Con fecha 23 de noviembre de 2015, la empresa Consorcio Constructor C y S (perteneciente a Socovesa) y Mall del Centro de Concepción (Ripley Corp S.A.) fueron notificadas del resultado del fallo arbitral que realizó el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) respecto a las demandas que presentaron ambas entidades por incumplimientos en la construcción del recinto comercial ubicado en Barros Arana 1068.

A casi tres años de la presentación -se realizó en diciembre de 2012- el dictamen arbitral determinó que Ripley Corp S.A. deberá pagar a C y S una suma superior a las 141 mil Unidades de Fomento (UF), equivalente a más de $3.600 millones. Este resultado corresponde a la diferencia resultante entre lo que se acogió de la demanda de ambas empresas, C y S y Ripley.

De acuerdo al arbitraje, de las 734.774,56 UF demandadas por Consorcio Constructor, se le otorgaron 259.613,422 UF. En tanto, de las 1.171.525,19 UF demandadas por Ripley, el arbitraje les reconoció 118,139,47 UF.

Desde la multitienda no quisieron referirse en profundidad al fallo y sólo expusieron que su parecer está en el hecho esencial que enviaron a la Superintendencia de Valores y Seguros.

50% A SUBCONTRATISTAS

La importancia de este fallo es que de este monto dependía el pago de la mitad de lo adeudado por C y S a los 20 subcontratistas que prestaron servicios en la construcción del Mall del Centro.

Enrique Hernández, abogado de los subcontratistas, comentó que tomaron conocimiento de la sentencia a través de la página web de la Superintendencia de Valores y Seguros, SVS, que publicó como hechos esenciales de ambas compañías, Ripley Corp y Socovesa, la notificación del fallo arbitral.

"Al hacer una lectura de éste y luego de un proceso que se denomina de compensación, Consorcio Constructor tuvo un fallo, numéricamente favorable en ese juicio arbitral (…). La sentencia final arroja montos a pagar a ambas sociedades. Como eso ocurrió, se compensan ambas sumas y queda un saldo a favor importante para Consorcio, y que tiene efectos directos en los acuerdos que están firmados y vigentes entre ellos y los subcontratistas de la obra".

Hernández aclaró que los dineros que podría recibir cada uno de sus representados aún se están calculando. No obstante, sostuvo que debería corresponder al 20% de la mitad del monto que fue reconocido por el Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Dictuc) de la Pontificia Universidad Católica.

Tras el análisis que se extendió por siete meses, el Dictuc determinó que la deuda de Consorcio con los subcontratistas era superior a los $1.200 millones, y no los 880 millones que había reconocido la constructora en un inicio. Por lo tanto, el monto que le correspondería, inicialmente a los microempresarios sería cercano a los $120 millones.

AÚN HAY DEUDA

En marzo de 2013, tras la intermediación del arzobispo de Concepción, monseñor Fernando Chomali, los abogados de Consorcio Mario Rojas, y de los subcontratistas, Enrique Hernández, firmaron el acuerdo para lograr que tres personas se bajaran de la grúa que construía la torre al lado del Mall del Centro.

Ese documento determinó se le cancelaría de forma inmediata la mitad de la deuda reconocida por C y S, lo que ascendía a $440 millones. Este monto, como lo expuso Hernández, fue íntegramente cancelado a sus representados.

Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el 50% de saldo que se alegó y resolvió el Dictuc. Este monto era cercano a los $400 millones, por lo que correspondía a la empresa constructora realizar el pago inmediato, luego de esta resolución, de la mitad de esa cifra.

"Consorcio observó el informe y sostuvo que estaba mal técnicamente, por lo que no iba a pagar. La decisión se fundo en el acápite del acuerdo que dice 'que las partes dispondrán de 48 horas para aceptar u observar (el arbitraje del Dictuc). En este último caso las partes se reunirán de buena fe a concordar la liquidación final'. En esta situación de buena fe, determinó que le iba a pagar a cuatro personas y a las otras 16 no", contó Hernández, quien aclaró que desde esa fecha no conocen las razones técnicas, económicas o jurídicas de no respetar el acuerdo adquirido.

Sobre el no pago acordado, Mario Rojas, abogado de Consorcio C y S expuso que se habían resuelto todos los casos, salvo dos, en donde había cesiones de facturas, por lo que no procedía el pago.

En cuanto a la resolución del arbitraje en Santiago, sostuvo que ese tema lo están viendo directamente los fiscales de Socovesa Ingeniería S.A., y de Construcciones y Constructora Cuevas y Purcell S.A., que son las empresas que conforman Consorcio Constructor C y S.

Una sentencia condenatoria por un incendio de bosque y matorrales que puso en riesgo a varias viviendas de población Villa Esperanza, comuna de Los Álamos, es lo que logró el fiscal jefe de Lebu, Danilo Ramos.

En el juicio oral el fiscal Ramos expuso ante los jueces los testimonios y evidencias que vinculaban a Abelardo Alarcón Alarcón con la generación de un siniestro el 14 de febrero de este año, el que consumió aproximadamente siete hectáreas de árboles y vegetación.

La acción que el imputado realizó en las inmediaciones de una cancha de fútbol fue advertida por un testigo. Esto permitió su detención y que fuera posteriormente llevado a juicio oral por el Ministerio Público.

La pena que la justicia aplicará al condenado será dada a conocer el 4 de diciembre a las 11 horas.

Que se le devuelva de forma urgente su bebé o que, al menos, la dejen amamantarla. Ese es el objetivo de la demanda presentada ante la Corte Internacional de Derechos Humanos en contra del Hospital Las Higueras de Talcahuano por el abogado Adolfo Ortega, quien representa a Sindy Ortiz, la madre a quien le prohibieron quedarse con su recién nacida tras confesar que había consumido marihuana unos días previos al parto, a raíz de una dolencia en su brazo.

Ortega explicó que agotarán todas las medidas para que la madre pueda restablecer la relación son la menor. "Lo que nosotros señalamos en definitiva es que esta situación de sancionar la verdad ya no tiene límites, porque se trata de una madre que no es consumidora habitual ni crónica, sino que una persona que espontáneamente cuenta la verdad", argumentó.

Y aseguró que "no entendemos la razones del Servicio de Salud de no permitir a la madre amamantar a su hijo, porque el protocolo habla de 24 horas, que ya está en exceso cumplido, pese a que se puede prorrogar".

Durante esta jornada, el abogado debería tener una respuesta de la corte en cuanto a la recepción de la demanda. De ser aceptada, la resolución debería ser más expedita que los tribunales nacionales. Además, Ortega se encuentra preparando el material de defensa para este jueves, oportunidad en la que está fijada la audiencia de carácter preparatorio en el Juzgado de Familia. Esto tras la denuncia que realizó el Hospital Las Higueras, que hasta el momento mantiene las mismas condiciones de visita hacia la menor: citas tres veces al día.

El Ministerio de la Mujer no se referido al tema, aunque localmente el Sernam ha estado en contacto con la joven madre desde que ocurrió el hecho e incluso le prestará ayuda sicológica para afrontar el alejamiento de su hija.