Desde el 12 y hasta el 15 de noviembre se realizará la consulta ciudadana para que los vecinos de Concepción decidan si están de acuerdo con que Barrio Norte se separe y pase a ser una comuna, con el nombre de Andalién.

Pero, previo a esto, ayer se realizó un cabildo abierto a la comunidad, en donde participaron quienes apoyan la iniciativa y, por supuesto, quienes están en contra. Con el alcalde Álvaro Ortiz a la cabeza, fue la oportunidad para que ambos presentaran los argumentos que sustentarán sus decisiones.

La cita se llevó a cabo en el salón de honor del municipio penquista, el que casi instintivamente se dividió en dos: a la izquierda los del sí y sentados en la fila derecha, los del no. Los carteles, chapitas y lienzos no faltaron en la ocasión, que contó con la participación de algunos concejales penquistas.

Contrario a lo que podía pensarse, ambas partes fueron mayoritariamente respetuosas con las presentaciones de su contrario, salvo algunas excepciones muy menores. Cada exponente tenía un tiempo de cuatro minutos para argumentar, tres por cada uno y se finalizó con una conclusión de ambas partes.

Los que están en contra de la creación de la comuna basaron principalmente su discurso en la inviabilidad económica de separar el popular sector penquista, además de calificarla como una "falta de respeto", porque a ellos como residentes del barrio jamás se les había consultado al respecto. Por otra parte, también se tocó el tema de que el movimiento por la independencia del sector residencial nació con otro fin hace varios años atrás: el de llamar la atención de la autoridades de la época para que se invirtiera en el sector, objetivo que finalmente se había logrado, pero que nunca tuvo como fin el independizarse como comuna.

Mientras que quienes se mostraron a favor de la iniciativa, argumentaron que desde 1965 que existe la intención de separarse de Concepción, además de acusar un abandono por parte de las autoridades en cuanto a inversiones y ayuda locales. El cierre lo realizó el presidente de la Agrupación Pro Comuna Barrio Norte, Mario González, con un "¡Viva Concepción!, ¡Viva Andalién comuna!", entre los aplausos de los simpatizantes de esa idea.

BALANCE

El mencionado dirigente quedó conforme con su participación en el cabildo e indicó que "creo que nosotros demostramos la envergadura de nuestros argumentos y que no somos un grupo que nació ayer, sino que tenemos datos duros y que es posible crear la comuna de Barrio Norte con el respaldo técnico y científico que tenemos de dos grandes universidades (UBB y UdeC)".

Agregó que "el problema no es con ellos (los que están en contra), son vecinos nuestros y tienen derecho a manifestar su opinión, sólo que están mal informados".

Por su parte, el secretario de la agrupación No Comuna, René Castro, valoró que se haya realizado un cabildo abierto, aunque criticó los argumentos de los pro comuna. "Fue lo de siempre, con puras mentiras. Una vez más, delante de todo Concepción, mienten. Dicen que tienen un estudio y jamás lo hemos visto. Ellos tienen un apoyo tremendo de parte de concejales, diputados y senadores, pero a pesar de que llevan 15 años, no han logrado ser comuna y por algo es", aseguró.

González criticó la mala gestión informativa que ha realizado el municipio ad portas de realizarse la consulta ciudadana. "Es pésima. Si tú ves las palomas que hay en la ciudad, no dicen nada, puede ser la consulta en la capital de Ucrania. Enfrentamos la consulta con todo en contra, pero aún así creemos que hay un espacio legítimo para que los vecinos se expresen. Después de los resultados vamos a expresar nuestras opiniones.

Oficial

Algo diferente es la opinión del alcalde Álvaro Ortiz, quien está confiado en la campaña informativa que han realizado, además de recalcar la importancia de que se realice la consulta.

Agregó que "aquí lo que interesa no es la opinión de una autoridad, sino que es tomar la decisión entre todos. La opinión que nos interesa es la que va a salir de esta consulta y esa va a ser la que va a tomar este municipio, para ser enviado a la Secretaría de Desarrollo Regional (Subdere), el resultado que sea".

La seremi de Educación reaccionó de manera inmediata a la paralización e inminente demolición del gimnasio del Liceo A-21. Esta semana se firmará un convenio de traspaso de recursos con el municipio, donde se entregarán cerca de $700 millones para la licitación, tanto del diseño como de la construcción, de un nuevo gimnasio para el recinto.

Esto permitirá, según contó el seremi Sergio Camus, que entre enero y febrero se adjudique el diseño y que dentro del primer semestre de 2016 se inicie la construcción. Se realizará en un terreno aledaño al liceo, y no se esperará la resolución de tribunales frente a la demolición y las responsabilidades. Esta vez, aseguró Camus, la revisión del diseño pasaría por las manos del municipio y no por un revisor independiente, condiciones que debieran quedan en las bases.

Cabe mencionar también que el Ministerio llevará el caso al Consejo de Defensa del Estado.

Respecto a las responsabilidades que competen directamente a la Seremi o al Ministerio, Camus recordó que las obras no correspondieron a la actual administración, pero que de todos modos se darán soluciones.

Y, aunque dejó la última palabra en manos de la investigación, sí entregó su opinión. "Es una obra emblemática en reconstrucción, es una obra que fue diseñada en la administración anterior, nosotros continuamos su desarrollo, y es una obra donde al parecer la falta de profesionalismo y dedicación de entes que fueron adjudicados, ha tenido perjuicios que hoy evidenciamos", expresó.

Aquí, dijo, los libros de obras son un insumo relevante. Por ahora, sólo espera la resolución judicial y el inicio próximo de las obras.

Todos los dardos hoy apuntan a la empresa que, en 2011, se adjudicó el diseño del nuevo Liceo A-21 de Talcahuano, tanto en sus aulas como en el gimnasio, estructura que correspondía a la última parte de la ejecución, y donde comenzaron a observarse fallas desde 2014.

Según un informe técnico, la estructura debe ser demolida y el conflicto será llevado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por parte del Ministerio de Educación.

Las autoridades involucradas hablaron de las responsabilidades que les toca asumir y de las soluciones que se implementarán. Pero, mientras el Ministerio dice que la municipalidad era el mandante, éste argumenta lo contrario. Eso sí, lo único que no quieren ambos es que en una próxima licitación, se considere a la empresa que diseñó el gimnasio.

"Qué autoridad va a querer construir algo para que no resulte. Nosotros queremos construir para que resulte y asumir la responsabilidad de lo que fue el uso de los recursos públicos. No estamos para que se dilapiden los recursos públicos. Todos tenemos que asumir responsabilidad".

Fue la primera frase expresada por el alcalde del puerto, Gastón Saavedra, al referirse al escándalo que hoy tiene al Liceo A-21 del puerto como protagonista.

Pero, aunque considera que se deben asumir responsabilidades, aseguró que son variadas y que el municipio no tuvo incidencia alguna en el análisis de los cálculos, principal problema hasta ahora y según informes. Así, quedan muchas cosas por aclarar todavía.

"Uno es que tú quedas entregado a licitaciones, confiando y con principio de buena fe. Luego tienes que cumplir técnicamente y uno confía en que el cálculo está bien, para eso los contratamos. Hoy el Estado no puede ejecutar estas cosas, por eso se regula el sector privado. Luego, cuando se licita la construcción, también es privado y volvemos a confiar", expresó el alcalde.

Saavedra aseguró que se hará parte de la investigación que iniciará el Ministerio de Educación y que al mismo tiempo mandará la realización de una investigación interna, para determinar responsabilidades dentro del municipio. Además, se harán obras de mitigación.

Hasta ahora, dijo el alcalde, el municipio hizo las acciones que correspondían, y de hecho se paralizó la obra tres veces luego de revisiones y advertencias del personal municipal: "Tenemos todas la tranquilidad que hicimos las cosas que nos competen, que podemos hacer en la actual normativa y la responsabilidad que nos quepa en esto".

No es la primera vez que una situación de esta magnitud pasa en la Región y con recursos aprobados por el Consejo Regional. De hecho, según recordó el presidente del organismo, Eduardo Muñoz, en 2011 fueron poco más de $549 millones los destinados para la construcción del inmueble, hoy en polémica.

Se suman el gimnasio de Dichato, donde se halló como responsable a un funcionario municipal en su diseño, además del Puente Bicentenario, que aún no puede retomar sus obras. Muchos de ellos, proyectos relacionados con el proceso de reconstrucción post febrero de 2010.

Para Muñoz se trata de un elemento común correspondiente a la anterior administración del gobierno: "Obedece a que hubo autoridades que se dedicaron a sacar proyectos sin tomar medidas o resguardos de lo que se estaba haciendo. La mayoría de los temas surgen de una administración, la anterior, del Presidente Piñera".

Agregó que "todos los proyectos tienen origen en el gobierno anterior, de la Alianza y nos llama la atención que estos elementos salen de una administración común".

Por otro lado, Muñoz reconoció que hay cierta responsabilidad en materia de fiscalización. "El Core puede intervenir en cualquier momento, ya que hay recursos del Estado involucrados, pero es cierto que lo que estamos haciendo es un trabajo reactivo más que proactivo. Si se detecta un problema en algún proyecto, el Core actúa. Pero hay imposibilidad de estar presente, por un tema de logística, tiempo, herramientas, etc", explicó.

Es por eso que buscan adquirir mejores herramientas, como apoyo de personal profesional y un cargo de exclusividad.