Durante el presente año, la Prefectura de Concepción de Carabineros ha logrado aumentar en un 50%, en relación al 2014, las detenciones de personas con órdenes de aprehensión pendiente, cifra que podría incrementarse aún más con la implementación del Simccar, dispositivo portátil informático, similar a un celular, pero de mayor tamaño, que le permitirá a los policías realizar una serie de fiscalizaciones en terreno y en tiempo real.

Órdenes de detención pendientes, vehículos con encargo por robo, ingreso de procedimientos policiales, fiscalización para detectar si los guardias privados están acreditados para ejercer esa labor, son algunas de las acciones que podrán realizarse a través de este instrumento, que desde hace unas semanas está siendo utilizada por los carabineros que patrullan las diversas comunas de la jurisdicción de la Prefectura. Es decir, Concepción, Hualqui, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Lota, Coronel y Santa Juana.

Este equipamiento estaría por el momento sólo en la Prefectura de Concepción, pero a corto plazo debería implementarse en las demás unidades policiales de la Región, prefecturas de Talcahuano, Biobío, Arauco, y Ñuble.

SIMCCAR

El subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Concepción, comandante Julio Santelices, contó que son 30 los dispositivos que llegaron para realizar en terreno los controles que les faculta la ley. Asimismo, explicó que este aparato posee un sistema android 4.0, Wi-fi, GPS y Bluetooth.

"Le permitirá a los carabineros detectar a cualquier persona que tenga una orden de detención pendiente, también vehículos que hayan sido sustraídos producto de un robo. Se podrá actuar de forma más rápida y eficaz para dar respuesta a la comunidad", contó el oficial policial.

Además, sostuvo que el equipo podrá ser ocupado en el plan Estadio Seguro, permitiendo verificar durante los partidos de fútbol si una persona tiene prohibición para ingresar a algún recinto.

El sistema electrónico incluso puede, a través de un lector, interpretar el código QR que está en las nuevas cédulas de identidad y realizar una fiscalización biométrica a través de la huella dactilar.

La gobernadora de Concepción, Andrea Muñoz, destacó la incorporación de la nueva tecnología para combatir la delincuencia. "La Presidenta (Michelle Bachelet) ha impulsado una agenda antidelincuencia que abarca tres áreas de trabajo. Una es fortalecer el Ministerio Público con mayor dotación de fiscales y mayores atribuciones a su equipo de trabajo. También endurecer las penas que tienen mayor connotación social y, además, está la propuesta de entregarle facultades a Carabineros para realizar los controles preventivos de identidad", expuso la autoridad provincial.

ÓRDENES DE DETENCIÓN

Durante la jornada de ayer, el comandante Santelices dio a conocer el sexto operativo realizado en las comunas de la jurisdicción de la Prefectura, y que tenía como fin encontrar personas con órdenes de detención vigentes.

"Hemos puesto a disposición de los tribunales (ayer) a 115 personas con órdenes detención y una de las formas que nos ayudó a realizarlo fue esta herramienta (Simccar)", contó el subprefecto de los Servicios.

Durante el presente año, la Prefectura ha logrado la detención de 2.900 personas en su jurisdicción, de los cuales casi 800 son a través de los operativos realizados.

La gobernadora de Concepción sostuvo que el número de detenciones vigentes es una de las preocupaciones, y por eso es que se realizan los operativos, para detener a quienes están eludiendo el accionar de la justicia, generando una sensación de inseguridad.

"Vamos a trabajar en una serie de otras estrategias para brindarle mayor seguridad a la comunidad", expuso Andrea Muñoz.

A mediados de año, el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, expuso que en el país hay 66 mil personas prófugas de la justicia. En tanto, en la Región, al 21 de octubre de este año, se mantenían casi 3.500 órdenes pendientes.

Con el objetivo de capacitar e insertar laboralmente a jóvenes infractores de ley, ayer el Servicio Nacional de Menores (Sename) firmó un convenio con diversas empresas para dar el vamos al nuevo Programa de Intermediación Laboral (PIL) que implementó el Gobierno para atender a este grupo. Son 35 jóvenes de la Región del Biobío que tienen conflicto con la justicia los que se verán beneficiadas con el nuevo programa.

La directora regional del Sename, Rina Oñate, expuso que "concretamos de esta forma nuevos recursos para trabajar en el ámbito de la justicia juvenil, los cuales alcanzan a los $88 millones. Los jóvenes recibirán apoyo para adquirir competencias laborales y su preparación para ingresar al mundo laboral".

Asimismo, declaró que "paralelamente los equipos establecerán nexos con las empresas para generar cupos laborales. Buscando empresas comprometidas con la reinserción social de los jóvenes, y que comprendan las particularidades que se buscan realizar".

Este nuevo programa, en donde dos empresas de la Región ya se hicieron parte, se enmarca en las políticas nacionales de reinserción social del programa de Gobierno. Es por eso que la jefatura regional del Sename precisó que "tiene por finalidad capacitar e insertar laboralmente a los jóvenes. Agradecemos el apoyo de las empresas, ya que se requiere el apoyo de ellos, quienes hoy se comprometen a otorgar posibilidades ciertas de contratación laboral".

La firma del convenio entre las empresas y el Sename se realizó en el Salón O'Higgins de la Intendencia Regional.

EXPERIENCIA DE VIDA

Durante la ceremonia de presentación del nuevo programa de Sename, se conoció la experiencia vivida por Luis, joven que pasó por los procesos de capacitación y que hoy se desempeña exitosamente en una gran empresa de la Región.

"Agradezco el apoyo entregado por Sename y los profesionales que me han acompañado. Me gustaría que más jóvenes como yo tengan estas oportunidades. Que reciban apoyo y que se puedan superar, porque todos podemos superarnos y crecer como personas. Ahora creo en mis capacidades y me di cuenta de que sí se puede cambiar y de que sí se puede ser mejor", comentó el joven que vivió este proceso de reinserción.

Esta iniciativa se lanzó en el país en julio de este año y se implementó inicialmente en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins y Los Ríos. Durante 2016 debería estar en todo el país.

Un recurso de protección para que se les restituya el agua y el alimento a las personas que ayer cumplieron 5 días protestando sobre una torre de alta tensión, por el funcionamiento de la Central Bocamina II de Coronel, es el que presentó el Sindicato de Recolectores de Orilla y Pescadores (Sirepe) en la Corte de Apelación de Concepción.

La presentación judicial fue apoyada por el senador del MAS, Alejandro Navarro. Él sostuvo que ninguna autoridad puede impedir que llegue el alimento a las personas. Cabe recordar que el jueves Carabineros retiró a cerca de 30 familiares de los 5 manifestantes que están en la torre, para evitar que se les entregara agua y alimento.

"Estamos denunciado un hecho arbitrario e ilegal", sostuvo el parlamentario.

Silvia Contreras, esposa de uno de los hombres, expuso que la situación actual es angustiante, ya que hasta ayer llevaban 48 horas sin recibir alimentos y agua.

"A ellos se le está vulnerado el derecho a la alimentación y a la vida. Ellos en ningún momento comenzaron con una huelga de hambre. Las autoridades hicieron que esta fuera una huelga forzosa", contó la mujer de Nelson Guzmán.

El presidente de la Sirepe, Luis Morales, agregó que la protesta es porque exigen que Bocamina II deje de operar en Coronel, ya que tendría una Resolución de Calificación caducada e ilegal.

Sirepe ya ha presentado dos requerimientos solicitando la caducidad del proyecto original de Bocamina II.