En las últimas semanas han causado revuelo vergonzosos actos presuntamente cometidos por profesionales: abogados en cárceles, ingenieros y ejecutivos en empresas.

Las respuestas que emergen en la discusión pública van desde detectores de metales para las cárceles, a penas de cárcel para ejecutivos, con el fin de reducir la probabilidad de que burlen la ley, los reglamentos internos de las empresas o la confianza de los consumidores.

Sin embargo, la ética profesional también ha sido pasada a llevar, y hay algo que hacer al respecto. Ser profesional no debería considerarse solo un título que acredita tener formación experta, sino que se cuenta con criterio formado para ser responsable del buen uso de esa instrucción.

La ética profesional es necesaria. Los criterios y valores de la profesión son parte del set de elementos considerados por una persona a la hora de decidir, y más lo será si fueron bien asentados. De allí que exista un deber ineludible de la formación universitaria inicial y continua.

Ella debería aportar claridad sobre valores, deberes asociados al encargo social que ocupa, que permita difundir un orgulloso sentido del rol con miras a la responsabilidad de actores sociales que buscan merecer la confianza que se deposita en ellos.

Si bien es un tópico antiguo en la teoría sobre profesiones el destacar los aspectos negativos del poder que poseen y del uso que de él hacen, no debería perderse la esperanza en el terreno social.

Entre el hoy y las posibilidades futuras como sociedad existe la esperanza de reforzar la formación de los nuevos profesionales. Asimismo, de fortalecer el rol de los colegios profesionales, haciéndolos partícipes de la discusión social y de la creación de fórmulas de autorregulación que eviten que, en un país donde ser profesional importa tanto, la profesión aporte poco.

La Conferencia Episcopal de Chile (CECh) se ha planteado como un desafío prioritario abordar la problemática del abuso sexual de menores de edad, tanto en la Iglesia como en la sociedad chilena en su conjunto. Para ello nuestros Obispos han generado, desde el año 2003, una serie de Protocolos y Comisiones, concluyendo este año 2015 en un plan de acción concreto con programas de capacitación y protocolos de conducta. En tal sentido han preparado un documento, aprobado en la 109° Asamblea Plenaria de la CECh, denominado "Cuidado y Esperanza. Líneas Guía de la Conferencia Episcopal de Chile para tratar los casos de abusos sexuales a menores de edad", que entró a regir como texto oficial el 16 de julio de 2015, de manera de constituir un apoyo para la asistencia de las víctimas de tales abusos, así como en la formación de la comunidad tanto eclesial como laica, en pro de la protección de los niños, niñas y jóvenes.

Monseñor Alejandro Goic señaló recientemente que más de 1.700 agentes pastorales y profesionales, han recibido formación especializada a lo largo del país para prevenir estos abusos, siendo las responsables de tal formación el equipo de la Comisión Nacional de Prevención de Abusos de la CECh, liderado por Pilar Ramírez, acompañada de otras destacadas profesionales, Ana María Celis y Josefina Martínez, quienes resaltan como aspectos determinantes romper el silencio existente en el tema y la creación de espacios o ambientes seguros para nuestros niños, niñas y jóvenes, para lo cual se otorga un rol relevante a los terceros participantes, quienes son los responsables de llevar a cabo esta protección, dejando de transferir la responsabilidad de autoprotección a nuestros niños, niñas y jóvenes, cuya única preocupación como seres en crecimiento sea el disfrutar de su proceso de desarrollo en un ambiente rodeado de amor y protección.

El Arzobispado de la Santísima Concepción, acaba de constituir una Comisión Para la Prevención de Abusos, conformada por diez laicos con distintas profesiones y dos sacerdotes, la cual ya ha comenzado a trabajar en el contexto de la protección de los menores, en base a un plan trianual.

Anhelamos que esta iniciativa rinda los mejores frutos para que nunca más veamos el dolor del abuso en un menor, y podamos cumplir con lo pedido por nuestros pastores.

El lenguaje corresponde a un sistema de signos y símbolos que nos permite comunicarnos con nuestro entorno. Este depende de múltiples áreas del cerebro que participan para que se pueda realizar de forma adecuada.

El daño en cualquiera de estas áreas del cerebro involucradas en el lenguaje puede provocar la denominada afasia.

La afasia corresponde a un trastorno del lenguaje adquirido a causa de un daño cerebral, este trastorno puede afectar tanto a la expresión como a la comprensión así como también a la lectura y escritura de alguien que anterior a este daño no tenía dificultades en realizar dichas tareas.

El síntoma más importante de este trastorno corresponde a la denominada "anomia", lo cual consiste en la dificultad de evocar palabras, similar a la sensación de tener la palabra "en la punta de la lengua". Por ejemplo: "No tengo una de esas…pásame esa para sentarse...esa que está ahí", haciendo alusión a querer una silla para sentarse.

Se estima una incidencia de aproximadamente 80.000 casos al año de pacientes que padecen esta patología.

Las afasias pueden ser provocadas por: accidentes cerebrovasculares, demencias (Alzheimer, frontotemporales, cuerpo de Lewy, etc), traumatismos encéfalocraneanos, entre otros.

El tratamiento para esta enfermedad corresponde a una terapia fonoaudiológica principalmente, en donde se debe trabajar en base a las limitaciones de cada paciente, con el objetivo de reestablecer una comunicación funcional con su entorno más próximo y lograr dentro de lo posible una reinserción social y laboral.

Se discute si el gasto del Estado en políticas de infancia es gasto o inversión pública. Argumentos a favor de una u otra denominación existen en abundancia: para unos se trata de un pasivo, un gasto similar al de la seguridad social, que financian los ciudadanos con sus impuestos. Para otros, es una inversión en recursos humanos para favorecer el desarrollo económico, financiada igualmente con impuestos.

Como se trata de recursos que provienen de los ciudadanos, son éstos los llamados a pronunciarse, y no solo para determinar si se trata de inversión o de gasto público, sino también cuál es el volumen y el tipo de recursos que como sociedad queremos que estén disponibles para garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños (as).

No deja de ser importante la discusión sobre el rol que el propio Estado se asigna. Si es un rol subsidiario -como sucede en el caso de Chile y como se menciona en el proyecto de ley de garantías-, o un rol orientado a fomentar el desarrollo económico y promover el desarrollo social. Esta diferencia importa a la hora de evaluar cuál de las opciones representa mejor el rol garante que el Estado debe desempeñar en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA).

Creemos necesario enfatizar que el Estado ha de relevar el apoyo a las familias para que desarrollen adecuadamente sus labores de cuidado, así como para asegurar el goce efectivo del derecho del niño o niña a vivir en su familia y a ser cuidado por esta.

Cara y contracara de una tarea social que, puede constituir una buena base para afianzar la realización de los demás derechos.

Por otra parte, la sociedad civil ha de velar porque el Estado asigne la mayor cantidad de recursos públicos en la promoción y aseguramiento de los derechos y resguardar porque el gasto (o la inversión) se traduzca en un uso eficaz, es decir, que produzca resultados y que este gasto sea siempre incremental, y al máximo de las posibilidades disponibles.

La verdad es que el proyecto de ley de garantías que hoy está siendo revisado por la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, ni siquiera alcanza a abordar la discusión sobre los niveles del gasto o de la inversión social, cuando menciona al menos dieciocho veces que el ejercicio de casi todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, está sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

Frente a ello, ¿qué planteamos hacer como sociedad civil?

Desde Aldeas Infantiles SOS, estamos convencidos que este proyecto de ley que hoy discutimos, debe ser una oportunidad para instalar la temática de la niñez en una agenda pública de inversión social con compromiso de garantía de derechos; y no conformarse con menos.