Respecto al pronunciamiento del informe del Tribunal Constitucional (TC) sobre la gratuidad en la Educación Superior, no me queda más que sorprenderme una vez más. Queda claro que frente a la posibilidad de obtener recursos financieros gratis por parte del Estado aflora lo peor de nuestra naturaleza humana, confundiendo el origen de esta iniciativa y su real sentido con algunos intereses corporativos y políticos.

En este escenario donde algunos(as) parecen sufrir de alzheimer quisiera recordarles que fueron los estudiantes, partiendo por 'los pingüinos', quienes instalaron la necesidad de una mejor educación y gratis para todos.

Recordarle a algunos diputados que hoy cuestionan la decisión del TC y que en ese entonces marcharon por estas demandas, que no lo hicieron sólo con los estudiantes que hoy asisten a las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores, sino también con alumnos de universidades privadas y secundarios, los cuales, en su mayoría, hoy estudian en ellas.

Recordarle al gobierno que los estudiantes que salen de sus colegios (principalmente de dependencia municipalizada) y no alcanzan un puntaje para ser aceptados en las instituciones del Cruch, deben matricularse en universidades privadas, IP o CFT. Esto no es por falta de 'talento', como señalan algunos rectores, sino simplemente por ser pobres y no contar con los recursos suficientes para pagar por una educación de mejor calidad que les garantice el acceso a este tipo establecimientos.

Afortunadamente el TC nos vuelve a recordar las palabras del Papa Juan Pablo II ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el año 1987 en Chile, donde abogó por un desarrollo económico más justo y consideró la dignidad de las personas "por lo que es, antes de por lo que tiene" y concluyó con el llamado: "Los pobres no pueden esperar".

Sin embargo los pobres han esperado 28 años en Chile y seguirán esperando, ya que tras el fallo del TC, la propuesta gubernamental de gratuidad, la ley corta, deja afuera a los planteles técnicos y sólo beneficia a las universidades, generando dos clases de pobres, definidos por la institución donde estudian.

Decepciona pensar que muchos de los actuales actores sociales, incluidos los rectores de las universidades del Cruch, que estuvieron presentes en ese pasaje de la historia de nuestro país, que señalaba las primeras luces de un futuro mejor en aquel contexto de autoritarismo e injusticia social; distingan dos tipos de estudiantes ¿la pobreza de un sector de la sociedad debe seguir esperando porque las autoridades hicieron esta distinción entre ciudadano A o B?

Al parecer la danza de millones que implica la gratuidad confunde el sentido de la iniciativa, con la necesidad egoísta y personalista de algunos de sacar su 'mejor tajada', olvidando por completo, que a quienes queremos ayudar es a los jóvenes vulnerables de este país sin distinción y no a las instituciones de turno. Al menos para los que hicimos piel las palabras del Papa hace ya 28 años.

Los grados de incertidumbre que vivimos hoy en todo el sistema escolar, también se sienten en la Educación Especial, y en especial en las familias que acceden a ellas por hijos e hijas con necesidades educativas especiales transitorias y/o permanentes.

Lo que va a pasar con el 82% de los establecimientos de educación especial del país (1702 escuelas) que son particulares subvencionados, es de un grado mortal de irresponsabilidad, ya que a estos colegios también le afectará la mal denominada Ley de Inclusión, ya que tendrán que transformarse en instituciones de beneficencia si quieren seguir existiendo y si eso no los liquida, tendrán que adquirir al menor precio posible la infraestructura específica para múltiples discapacidades, y que en muchos casos no podrán, ya que se arriendan a terceros no relacionados a un precio comercial y serán obligados a hacerlo a un precio regulado por el estado, si por el magnánimo y "eficiente" estado.

Más de alguno pensará que estas escuelas solo responden a una opción comercial de una o un grupo de educadoras diferenciales, pues no. La prevalencias proyectadas son variadas para los distintos tipos de necesidades educativas especiales y el sistema escolar atiende solo al 46% del total de niños que podrían necesitar esta atención.

Primeras preguntas: ¿con lo que vemos hoy, podrá el estado enfrentar esta necesidad creciente de las familias? ¿Habrá incentivo para que las educadoras diferenciales o profesoras inviertan en instalar una escuela especial, y establecer un proyecto innovador que da respuesta a las familias de nuestro Chile?

Por otra parte, el Ministerio de Educación ha promulgado el Decreto N°83, donde se establece que las escuelas regulares deberán recibir a los niños con necesidades educativas especiales, lo que abre una serie de segundas preguntas: ¿Está preparado el sistema escolar regular para recibir a los niños con estas necesidades educativas? ¿Podrá el profesor trabajar con 15 alumnos con Neet o Neep (es lo que proyectan los estudios de prevalencia) donde hay en total 45 alumnos por sala?

Hacemos un llamado a las autoridades a revisar y reflexionar entre todos y todas este tema, ya que no contamos con los requisitos básicos en el sistema regular para lograr los objetivos que el paradigma inclusivo se propone, y ocurrirá al revés, sin un diagnóstico acabado de la realidad de la educación especial (no existe este estudio), será causar un daño grave por muchas generaciones para los lentos, pero sistemáticos avances que los niños y niñas han tenido en este sistema escolar en estos años. Desconocerlo sería tratar de tapar el sol con un dedo.