Fue noticia comentada en todo el mundo el estudio dado a conocer en fecha reciente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la relación directa entre el consumo de carnes procesadas y el aumento de riesgo de sufrir cáncer, especialmente colorrectal, de páncreas y próstata.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (Iarc, en inglés) calculó que el consumo diario de 50 gramos de carne procesada aumenta la posibilidad de cáncer colorrectal en un 18%, el cual, eso sí, tendría que firme y sostenido por años para tener ese efecto. Representa un dato no menor si se considera que Chile figura en el octavo lugar entre los países con mayor consumo de carne en el mundo.

Con este lugar en el ranking de países carnívoros estaríamos, al parecer, en un grupo sanitario de riesgo. Es por ello que en la pirámide alimentaria se recomienda consumir no más de tres veces a la semana de carnes rojas en nuestra dieta. Mientras que la base de nuestra alimentación deberían ser las frutas, verduras y legumbres para tener una dieta sana.

En la última década se han realizado cada vez más estudios respecto de las dietas vegetarianas o veganas y sus potenciales peligros para la salud; sin embargo, estas investigaciones han mostrado que dichas afirmaciones no son más que un mito, ya que en estas poblaciones sólo se han encontrado beneficios con una menor cantidad de obesidad, dislipidemias, riesgo cardiovascular e incluso cáncer.

Parece entonces importante informar a la población respecto a los beneficios de una dieta balanceada, sin excesos de productos cárneos y sus derivados.

El Senado autorizó, el cinco de mayo recién pasado, la permanencia por un año más de tropas chilenas en la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah). La autorización, como en años anteriores, ha reabierto el debate sobre la conveniencia de continuar participando en una misión que se ha extendido por diez años.

El propio Gobierno ha planteado, por primera vez, un horizonte para su término, argumentando que el "2015 debe entenderse como el periodo de implementación de la estrategia de salida, la que, de completarse el calendario electoral y bajo condiciones de seguridad aceptables, debiera significar la salida completa de las tropas en 2016" .En similares circunstancias Brasil, a través del Ministro de Defensa, ha anunciado recientemente que dejaría Haití para fines de 2016, sujeto a una nueva evaluación en octubre próximo, cuando se cumpla el plazo que el Senado de ese país aprobó el año pasado.

Entre los argumentos que se esgrimen para retirar la participación de Chile, se encuentran la relativa estabilidad del orden interno, con el fortalecimiento de la policía local, la necesidad de continuar con una nueva etapa, que no es de competencia de la fuerza militar, el paulatino rechazo de la población haitiana a fuerzas que considera de ocupación, las emergencias internas en Chile que han demandado, como nunca, la participación de la Fuerzas Armadas y de Carabineros en estados de excepción constitucionales, los de orden financiero y el riesgo para la vida del personal militar, entre otros.

A favor de la permanencia están otros argumentos, como la obligación del Estado de contribuir a la paz internacional y la coherencia con la política exterior chilena, razones humanitarias y de compromiso con la defensa de los derechos humanos, solidaridad regional. Chile era miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU cuando se inició la Minustah (2003-2004) y lo es actualmente por otro período (2014-2015), precisamente cuando se discute en ese organismo internacional el futuro de la misión de paz, las Fuerzas Armadas realizan actividades en Haití, complejas y diversas, que han elevado sus estándares de operacionalidad y equipamiento, y también su prestigio internacional,

Chile fue el primer país latinoamericano en estar presente en la crisis, desde antes de la Minustah, cuando en febrero de 2004 integró con Canadá, EE.UU. y Francia, la fuerza multinacional provisional para la estabilización de Haití, en un plazo récord de 72 horas. Muchos de estos argumentos han sido planteados cada año, ante el Senado, en cada solicitud de ampliación de la permanencia militar y policial en esta operación de paz.

Si la elección de un nuevo gobierno y de un parlamento, cambiará sustantivamente las condiciones que originaron y sostienen a la Minustah, es un tema impredecible.

Asistí a una conferencia ofrecida por la Facultad de Ingeniería de la Ucsc y un equipo de 6 jóvenes ingenieros tesistas holandeses que trabajaron en uno de nuestros serios problemas urbanos pencopolitanos: la cotidiana congestión en la conexión San Pedro-Coronel, todo dentro de un programa de intercambio académico con la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Holanda, con reconocida fragilidad geográfica, puede dar clases al mundo en ingeniería, planificación, transporte, urbanismo y también en arquitectura. Sus profesionales son de alto vuelo y de una calidad humana fuera de lo común. He estado un par de veces por allí y luego de cruzar sus eficientes puertas (sean puertos o aeropuertos), uno se siente bien entre su gente, en las hermosas ciudades y pueblos, en las verdes campiñas, o en caletas pesqueras que son de cuento.

El grupo de tesistas trabajó de la mano con los académicos de la Ucsc, con la colaboración adicional de María Teresa Rodríguez, arquitecta urbanista con quien alguna vez formamos equipo en nuestros buenos tiempos en la UdeC.

Formularon un proyecto teórico para resolver ese intríngulis, y entre sus primeras acciones estuvo reunirse con autoridades locales, obteniendo una recepción antes fría que entusiasta. Después de analizar parámetros territoriales e hidráulicos (como el caso de siempre posibles maremotos), con un enfoque multicriterio y con determinantes urbanísticas, marítimas y fluviales, formularon soluciones alternativas que luego evaluaron exhaustivamente, concluyendo con la selección de las más eficientes o pertinentes. Fue ese proceso lo que nos expusieron a los escasos asistentes, no obstante la amplia convocatoria que se hizo. Un vecino de San Pedro opinó que las soluciones expuestas eran de un gran sentido común, y se preguntaba porqué nuestras autoridades no hacían lo mismo (no vi a ningún personero de los que hoy tienen roles protagónicos).

Las soluciones propuestas se aproximan a las que se han estado manejando por las autoridades sectoriales centrales y regionales, aunque entendemos que nadie tiene aun claridad real sobre qué es lo que se hará o se está haciendo hoy. También son coincidentes con algunas de las propuestas de los sucesivos planes reguladores metropolitanos desde el primero formulado en 1963, que después se han ido dejando de lado. Por ejemplo, el estudio de los universitarios de Delft valida la carretera costera y su continuación con la vía ribereña en el Biobío, al menos entre los cuatro puentes (el futuro Puente Industrial, el Juan Pablo II, el Llacolén, el puente Bicentenario o Chacabuco), con la variante de que esta nueva vialidad debe servir además de una eficiente barrera ante un tsunami de envergadura. Y una diferencia con lo que se baraja hoy: restan importancia a la vía a pie de monte en la faja ofertada por la Cmpc. Un buen "par vial", entre la carretera 160 (obviamente bien implementada) y la carretera costera extendida al Biobío bastaría para tener una eficiente conectividad.

Interesantes soluciones que, como tantas veces sucede en nuestra realidad política (y también tecnocrática) se soslayan por intereses políticos o por soluciones de relativo bajo costo pero muy mediocres, como la serie de malos ejemplos que sobran en nuestra pencópolis.