Seguro, su paso por las universidades de Concepción y de Chile fue un factor. Otro, su labor en un tribunal de gran reconocimiento como la Corte de Apelaciones penquista. Un tercero, su formación en una familia de profunda tradición. Mas, es claro que en su propia naturaleza trajo la virtud de la nobleza, caballerosidad y justicia.

Bien vale el recuerdo. No solo porque el 4 de septiembre, ante casi 400 personas en el Aula Magna, se homenajeó su memoria al ser presentado un libro con episodios ligados fuertemente a un momento de su labor de juez. También, porque el reciente día 22 de octubre se cumplieron dos años de su adiós.

José Tomás Martínez Gaensly nació en Concepción el 29 de diciembre de 1914, en O`Higgins 1213, esquina con Ongolmo. Fue el cuarto de siete hijos de Francisco Martinez Cabrera, contador, y de Ana Gaensly Lecornec. ¿Sus hermanos? Francisco, contador; Ana, profesora; Germán, periodista y relacionador público; Antonio, profesor y periodista (El Sur, Crónica, Radio U. de Concepción); y Miguel y Carlos, ambos médicos cardiólogos.

Sus estudios primarios y secundarios fueron en el Liceo Enrique Molina. Iniciados los superiores en la Udec, tuvo un paréntesis como locutor de radio y durante 6 años como periodista en El Sur, donde fue reportero y Secretario de Redacción. En ese tiempo se casó con María Luisa Nazar Vergara, alumna de odontología. Terminada la carrera de ella, don José retomó leyes en la U. de Chile y se tituló de abogado el 17 de junio de 1948.

En los 60 fue relator (I) de la Corte de Temuco y juez (S) en Talcahuano. En 1970 asume de relator de la Corte de Concepción y más tarde como Ministro en Iquique. Del norte vuelve a los tres años no sin antes vencer la porfía de adeptos a la dictadura que lo acusaban de un supuesto pasado político. Las rabias lo enfermaron severamente esa vez.

Un caso notable en que fue ministro en visita -está en la historia tribunalicia- fue, en 1979, en el de los 19 detenidos-desaparecidos de Laja-San Rosendo, caso, señala su familia, casi sin procedentes en la época ya que involucraba a miembros de las FF.AA. y de Carabineros. Eludiendo a veces a agentes represores del Estado y casi solo con el actuario y el legista, César Reyes, de una labor extraordinaria, lograron, antes de declarar la incompetencia y trasladar el caso a la justicia militar (eran las leyes de la dictadura), entregar los restos y certificados de defunción de las víctimas. En 1985 investigó la muerte del universitario José Randolph Segovia. De nuevo hubo carabineros implicados. Esa vez se amenazó a la familia y agredió a la esposa del actuario que apoyaba la investigación. Continuó sin ceder a presión alguna, hasta demostrar que el joven había sido asesinado.

Sin duda, como se dijo el 4 de septiembre, por estas y otras razones el nombre del noble magistrado debería ser estampado en una gran avenida o espacio público de Concepción.

Lilian Tintori y Patricia Ceballos, son dos mujeres que viajan a cada rincón del mundo para denunciar la injusticia que viven sus maridos, Leopoldo López y Daniel Ceballos; líderes políticos encarcelados en Venezuela por disentir con el gobierno. Hay 73 presos políticos en ese país y ambas mujeres llegaron a Washington, la pasada semana, para denunciar esta realidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justo, en ese foro, los representantes del gobierno de Maduro, afirmaron que en su país hay plena democracia, no hay agresiones contra la prensa, ni periodistas detenidos, y acusaron a EEUU de ser el mayor violador de los derechos humanos en el mundo.

Lilian y Patricia, no dejaron lugar donde poder predicar por las injusticias y humillaciones que sufren a diario - cuando Lilian junto a sus dos pequeños hijos va a visitar a Leopoldo a la cárcel de Ramo Verde, a los tres los desvisten para practicarles una humillante inspección -.

El trato que reciben estos presos, por expresar un punto de vista diferente al del gobierno, sólo tiene parangón con las dictaduras que se han vivido en todo el hemisferio. A Leopoldo López lo rociaron con orina y excrementos humanos, y le cortaron el agua de su celda para que no pudiera asearse. Incluso es sometido en la cárcel militar a castigos disciplinarios sin procedimientos previos.

Los juicios de Leopoldo López y Daniel Ceballos, son ejercicios de lo que jamás debe ocurrir. Según el abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez, son procesos que rompen toda la estructura de legalidad: no son públicos, no se garantiza su publicidad, y no hay prensa ni personas que puedan observarlos.

En Venezuela, el gobierno se ha apoderado del Tribunal Supremo, desconoce el debido proceso, y usa la justicia como aparato de represión. Cuando el abogado de López le visita en prisión, lo desvisten y, también, le revisan sus escritos de defensa, antes que pueda presentarlos al tribunal.

López fue condenado por sus críticas al gobierno en un juicio en el que ni siquiera pudo presentar sus pruebas de descargo, salvo a través de la interpretación de las mismas que realizaron los fiscales. No fue condenado por terrorismo, sino, según la sentencia, por instigar a la violencia, a través de sus declaraciones; donde afirmaba que el gobierno de Maduro no era democrático y que más bien era represivo, ineficiente, corrupto, y con presuntos vínculos con el narcotráfico. Fue sentenciado a casi 14 años de cárcel, por ejercer su derecho a expresarse. En Venezuela quien critica al gobierno, acaba en la cárcel.

El fiscal Nieves, que actuó en el juicio a Leopoldo López como titular de la fiscalía 41, ha huido de Venezuela y ha publicado un vídeo en Youtube, en el que cuenta que todo fue falso, y habla de las presiones a que fue sometido por el gobierno de Maduro para lograr la condena. Esto es una prueba tangible de la manipulación que vive la Justicia, a manos del gobierno bolivariano, y sirve como base de un foro internacional que se está gestando, para denunciar la situación de los presos políticos en Venezuela.