El gobierno de Venezuela tuvo la oportunidad de hacer frente a los cargos que se le presentaron en las recientes audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y no fue capaz de presentar argumentos válidos en su defensa.

El gobierno bolivariano fue acusado de mantener un sistema de violencia y hostigamiento contra los periodistas, y de impedir el acceso a la información pública. No fue capaz de dar respuesta a la solicitud de garantizar el derecho de los medios de reproducir información generada en otros países; tampoco respondió cuando fue solicitado a acatar la sentencia de la Corte Interamericana que le ordenó devolver la concesión de Radio Caracas TV. Asimismo, no lo hizo frente a las acusaciones por difamación e injurias, ni supo explicar la falta de papel periódico, o la manipulación discriminatoria de las concesiones de radio y TV, ni menos por la censura a través del bloqueo de páginas web.

Organismos de la sociedad civil se enfrentaron en la Cidh al gobierno de Maduro, acusándolo del incremento de procedimientos judiciales contra periodistas y medios de comunicación. Dichas acciones judiciales fueron dirigidas para prohibir coberturas sobre criminalidad, violencia y corrupción. En resumen, fueron actuaciones encaminadas a lograr una censura de la información.

Las respuestas que se escucharon dejaron a más de alguno perplejo: que el 75% de los diarios reciben papel periódico y que nunca como hoy hubo tanto espacio para poder ejercer el derecho de la libertad de expresión en Venezuela. Se les unió Ecuador para atacar al sistema interamericano acusándolo de ser "parcial", por no registrar violaciones cometidas por Estados Unidos. Cuestión que es totalmente falsa, como cualquiera puede comprobar, por ejemplo, a través del informe de la Comisión sobre el caso de Guantánamo, que criticó duramente al gobierno estadounidense.

Venezuela descartó de plano la petición de recibir una inspección de la Cidh, ni menos considerar una misión observadora en las próximas elecciones de diciembre. Oscuro panorama se puede esperar entonces en estas elecciones, donde sí estarán presentes observadores de la Unasur y Celac, dos instituciones ideológicamente identificadas con el gobierno bolivariano.

El gobierno venezolano no pudo defenderse de las acusaciones contra la libertad de prensa, a las cuales se agrega ahora unas elecciones parlamentarias en el país, sin las debidas garantías, al estar regidas por un sistema electoral controlado por el gobierno. Se les recordó, pero tampoco respondieron, que el Colegio Nacional Electoral, el más perfecto del mundo según ellos, se rige por rectores que no pueden probar la independencia e imparcialidad, por la falta de auditorías ciudadanas.

La suerte y el futuro de Venezuela están comprometidos, al vivir el presente sin un fiscal independiente que vigile la acción gubernamental, rol que le corresponde a una prensa libre y plural, para llegar a un decisivo proceso electoral sin garantías de ninguna especie.

Recientemente se han dado a conocer los lineamientos centrales de lo que debiera ser nuestra política energética de largo plazo -la denominada "Hoja de Ruta de Energía al 2050"-, documento que plasma el trabajo que durante el último año realizó un equipo conformado por 27 actores del sector público, gremios, sociedad civil y académicos, en el marco de un proceso participativo, convocante y diverso impulsado desde el Ministerio de Energía.

Uno de los grandes desafíos que allí se plantean es que las fuentes renovables logren ese año una alta tasa de participación en la generación eléctrica, acorde al deseo de avanzar hacia una matriz más limpia y sustentable. Un objetivo que necesariamente irá de la mano con la expansión del gas natural, que está llamado a cumplir un rol protagónico como energía de base para acompañar el crecimiento de las energías renovables, convencionales y no convencionales. No en vano en Europa se subraya el papel del gas natural como el "mejor maridaje" de las renovables.

Pero en esta mirada de largo plazo no sólo se reconoce al gas natural como complemento necesario de las unidades intermitentes, especialmente fotovoltaicas y eólicas, sino también se le asigna un papel preponderante en el ámbito del transporte, al aparecer como una de las opciones más limpias de la que se dispone para ir reemplazando combustibles más contaminantes, particularmente el diésel. No hay que olvidar que este último es responsable de emisiones de material particulado fino (MP 2,5) y óxidos de nitrógeno (NOx), como ha quedado de manifiesto recientemente en Europa y EE.UU.

La hoja de ruta de nuestra política energética al año 2050 tiene presente estas consideraciones y promueve una sustitución progresiva de los combustibles vehiculares tradicionales, especialmente en el ámbito del transporte público (buses de la locomoción colectiva), cuyo parque está dominado por el diésel, por opciones más sustentables, como es el gas natural.

No menos relevante es el desafío de mejorar nuestra matriz de calefacción, hoy liderada por la leña en la mayoría de las ciudades del centro sur de Chile, causante de los graves problemas de contaminación del aire -y de salud pública- por todos conocidos. En este sentido, el gas natural también está llamado a contribuir de manera relevante al objetivo de avanzar hacia una matriz más limpia en el segmento residencial, comercial y público (CPR), conjuntamente con elevar los estándares de constructibilidad que permitan alcanzar mayores niveles de confort y eficiencia energética en estos sectores.

Aplaudimos el notable esfuerzo multisectorial, holístico y participativo que ha quedado plasmado en esta hoja de ruta al 2050, cuya visión apunta a un futuro energético bajo en emisiones. A la luz de las conclusiones de este trabajo, que servirá de insumo para la definición de las políticas públicas en esta materia, todo parece indicar que nuestro país se ha puesto en línea con lo que está ocurriendo a nivel mundial en este ámbito, donde el gas natural está cumpliendo un rol cada vez más protagónico como complemento de las energías verdes.