"Se consideraron informes de profesionales, el apoyo de la familia, y además la voluntad de los padres para someterse a un sistema de seguimiento". Con estas palabras la jueza del Juzgado de Familia de Talcahuano, Nicole D'alencon, confirmó que Luciana, la recién nacida separada de su madre por confesar esta última que había consumido marihuana durante su embarazo, seguirá al cuidado de sus progenitores.

En específico, el tribunal determinó que tanto la menor como la madre, para permanecer juntas, deberán someterse durante 6 meses a exámenes de orina que determinen si el consumo de cannabis continúa o no en la madre.

Los controles también permitirán verificar si la bebé presentará más adelante algún problema derivado del uso anterior de marihuana de su madre.

Estos exámenes deberán realizarse en el mismo Hospital Las Higueras, en donde se originó el conflicto.

ACUSACIÓN SIN BASE

La decisión fue tomada durante la mañana de ayer, fecha en que estaba programada la audiencia preparatoria en el Tribunal de Familia, que finalmente terminó con una salida colaborativa entre las partes.

A la salida del trámite judicial, los padres de la recién nacida se mostraron conformes con la medida, aunque advirtieron que esperan que no se vuelva a repetir un hecho de este tipo.

"Con tal de tener a mi hija a mi lado estoy dispuesta a hacerme los exámenes correspondientes, y durante el tiempo que sea necesario", explicó Sindy Ortiz, la mamá de Luciana.

El padre de la niña, Christopher Montorfano, dijo que para ellos es importante demostrar que las acusaciones de que ellos no estaban capacitados para cuidar a su bebé, no tenían asidero.

"Demostramos con antecedentes que teníamos la razón y que no somos factores de riesgo para la niña. No hay ningún examen que diga que mi hija tenga algún síndrome de abstinencia, y por lo tanto, lo que se dijo son solamente palabras sin nada que lo respalde", manifestó.

ACCIONES LEGALES

En el plano legal, y más allá de que los padres de Luciana afirmaran que aún no deciden si presentarán alguna acción judicial como respuesta a lo sucedido, el abogado de la familia, Adolfo Ortega, destacó que en lo medular el tribunal estableció que no hubo vulneración de los derechos de la menor, y que lo sucedido se debió a una mala aplicación del protocolo por parte del Hospital Las Higueras.

Se refirió también al recurso de protección presentado anteriormente, explicando que fue descartado, no así la denuncia hecha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "En relación al recurso anterior, lo desistimos. La Corte pidió que esta situación sea ratificada por los padres y lo ingresaremos en la Corte de Apelaciones de Concepción. En lo relativo a la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos, lo revisaremos, ya que esta denuncia tiene que ver más bien con actuaciones propias del aparato estatal", explicó el defensor.