos masivos en EE.UU., que dijo que se han convertido en "la nueva normalidad".

"Esto no es una conspiración para quitarle a todos sus armas", dijo Obama durante la ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca. "Si pasas una revisión de antecedentes, podrás comprar un arma de fuego. El problema es que algunos vendedores de armas han operado bajo un conjunto diferente de reglas".

Obama derramó lágrimas al recordar a los 20 niños asesinados en 2012 en la escuela primaria Sandy Hook, en Newtown, Connecticut. Rindió homenaje a sus padres, algunos presentes en la ceremonia, al decir que ellos nunca se imaginaron que la vida de sus hijos sería acortada por una bala. "Cada vez que pienso en esos niños, me da rabia", dijo el presidente.

El núcleo del plan de Obama está en extender la definición de distribuidor de armas de fuego, con lo que la administración espera aumentar el número de ventas sujetas a revisión de antecedentes.

Bajo la ley actual, solo los distribuidores de armas de fuego con licencia federal deben revisar los antecedentes de los compradores potenciales, pero en las ferias de armas, sitios web y mercados de pulgas, los vendedores burlan tales requisitos al negarse a registrarse como distribuidores con licencia.

Con el objetivo de reducir ese vacío legal, el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) emitirá una guía actualizada que dice que el Gobierno deberá catalogar como distribuidor a todos los que participen "en el negocio" de la venta de armas de fuego, sin importar dónde las venden.