En momentos en que el país se encuentra en una estrechez económica, con recortes de presupuesto y de personal, y con una mayor demanda de productividad en las empresas, es importante detenernos en cómo repercute el ausentismo laboral, particularmente en lo referente a la presentación de licencias médicas falsas.

La realidad es concluyente al demostrar que el número de licencias médicas se ha duplicado en los últimos 10 años, llegando a 4,5 millones anuales (de ellas 3,2 millones en Fonasa y 1,3 millones en isapres). Según estadísticas del Ministerio de Salud, entre el 25 y 30 por ciento de las emisiones realizadas son de procedencia fraudulenta (1,4 millones aprox.), lo que se traduce en pérdidas anuales de US$ 300 millones.

Estas pérdidas no solo afectan al sistema de salud y sus cotizantes que ven como los costos de salud aumentan todos los años, sino también a sus respectivos empleadores que ven como el ausentismo les afecta en términos de disminución de productividad, eficiencia operacional y un importante deterioro en el clima laboral.

Un reciente estudio realizado por Inmune, organización que promueve el uso correcto de la licencia médica, lo atribuye a que los chilenos perciben esto sólo como una falta y no como un delito, siendo que este acto conlleva por ley penas privativas de libertad que van desde los 541 días a los tres años de cárcel, y multas por más de 2 millones y medio de pesos.

Además, hay que comprender que, en general, gran parte del gasto fraudulento no es de usuarios esporádicos, sino de personas que sistemáticamente caen en este tipo de delitos a raíz de distintas necesidades, priorizadas por los usuarios. Por ejemplo, tenemos en la contingencia las demandas del movimiento Derecho a Cuidar, que la conforman padres que ante la urgencia de dedicar tiempo al cuidado de hijos con enfermedades graves, acuden sin otra opción, a la emisión de licencias médicas falsas. También, se encuentran personas que tienen un segundo trabajo y por último, pero no por esto menos frecuente, se hallan las personas que extienden días feriados para tomar vacaciones.

Este impacto repercute en los verdaderos enfermos y usuarios honestos, quienes son los que más necesitan de dichos recursos y que por las faltas de otros, obtienen en consecuencia ineficiencia y encarecimiento del sistema de salud, aumento de trámites engorrosos y vulneración de las garantías básicas de las personas: acceso, oportunidad y financiamiento.

Es fundamental lograr avances en el cambio cultural para poder combatir la tendencia a recurrir a licencias médicas falsas. Tener conocimiento de la normativa (Ley 20.585), aumentar las denuncias y mejorar con esto la fiscalización, son pasos importantes que tendrán como finalidad el correcto funcionamiento del sistema de salud. Sin embargo, es relevante que existan espacios de derecho y oportunidades laborales, que permitan a los usuarios tener mayor flexibilidad en sus tiempos y así, no verse obligados a incurrir en delitos de esta envergadura.

Nuevamente hemos sido testigos de un caso de colusión, esta vez en manos de las dos mayores firmas de papel tissue, las que con cerca del 90% de participación de mercado, se coluden para fijar precios y asignarse cuotas de mercado.

Este comportamiento de cártel, genera barreras a la entrada de nuevos competidores, produciendo una competencia desleal y con ello afectando directamente a los consumidores y la confianza en el funcionamiento del mercado en general.

Esta falta de ética empresarial ha llevado a exigir mayores penas a los involucrados. Obviamente que el establecer fuertes sanciones a quienes atenten contra la libre competencia ayuda a reducir el incentivo a realizar dichas prácticas, pero también es clave fortalecer y mejorar las condiciones para evitar que éstas se produzcan, generando así mercados más sanos.

Si hacemos una analogía, esto se podría traducir en cómo resolvemos un problema de salud cuando se presenta una enfermedad. Si bien podemos tener elementos para curarla, siempre sería preferible, en primer lugar, invertir en formas de evitar que se produzca la enfermedad.

En nuestro caso, necesitamos generar las condiciones para evitar que se produzca esta enfermedad (colusión) y así no tener que recurrir a distintas formas para solucionarla (sanciones). ¿Cómo se logra? A través de un trabajo conjunto entre el gobierno, instituciones formadoras, y la sociedad en general.

Si consideramos el caso del suministro eléctrico, observamos cómo en un mercado que estaba históricamente dominado por un bajo número de empresas, la incorporación de nuevos actores (las Energías Renovables No Convencionales, Ernc) puede generar una mayor competencia y con ello cambios en los precios de las futuras licitaciones. Ya el resultado de la última, llevó a que el precio se redujera a 79 US$/MWh, lo que si bien, se vio favorecido por las caídas en el precio del petróleo y los cambios a la ley de licitaciones, esto fue resultado, en mayor medida, por el incremento de nuevos actores en el mercado, todos Ernc.

Con ello, las condiciones favorables que se presentaron al mercado, llevaron a que el precio de licitación fuese más bajo a los del año anterior, lo que se podrá traducir a futuro, en mejores condiciones de precios para el usuario final.

Es por ello, que el poder establecer condiciones para la libre entrada y salida de actores en los diferentes mercados, junto a sistemas efectivos de fiscalización para asegurar la libre competencia, y el volver a tener la ética como principio que mueva nuestras acciones, constituyen las herramientas clave para no se vuelvan a producir hechos como los que hemos conocido en el último tiempo y así recuperar la confianza en los mercados.

El proyecto de ley sobre desmunicipalización trae consigo una serie de interrogantes que en el marco de la reforma educacional, que quiere levantar el sistema público a mayores índices de calidad, quedan abandonadas.

La pregunta que inquieta en esta etapa del proceso de reforma es si se han considerado, a la luz de la calidad, cómo las variables económicas, pedagógicas, administrativas y de gestión han de contribuir al proceso más que ser un desvío.

El trasladar la responsabilidad de la educación pública desde las municipalidades al Estado y su consecuente centralización no será una acción neutra ni gratuita, como lo son las decisiones de gran calibre. Una implementación como esta que pretende, en su gran slogan, subsanar malas administraciones municipales requiere de una inversión y movilización económica de nivel mayor (deudas de arrastre, ajuste de dotación docente por viabilidad, adelantos de subvención, reemplazar los aportes que hoy hacen los municipios, etc.).

Cabe preguntarse si esta es una implementación que contribuye al salto educacional que urge a la educación pública y que favorece a los educandos en sus aprendizajes, y que además, aborda las necesidades urgentes de los profesores en el mediano plazo o, por el contrario, es un compromiso de campaña atrapado en los barrotes de promesas declaradas y de enarbolados principios a los cuales hay que dar curso sin evidenciar si los problemas de la educación municipal tienen relación con su institucionalidad y que el cambio de dependencia resguardará un mejor sistema público.

No vaya a ser que el costo, más allá de lo económico, signifique un estancamiento educacional por no hacerse cargo de manera más directa de las deficiencias de un sistema bien diagnosticado y mal proyectado.