En 2014, sólo dos universidades recibieron más de 66% por ciento del total de donaciones del sistema universitario chileno. Este dato podría no tener relevancia y pasar francamente inadvertido, pero si lo analizamos con mayor profundidad observaremos una evidencia más que vergonzosa de lo concentrado y desigual que suele ser nuestro sistema educacional.

En efecto, del total de donaciones a instituciones de educación superior cercano a los 22 mil millones de pesos, la Universidad de Los Andes y la Pontificia Universidad Católica de Chile se llevaron dos tercios. Vale la pena recordar que en Chile existen más de 150 universidades, institutos profesionales y Centros de Formación Técnica y estas no son precisamente las más inclusivas, por el contrario, son reconocidamente elitistas.

Por parte de los donantes individuales y jurídicos más importantes, éstos han privilegiado las universidades más selectivas, perpetuando con ello las inequidades que aún existen en este sector. Los benefactores más relevantes son las familias que concentran la mayor parte de la riqueza de este país y lo hacen por medio de fundaciones que les permiten acceder en plenitud a los incentivos tributarios vigentes. Además, desde la perspectiva geográfica, la realidad es igualmente desalentadora pues según algunos estudios, más del 90% de los recursos se concentran en instituciones de la Región Metropolitana.

El escaso aporte se debe fundamentalmente a que nuestra cultura histórica ha depositado la responsabilidad del financiamiento de la educación superior en el Estado y no en los privados. Aunque sabemos que esto en la práctica no es así y el Estado chileno es uno de los que menos aporta en comparación con los países adscritos a la Ocde, además, el mecanismo que existe es engorroso, poco claro y basado en la desconfianza, ya que las empresas (para las que está diseñado) suponen que al hacer uso de estas franquicias tributarias lo van a exponer a revisiones o auditorías por parte del Servicio de Impuestos Internos, evitándolas.

Todo lo anterior se da en un momento en que el financiamiento de la Educación Superior está en el centro del debate público. Entonces, podremos suponer que la reforma educacional va desincentivar este tipo de aportes, pues el slogan de "gratuidad" quita el enfoque en el estudiante y lo posiciona sobre las instituciones, se pierde así el sentido filantrópico de ayudar a un "otro".

Finalmente, para mejorar este sistema es necesario realizar diversos y radicales cambios al marco regulador actual. Se debe avanzar en materias que permitan aumentar los recursos disponibles por donaciones y mejorar la dispersión geográfica de éstos.

Debemos fomentar y facilitar la donación de personas naturales e instalar incentivos tributarios adicionales a las donaciones que se destinan a regiones, pues claramente vienen a constituirse en mecanismos subsidiarios del Estado que favorecen el desarrollo regional.