A la espera de definiciones por parte del Ministerio Público, respecto a las investigaciones que se realizan en casos de eventuales fraudes y malversaciones que involucran a los municipios de Concepción y Lota, se encuentra la Procuraduría Fiscal de Concepción del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que participa como querellante en tales causas.
Así lo señaló ayer Georgy Schubert Studer, procurador fiscal penquista, quien asumió el cargo el 21 de septiembre de este año, en reemplazo de Ximena Hassi Thumala.
Respecto a la corporación edilicia de Concepción, se trata de la indagatoria que involucra a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe y a otras seis personas más (en lo que se refiere a la querella del CDE), en el llamado Caso Semco, en el cual se habrían desviado recursos entregados por el Banco Santander a esa corporación durante la época en que Van Rysseberghe era alcaldesa de Concepción.
"En un principio, la investigación daba cuenta de hechos que eran constitutivos de delito, por eso el CDE se querelló por tres figuras penales (malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, aplicación pública diferente), en relación a siete personas involucradas, eso fue en noviembre de 2014. Lo que estamos esperando es una formalización por parte del Ministerio Público y que agote la investigación, lo que es una decisión de ellos".
-La causa, al estar desformalizada, los únicos que se tienen son los eventuales plazos de prescripción de los delitos que puedan existir. Algunos prescriben en cinco años, pero otros pueden tener pena de crimen, por lo que la prescripción puede ser a los 10 años. Nos interesa que exista una decisión pronto del Ministerio Público, no tenemos ninguna fecha que se nos haya comunicado, pero son causas que no se pueden eternizar.
La otra causa penal en la que se espera contar con información de parte del órgano persecutor es la referida al eventual fraude conectado al Departamento de Educación Municipal (DEM) de Lota y a la empresa Comercial Cid y Gutiérrez Limitada. Hay que recordar que el 25 de noviembre hubo un allanamiento en el DEM y otras oficinas del municipio lotino, además de las viviendas del alcalde Patricio Marchant y de colaboradores de éste, en el contexto de una querella que el propio municipio presentó en mayo de 2015 por fraude, a la que se sumó en septiembre de este año el CDE por malversación, cohecho y soborno.
-Nosotros hemos pedido copia de los antecedentes y acceso a los mismos, esperamos tenerlos pronto y una vez que los tengamos y los estudiemos, podamos ver si, en opinión del Consejo, hay mérito para ampliar la querella a otras personas. Eventualmente, pueden ser nuevos delitos o tener relación con los que ya se mencionan en la querella, pero no lo sabemos.
Fiscalía puede limitar o ampliar el secreto, por lo tanto podría entregarnos la información, sin considerar que está en secreto para nosotros, que somos querellantes en la causa.
RESULTADOS
Del total de causas en que se involucra el CDE, un bajo porcentaje tienen características penales, como los casos antes mencionados.
De hecho, a octubre de 2015, la Procuraduría Fiscal de Concepción (con jurisdicción en las provincias de Concepción, Biobío y Arauco) mantenía vigente un total de 2.147, de las cuales un 6% eran criminales.
Schubert afirmó que registran un importante nivel de éxito. Durante este año, de 19 causas penales en las que participó el CDE localmente tuvieron sentencia, de las cuales 18 fueron favorables para el órgano público.
Asimismo, los montos demandados al Fisco en 2015 en la zona llegaron a 31 mil millones de pesos, de los cuales solo se condenó a pagar 1.389 millones de pesos. Schubert destaca esto considerando el número de causas en relación con los 12 abogados con los que se cuenta (el equipo completo son 22 personas).
-Sí, es un anhelo sentido por todo el Consejo, no solo a nivel local, pero acá se nota de manera especial por el volumen de causas y por tratarse de la tercera procuraduría con más casos en el país (Santiago y Valparaíso son las dos primeras). Hay un aumento previsible de causas en los próximos años, por un lado, porque se están incluyendo los temas laborales, los que se revisaban de manera aislada en el CDE.
-Por el tema de la tutela laboral, en la cual cambiaron los criterios jurisprudenciales, se están comenzando a aplicar los procesos del Código del Trabajo a funcionarios públicos, por lo que se puede esperar un aumento en la carga de trabajo el próximo año.
El gran desafío que espera al Consejo es la Reforma Civil, no sabemos cuándo va a salir, pero eso va a implicar un cambio completo a nuestros procedimientos y con la gente que existe ahora será imposible afrontarlo, porque va a implicar presencia física, al igual que el sistema penal en la actualidad, por lo tanto, una gran cantidad de horas de profesionales en audiencias de forma permanente.
MODERNIZACIÓN
El CDE es criticado por si estructura jerarquizada y centralista, algo que es explicado por Schubert. "No puede tener distintas posturas en lo jurídico frente a temas que son más o menos comunes y que el Consejo ve en todo el país. Hay que pensar que somos una gran oficina de abogados, con un solo cliente, que es el Fisco y los otros organismos públicos cuando la ley lo autoriza, por lo que tiene que haber una unión de criterio, de trabajo y de proceso".
-El Consejo está revisando sus procesos, hay un plan de modernización institucional que lleva años realizándose. Desde ese contexto se pueden generar vinculaciones más locales, una reorganización y nueva mirada de los procesos y que va a implicar, en un futuro cercano, que ciertas cosas se vean con un perfil más local y otras sigan siendo más centralizadas.
