Fisco deberá pagar $430 millones a 4 familias de detenidos desaparecidos
Un total de $430 millones es lo que recibirán los hijos y nietos de cuatro detenidos desaparecidos de las localidades de Santa Bárbara y Quilaco, luego que la Corte Suprema revocara la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción. La indemnización que recibirá este grupo es una de las más alta en materia de Derechos Humanos que debe pagar el Estado en la Región del Biobío.
La resolución adoptada por la Segunda Sala del máximo tribunal del país estableció la responsabilidad civil del Estado en las desapariciones de José Rafael Zúñiga Aceldino, José Secundino Zúñiga Alcedino, José Molina Quezada, Cristino Cid Fuentealba y Luis Alberto Cid Cid.
Hay que recordar que en primera instancia, el Juzgado Civil de Concepción decretó la responsabilidad del Fisco, pero la resolución fue revertida por la Corte de Apelaciones de Concepción. A raíz de eso se presentó un recurso de casación al máximo tribunal.
Además, estos cuatro detenidos desaparecidos forman parte de un grupo de 29 personas que, entre septiembre y noviembre de 1973, fueron secuestradas y posteriormente asesinadas por el régimen militar. Por esta causa, actualmente, se encuentran condenadas 17 personas, entre ex policías y civiles, quienes fueron condenados a penas que van de 5 años y un día a 14 años.
IMPRESCRIPTIBLE
El fundamento aceptado por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y el abogado (i) Jean Pierre Matus para revocar el fallo de segunda instancia se sustentó en que este tipo de delitos corresponde a crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles, tanto en el aspecto penal como civil.
"La Corte de Concepción había sostenido que esto estaba prescrito cuando se publicó el informe Rettig (en 1991), pero la Suprema lo rectifica diciendo que hay convenios internacionales que reconocen este carácter de imprescriptibles", contó el abogado querellante, Adolfo Montiel.
La resolución de la Segunda Sala de la Corte Suprema especificó que "estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales (…). Por esta razón, no resultan aplicables a estos efectos las disposiciones del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como resuelve el fallo impugnado, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional, en cuanto a disponer la ineficacia de normas internas que hagan ilusorio el derecho a la reparación de los daños ocasionados por crímenes de lesa humanidad".
Montiel declaró que este caso abre la posibilidad de que otras acciones civiles, que sean falladas negativamente, puedan tener un resultado favorable, ya que esta resolución sentaría jurisprudencia.
"Esto sería así, si las personas están en el informe Rettig, porque este le dio convicción de que efectivamente estas violaciones se cometieron en la tres causales; tortura con resultado de muerte, detenido desaparecido y ejecutado con falso enfrentamiento. Si no están es difícil que prosperen", contó el abogado que ve causas de Derechos humanos.
EL PAGO
Los $430 millones están divididos en: $80 millones a Claudia Zuñiga Zúñiga e igual cifra a Marcela Zúñiga Zúñiga por la desaparición de sus abuelos: José Rafael Zúñiga Alcedini y José Secundino Zúñiga Aceldini; $60 millones a Marta Molina Molina e igual monto a Hugo Molina Molina, nietos de José Molina Quezada; $50 millones a Manuel Cid Matus e igual cantidad a Rosendo Cid Matus, hijos de Luis Cid Fuentealba; y $50 millones a Miguel Cid Ortega, hijo de Luis Cid Cid.
Adolfo Montiel comentó que el pago del Fisco a estas familias tardaría varios meses, ya que al ser un monto superior a los $140 millones el Fisco necesita un decreto del Ministerio de Hacienda para pagar estos montos.
Agregó que antes de recibir la integridad de los dineros, esta resolución debe ser devuelta a la Corte de Apelaciones, la que posteriormente se remite al Juzgado Civil penquista, entidad que envía un oficio al Ministerio de Justicia, que se remite a la cartera de Hacienda.
"Creo que a fines de marzo, con suerte, podrían estar estos dineros", sostuvo Montiel.
Actualmente hay otras 5 demandas civiles que se están viendo en la Corte de Apelaciones de Concepción, las que están siendo revisadas junto con el proceso penal de los 17 condenados.