Investigan millonaria evasión de impuestos en Arauco
Por la evasión de más de mil millones de pesos en el pago de impuestos (IVA) y por la entrega maliciosa de facturas para cometer el delito tributario, ayer el Ministerio Público formalizó a cuatro personas en el Juzgado de Garantía de Lebu.
Durante casi 6 horas el fiscal jefe de Lebu, Danilo Ramos, expuso los antecedentes que daban cuenta que H.A.V.S y su contador G.S.M.H, habían conformado desde octubre de 2011 hasta mediados de 2014, una estructura para que el primero evadiera el pago de importantes cantidades de impuestos que le generaba la venta de madera, que es el rubro que desarrolla. Esta acción la realizaba a través de facturas ideológicamente falsas que le entregaban tres proveedores. Los montos transados en el periodo investigado supera los $6 mil millones.
"Lo que se hacía, básicamente, era conseguir facturas para poder compensarlas a su vez con las ventas que tenía este contribuyente, toda vez que si no hubiese logrado incorporar tales documentos en sus declaraciones tributarias respectivas, habría tenido que pagar importantes sumas de impuestos, que son los que evitó pagar y por eso se habla de defraudación por más de mil millones de pesos", expuso el persecutor penal.
El principal imputado y su contador quedaron en prisión preventiva por el delito tributario de aumentar indebidamente su crédito fiscal para evitar el pago de impuestos. H.AV.S hace unos días atrás fue también formalizado por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, por ser uno de los organizadores de la toma e incidentes que hubo el 3 de octubre de 2014 en la Ruta P-70 que une Cañete y Tirúa.
COLABORADORES
Para realizar esta acción, A.N.P y C.M.P le entregaron 34 facturas desde su empresas, 30 el primero (a través de dos empresas, una natural y otra jurídica) y 4 el segundo.
Esta situación le habría permitido, según la investigación, defraudar $1.085 millones por IVA al Servicio de Impuestos Internos (SII). A este monto se le debería agregar la evasión que se habría hecho con el impuesto a la renta, lo que aún no está definido.
Según los datos del Servicio de Impuestos Internos, SII, durante los 34 meses que ocurrieron los hechos se transaron 211 mil metros ruma de madera. Ésta, después de ser adquirida por H.A.V.S, supuestamente era vendida a forestal Pilpilco, la que se transfería a la Forestal Belén y por último vendida a la Forestal Volterra.
"Se ha podido establecer que la madera que finalmente él adquiría provenía de ciertos sectores en donde no podían entregarle documentación tributaria u otros antecedentes que validaran todo el proceso de compra, por lo que se le hacía necesario recurrir a estos terceros contribuyentes que le suministraban esta facturas solamente a él y en períodos distintos. Uno incluso generó una personalidad jurídica distinta para poder tener más facturas por montos más importantes que aportar a uno de los principales formalizados", expuso el fiscal Ramos.
A estas dos personas que quedaron con las cautelares de firma mensual y arraigo nacional se les imputó el delito específico de entrega maliciosa de documentación tributaria (facturas) para que fuera utilizado por un tercero para evitar pago de impuestos.
INFRACCIÓN TRIBUTARIA
Los defensores de los cuatro imputados rechazaron tras la formalización los cargos que el Ministerio Público les atribuía a sus representados, ya que a su entender existe una cadena de compra y venta de madera de forma legal, y que la facturas emitidas no son falsas. Lo que sí reconocieron es que eventualmente habría una infracción tributaria.
"No se ha acreditado que las facturas que se están impugnando sean ideológicamente falsas, y por lo tanto, no habría delito tributario alguno", expuso el abogado defensor de H.A.V.S., Alvaro Araya, el que aclaró que está acreditado que la madera la compraba legalmente a través de un peritaje contable privado que realizaron, que daba cuenta de que la madera llegó al destinatario final, Volterra.
Asimismo, en la audiencia explicaron que no existían guías de despacho debido a que la compra se hacía en terreno, por lo que lo metros ruma adquiridos no eran movidos por su representados, sino que por la empresa final que adquiría los productos.
El SII impuestos internos inició un proceso de liquidación en contra del principal imputado para recuperar el dinero defraudado. Este monto llegaría a los $3 mil millones, ya que incluye multas reajustes e intereses.