Una baja de 4,6% en el índice de victimización, pero un incremento de 7,3% en la sensación de temor, mostró la encuesta Paz Ciudadana-Adimark de octubre de este año.

De acuerdo al estudio, los casos a nivel nacional en que algún miembro de la familia ha sido víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses descendieron del 43,5% al 38,9%, mientras el alto temor a ser víctima subió de 13,8% al 21,1%.

caída en victimización

La medición evidenció una baja significativa de la victimización, que registró 38,9% en el nivel nacional (41,6% en el Gran Santiago y 34,4% en regiones). El 2014 el índice de victimización total llegó a un máximo histórico de 43,5%.

El informe reveló variaciones estadísticamente significativas frente a 2014 en los grupos alto y medio.

En el primero, la victimización bajó desde 48,7% a 36,8%, mientras que en el segundo, también bajó desde 44,8% a 39,5%. La victimización subió en el sector socioeconómico bajo, pasando de 36,6% en 2014 a 39% en 2015.

Para una muestra de 2.986 hogares víctimas, el porcentaje de delitos de robos efectivamente denunciados bajó significativamente. Si en octubre de 2014 se reportó un índice global de denuncia de 57,8%, en 2015 este llega a 53,4%.

La muestra constó de 7.684 encuestados mayores de 18 años de 52 comunas de todo el país entre el 12 de julio y el 3 de octubre, con un margen de error de +/- 1,12%, con un nivel de confianza de 95%.

sube el alto temor

La medición detectó un aumento significativo de "alto" temor a ser víctima de un delito, percepción que sube de 13,8% en 2014 a 21,1% en 2015 (7,3%).

El incremento, que Paz Ciudadana consideró significativo, se registró en Santiago y regiones. Para Santiago pasó de 14% a 23%, y en el país de 13,3% a 18%. El nivel alto de temor sube significativamente en todos los niveles socioeconómicos en relación a 2014, con máximos en los grupos alto (11,9% a 19,3%) y bajo (15,5% A 27%).

"La baja de la victimización lo vemos como una buena noticia, pero también hay que seguir avanzando para darle más seguridad a la gente", comentó la ministra de Justicia, Javiera Blanco respecto del informe. Catalina Mertz, directora ejecutiva de Paz Ciudadana, explicó que la baja en la victimización "se produce en los grupos altos y medios, no así en el nivel socioeconómico bajo, que es el porcentaje más grande de nuestra población. Ahí aumenta levemente, pero no es significativo".

Roberto Méndez, director de GfK Adimark, dijo que el dato más relevante de la encuesta es "el alza de temor en la población a nivel inédito. Es el mayor nivel de temor que hayamos registrado en 15 años de mediciones". "Si bien hay una baja en el número de robos o intento de robo, el tipo de delito, la violencia o la forma de operar, pensando por ejemplo en los 'portonazos', hacen que la gente se sienta vulnerable", agregó Méndez.

La ministra de Salud, Carmen Castillo, fue notificada ayer de la acusación constitucional en su contra que presentaron diputados de la oposición. Cumplido ese trámite, la secretaria de Estado tiene una semana para preparar su defensa antes de realizar sus descargos frente a la comisión sorteada la semana pasada.

La comisión de cinco parlamentarios -todos oficialistas- que se sorteó para analizar el mérito de la acusación constitucional para que luego se vote en el Senado se constituirá hoy.

La titular de Salud dijo a radio Cooperativa que está "en condiciones de continuar con este trabajo" al responder a la acusación constitucional y a los cuestionamientos a su gestión en medio del debate del Presupuesto 2016.

Castillo agregó que "uno está permanentemente evaluando el entorno de trabajo y en eso yo soy bien exigente. De verdad yo siento que estoy en condiciones de continuar con este trabajo".

"No se me hace más dificultoso el hecho de no tener este respaldo de estar en un partido político, porque se compensa con el apoyo del equipo, de los ministros, de los mismos funcionarios y también de los parlamentarios", comentó la ministra.

La Nueva Mayoría analizó en el comité político de ayer la situación de la ministra Castillo, representantes que apoyaron la labor de la jefa de la cartera.

El ministro del Interior, Jorge Burgos, explicó que "no he escuchado que alguien esté dispuesto a votar a favor. Escuché que alguien estaba dispuesto a leer la acusación y eso me parece natural".

"Si usted me pregunta respecto del fondo del libelo, creo que no hay ninguna justificación y no habría, en consecuencia, a mi modesto entender, justificación alguna para que algún miembro de las bancadas de la Nueva Mayoría concediera un voto favorable a una acusación que no tiene fundamento jurídico", añadió.

Los presidentes de los siete partidos que forman la Nueva Mayoría se reunieron ayer a abordar cómo enfrentarán los próximos comicios, y resolvieron que mantendrán la unidad y proyección del conglomerado, con miras a las próximas elecciones municipales de 2016 y parlamentarias y presidenciales de 2017.

Durante el encuentro, que se extendió por tres horas, acordaron que llevarán una candidatura única a las presidenciales.

Tras la reunión, la vocera del conglomerado, Isabel Allende (PS), leyó una declaración pública en la que señaló que con un candidato presidencial único "buscaremos derrotar a la derecha y a la oposición al Gobierno, en la mayor cantidad de comunas posibles". Asimismo, anunciaron que llevarán un candidato único a alcalde por cada uno de los municipios del país, postulante que en algunos casos será escogido mediante elecciones primarias. Esto en caso de que se trate de municipios en los que no haya un jefe comunal que sea miembro de la Nueva Mayoría. En el caso de las comunas en que sí exista un edil del oficialismo, se buscará llegar a un acuerdo entre dos colectividades y de no prosperar se resolverá mediante primarias.

Los partidos acordaron que no concretarían lo anunciado por el senador Ignacio Walker (DC), quien dijo que su partido no descartaba llegar a primera vuelta presidencial con un candidato.

Diez días después de que terminara el paro de los funcionarios del Registro Civil, los descuentos salariales por los días que no fueron trabajados abrieron un nuevo foco de conflicto entre el Gobierno y los trabajadores.

Los funcionarios de las oficinas de Santiago, retrasaron ayer en 15 minutos el horario de apertura, como medida de protesta contra los descuentos salariales aplicados por Justicia.

La medida de advertencia provocó largas filas en las oficinas y la molestia de los usuarios, ya que el retraso en la apertura no había sido anunciado previamente.

La presidenta de la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil (Anercich), Nelly Díaz, confirmó que se trató de una medida de advertencia hacia el Gobierno y anunció que los minutos de retraso se irán incrementando.

"Aquí estamos todos los dirigentes del país que vamos a ir evaluando y va a ir creciendo. Hoy fueron quince minutos, mañana serán veinte minutos y después se plegarán las oficinas de regiones, porque hoy sólo lo estamos haciendo en Santiago", sostuvo Díaz.

La dirigente dijo que no han descartado volver a las paralizaciones si no se les explica cómo se realizarán los descuentos.

"Sentémonos a conversar como lo prometió la ministra. Conozcamos cómo se van a aplicar los descuentos. Aquí necesitamos los listados de las personas a las que les van a hacer los descuentos", aseveró.

"El director está contratando gente a diestra y siniestra. Nos estamos convirtiendo en una agencia de empleos para los partidos políticos. Les quitó la autoridad a todos los jefes del país", denunció.

Respuesta del Ejecutivo

La ministra (s) secretaria general de Gobierno Javiera Blanco, respondió a la medida de los funcionarios y afirmó que los asuntos legales no se negocian.

"Hay materias legales que no están afectas a negociación alguna y eso tiene que ver con los sumarios y con los descuentos", señaló la secretaria de Estado. "Cualquier chileno o chilena tiene perfecta conciencia que cuando uno no asiste a trabajar, salvo excepciones que son excusables, ese día se descuenta y nosotros lo dijimos", añadió.

Blanco sostuvo que fue la misma Díaz la que afirmó que "esos procesos no son temas que estén en algún acuerdo ni son sujetos de negociación alguna porque sería ilegal y tiene que ver con la aplicación de la ley".

La ministra aseguró que existe diálogo con los funcionarios y confirmó que los descuentos se aplicarán esta semana. "Por lo tanto esas conversaciones de los criterios de los descuentos se van a tener durante el día de hoy con la dirigencia, el director nacional y el subsecretario de Justicia", dijo.