Las manipuladoras de alimentos, que desde este lunes están en paro indefinido, denunciaron que algunos establecimientos educacionales de la Región las han reemplazado con personal no calificado para entregar el servicio, acción que acarrearía además un riesgo sanitario.
La acusación fue interpuesta en la Seremi de Salud por dirigentas del gremio en compañía del senador del MAS, Alejandro Navarro, a través de una carta en donde solicitaron las fiscalizaciones del organismo.
La paralización, hasta ahora de carácter indefinido, nació de la negativa del Gobierno a comprometer un bono de $115 mil. También por el nulo reconocimiento de las enfermedades profesionales que las afectan, y la indefensión en que quedan cuando la empresa donde se desempeñan deja de prestar servicios.
OPERARIAS ACREDITADAS
De acuerdo a la norma que regula sus labores, las manipuladoras de alimentos deben acreditarse como tal anualmente, a través de una certificación de competencias laborales. De esa forma nadie más que una manipuladora previamente certificada ante el Ministerio de Salud puede ejercer esas labores, por lo que reemplazarlas por operadoras no acreditadas resultaría ilegal.
"Es una situación muy irresponsable, porque no se cumple con el reglamento sanitario ni las normas de higiene que esto requiere. No puede ir cualquier persona a preparar y entregar una alimentación", dijo Sandra Alvarado, presidenta del Sindicato Nacional Interempresas de las manipuladoras de alimentos.
Frente a esto, el jefe de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud, Hugo Rojas, quien recibió la denuncia, explicó que "el reglamento sanitario de los alimentos estipula condiciones y competencias que la gente que trabaja en estas labores debe tener para poder realizar su actividad".
Agregó que las instituciones que incumplan la norma se arriesgan a multas de hasta mil UTM (casi 45 millones de pesos), además del cierre de sus cocinas.
Mandantes
Desde Junaeb, institución que presta el servicio de alimentación escolar, a través de un comunicado anunció que ejercerán todas las facultades legales que la ley otorga para fiscalizar "con especial énfasis en los recintos estudiantiles que registren algún tipo de situación anómala en la entrega de los servicios correspondientes".
Añadieron que si corresponde se aplicarán multas a las empresas responsables.
