El ex presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, dijo que Eliodoro Matte, presidente de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), debiera querellarse en contra de los ejecutivos que supuestamente lo "engañaron", como afirmó el controlador de la Papelera en una entrevista.

El ex líder de la banca dijo en radio Cooperativa que no cree la versión de Matte frente a los hechos.

"Si él (Eliodoro Matte) dice que fue engañado y provocó este daño a los consumidores y esta desconfianza al sistema empresarial, lo menos que debiera hacer es presentar hoy una querella contra los ejecutivos que lo engañaron", aseguró Awad.

"Por eso dije que esa versión no la creo, porque alguien que realmente hace colusión durante 10 años en un empresa en que nombra a su ex gerente general por 25 años como presidente de la empresa es imposible que no sepa", recalcó Awad.

El ex dirigente empresarial afirmó que las querellas debieran dirigirse en contra de Arturo Mackenna, gerente general de la compañía por casi 25 años y luego integrante del directorio, además de Jorge Morel, gerente general de CMPC Tissue.

valdés valora disculpas

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, valoró las disculpas del presidente de CMPC, Eliodoro Matte, sobre la participación de su empresa en la colusión en el mercado del papel, pero subrayó que lo que interesa es que "las instituciones funcionen".

"Siempre tenemos que valorar algo como lo que hizo el señor Matte de pedir perdón, pero también quiero decir que aquí hay instituciones funcionando", afirmó el secretario de Estado. Para Valdés, "lo que corresponde es que las instituciones se hagan cargo de esto, más allá de declaraciones de los participantes".

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur designó al fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames, a cargo de la investigación de la colusión de las empresas CMPC Tissue del grupo Matte y la sueca SCA (ex PISA).

La designación del persecutor por parte del Ministerio Público se debió a la denuncia criminal presentada el viernes ante la Fiscalía Regional Metropolitana Sur por los diputados Daniel Farcas (PPD) y Gabriel Silber (DC).

El fiscal investigó el incendio en la cárcel de San Miguel, ocurrida el 8 de diciembre de 2010, que dejó a 81 internos fallecidos.

Las firmas mantuvieron al menos por 10 años un acuerdo para conservar una cuota de mercado conjunta de más de 90%, y sobreprecios en la comercialización mayorista de papel higiénico, toallas de papel, servilletas, pañuelos desechables y faciales en el canal de venta masivo generaron ganancias millonarias.

El recurso judicial presentado por los parlamentarios oficialistas apunta en contra del gerente general de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Hernán Rodríguez, y el gerente general de SCA (ex PISA) Gonzalo Díaz.

La Fiscalía afirmó que la investigación apunta al supuesto delito de alteración de precios y que las pesquisas son independientes de las acciones que pueda llevar a cabo la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

El director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Ernesto Muñoz, anunció que oficiará a las empresas involucradas en el caso de colusión del papel confort y aseguró que son las propias firmas involucradas las que deben proponer de forma voluntaria el tipo de compensaciones que se les ofrecerá a los consumidores.

el posible perjuicio

El subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, envió ayer un oficio al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar el posible perjuicio fiscal que podría existir del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa la Libre Competencia (TDLC) en contra de CMPC y SCA, además de las medidas que correspondería adoptar.

En el documento, la autoridad solicita "evaluar el mérito de tales hechos en cuanto su posible impacto en la economía nacional u algún otro perjuicio en contra del interés fiscal que pudiese surgir del estudio solicitado".

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, anunció ayer que el Gobierno pondrá suma urgencia al proyecto de ley que incluye penas de cárcel para los responsables de colusión.

De esta forma, la propuesta podría ser votada la próxima semana en el Congreso.

La Presidenta Michelle Bachelet firmó ayer en La Moneda el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Educación Pública, que contempla la desmunicipalización de los colegios públicos, que es parte de la reforma educacional que impulsa el Gobierno.

"Con el envío al Congreso de este proyecto de ley, estamos forjando la última gran pieza de la reforma que estamos impulsando en el nivel escolar", dijo la jefa de Estado durante la ceremonia de firma, haciendo referencia a la aprobación de la Ley de Inclusión y a la tramitación de la nueva Política Nacional Docente.

Detalle del proyecto

La Mandataria explicó que con este proyecto, que implicará un proceso de seis años, se creará al interior del Ministerio de Educación la Dirección Nacional de Educación Pública, que será la encargada de coordinar y supervisar la red estatal de educación.

"Habrá 67 servicios locales de educación descentralizados, que serán los gestores territoriales; tendrán capacidades efectivas para apoyar y administrar los establecimientos, liberará a las escuelas de sus actuales obligaciones de gestión administrativa y así podrán centrarse en su tarea primordial, los procesos educativos", detalló Bachelet, quien añadió que estas entidades además serán las encargadas de velar porque existan las condiciones y recursos necesarios para garantizar la calidad de la educación, "lo que implica entre otras cosas, un apoyo técnico y pedagógico permanente y acorde a cada plantel".

Por cada servicio, habrá 67 consejos locales de educación, donde estarán representados "los distintos actores territoriales de la comunidad educativa. Allí estará expresada orgánicamente la voz de alcaldes, apoderados, estudiantes, entre otros", indicó.

Asimismo, la Mandataria destacó que con esta iniciativa "la calidad de las escuelas y liceos ya no dependerá de cómo le vaya a cada municipio, sino que será responsabilidad de todo el país".

La Presidenta señaló que los recursos para financiar el nuevo sistema de administración "provendrán directamente del presupuesto nacional. Y la asignación de recursos considerarán criterios compensatorios, es decir, se destinaran más recursos donde existan mas necesidades".

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, valoró la firma del proyecto. "Hoy día tenemos cerca del 36 por ciento de la matrícula en el sector público y para que realmente sea un sistema mixto tenemos que lograr no sólo retener toda esa matrícula, sino ampliarla y eso será parte del trabajo y el esfuerzo que van por el lado de la calidad", dijo.

Los funcionarios del Registro Civil rechazaron ayer la propuesta del Gobierno y continuarán con el paro que hoy cumple 35 días. Los trabajadores se reunieron en la mañana para analizar la propuesta del Ejecutivo que decidieron declinar.

Durante la tarde de ayer se reunieron la presidenta de la agrupación de funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz y la ministra de Justicia, Javiera Blanco.

Tras el encuentro la dirigente aseveró que el Gobierno les ofreció otra propuesta, la que tras ser comunicada a los funcionarios movilizados de la Región Metropolitana fue rechazada.

Díaz señaló que la propuesta será votada hoy en regiones, de lo que depende la continuidad del paro. Pese al rechazo, la dirigente indicó que la tercera propuesta del Ejecutivo, la que se les presentó en la tarde de ayer, era mejor que las dos anteriores que ya habían sido rechazadas por el gremio.

Los funcionarios realizaron durante la mañana una funa al plan de contingencia que habilitó el Gobierno para entregar certificados de nacimiento y defunción.