Acuerdo con las Farc busca resarcir a seis millones de víctimas en Colombia
El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) firmaron ayer en La Habana un trascendental acuerdo para la reparación de más de seis millones de víctimas, con el que se busca cerrar las heridas abiertas por medio siglo de conflicto armado y aproxima el horizonte de la paz para el país.
Los jefes de las dos delegaciones consideraron el acuerdo como uno de los más importante logrados en más de tres años de diálogos de paz en la capital cubana, ya que las víctimas son el "centro de gravedad" del proceso, a las que ahora se garantiza un "sistema integral" de verdad, justicia, reparación y no repetición.
El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, aseguró que "no habrá cacería de brujas, pero tampoco habrá espacio para la impunidad".
Aunque existirá una amnistía "lo más amplia posible" para delitos políticos, no quedarán impunes los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos tanto por guerrilleros como por agentes del Estado; quienes si cumplen los requisitos de reconocimiento y verdad serán sancionados a una "restricción efectiva de libertades y derechos", pero no penas de cárcel.
El representante de las Farc y "número dos" del grupo guerrillero, Iván Márquez, aseguró que la "justicia restaurativa será la mejor fórmula para alcanzar la recuperación de la moral social, de depurar las costumbres políticas y sembrar la posibilidad de un bienestar general" en el país.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirmó que el acuerdo es "tal vez el más importante" en la agenda de diálogos de paz.
"Hoy (ayer) se anunció un acuerdo sobre todo el punto, incluyendo el de justicia que era el más difícil en cualquier proceso de paz, donde trazar una línea siempre ha sido el tema más complejo", expresó.
Con la firma de este documento, las partes cierran un importante capítulo del proceso de paz y, después de un receso navideño, volverán al trabajo en enero con el reto de empezar a articular el fin del conflicto, negociaciones que conllevan complejos asuntos como el cese el fuego bilateral y definitivo y la entrega de las armas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a una "rebelión" frente a las políticas que impulsará la oposición en el parlamento, el cual, aún en mayoría chavista, decidió ayer convocar a nuevas sesiones maratónicas antes de ceder el control el 5 de enero. Desde una tarima, ante una multitud de empleados públicos en las afueras del Palacio de Miraflores, Maduro pidió defender en "la calle" las conquistas sociales "frente a las amenazas de la derecha envalentonada" contra el modelo socialista fundado por el líder Hugo Chávez hace 16 años. "Rebelión frente a la amenaza del desmantelamiento de la patria", manifestó Maduro, levantando la Constitución -promulgada hace 16 años por iniciativa de Chávez-, tras acusar a la oposición de pretender "privatizar al país" apenas asuma el parlamento. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática asumirá el control de la Asamblea Nacional de 167 escaños, con mayoría calificada de dos tercios (112 diputados), con lo que pondrá fin a 16 años de hegemonía chavista.
Todas las escuelas en el distrito escolar de Los Angeles recibieron ayer la orden de cerrar debido a un e-mail amenazante cuyo objetivo eran los estudiantes de varias escuelas.
El tiroteo en el cercano San Bernardino, donde el 3 de diciembre 14 personas murieron, influyó en la decisión de cerrar todas las escuelas, que superan las 900 y a las cuales asisten 640 mil estudiantes, informó el superintendente Ramon Cortines.
Un funcionario del cuerpo policial dijo que la amenaza la recibió un miembro del consejo escolar vía e-mail la tarde del lunes y parecía venir del extranjero.
Las autoridades no dieron detalles de la amenaza, al decir que todavía era analizada, pero agregaron que la medida se tomaba como exceso de precaución. Estaba previsto que las escuelas seguirían cerradas hasta que se despeje la amenaza.
Las escuelas de Los Angeles con frecuencia reciben amenazas, pero Cortines catalogó ésta de inusual.
"No fue a una, dos o tres escuelas", dijo en conferencia de prensa. "Fue a varias escuelas aunque no especificadas, pero había varias escuelas. Por eso motivo tomé esta medida", agregó.
Cortines indicó que quiere que cada instalación sea revisada y le entreguen un reporte a él y al consejo escolar de que son seguras. El distrito tiene más de 900 escuelas y 187 escuelas públicas independientes de la junta escolar. El cierre sucedió el mismo día en que las clases se cancelaron en la U. San Bernardino Valley por una amenaza de bomba.