Una denuncia en la Inspección del Trabajo, aduciendo vulneración en los derechos laborales, además de una constancia en Carabineros y en una notaría penquista realizaron ayer representantes de los funcionarios del Registro Civil de Concepción ante el impedimento de ingresar a las dependencias de la repartición pública, luego de una orden de la autoridad regional del Biobío, en el contexto de la agudización del paro de actividades que se lleva a cabo en este servicio hace 29 días.

Francisco Riveros, presidente de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil en el Biobío, dio a conocer estas medidas, a las que se sumaría un recurso de protección que presentarían por la misma causa.

Ayer en la mañana, los funcionarios del Registro Civil llegaron a las oficinas situadas en calle Chacabuco 550 de Concepción, sin embargo, no pudieron entrar porque las cortinas metálicas se mantuvieron abajo. Riveros afirmó que de esta manera se contraviene el derecho al trabajo que poseen quienes laboran en la repartición. "No obstante, exista el paro, si hay alguien que tiene la intención de trabajar, cuenta con la libertad de hacerlo, a nadie se le preguntó si quería hacerlo o no", señaló el dirigente, quien ayer estuvo en Santiago apoyando a la dirigencia nacional que impulsa la movilización, la cual se radicalizó en todo el país.

Al consultar respecto a esta situación, en la Intendencia Regional se avaló la medida, argumentando que en los días previos los empleados del Registro Civil ingresaban a las oficinas, marcaban su entrada y luego no laboraban. "Se trata de un paro ilegal que afecta a mucha gente. Es un servicio vital, como el del agua potable o electricidad, y está concadenado a una situación de fuerza", afirmó el intendente del Biobío, Rodrigo Díaz.

"NOS AFECTA"

Ya pasó casi un mes desde el inicio de la paralización del Registro Civil y la mayoría del público que se ve afectado por esta acción desconoce o no recuerda porqué se inició.

Según afirma la dirigencia nacional del servicio, el 21 de agosto de este año se firmó un protocolo de acuerdo con el Ministerio de Justicia, en el cual se propone un sistema de incentivo de remuneraciones que premia el número de atenciones, el cual no es reconocido por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, se argumentó.

Por su parte, el gobierno sigue afirmando que desde 2008 hay un crecimiento del sueldo real de los funcionarios de un 50%.

Este es el contexto en el cual las posiciones se mantienen alejadas y el conflicto se agravó, con anuncios de sumarios y descuento de los días no trabajados. A todo esto se sumó el anunció que realizó ayer la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) sobre efectuar una paralización de apoyo, la cual se fijó para mañana en todo el país.

El presidente en el Biobío de esta instancia, Domingo Rocha, justificó la medida, indicando que la asociación de funcionarios del Registro Civil es socia de la Anef, "por lo tanto, lo que nos pase a ellos, nos pasa a nosotros, tenemos que salvaguardarnos entre nosotros y la mejor protección que podemos tener es apoyarlos", dijo.

Pronto se deberá discutir el reajuste del sector público, por lo que se le preguntó a Rocha si la situación del actual paro puede repercutir en estas negociaciones. "Este es el país de los chamullos (sic), qué pasaba cuando había vacas gordas, la autoridad decía que había que ahorrar para cuando no hubiera (recursos), bueno, esta es la oportunidad de sacar los recursos y hacer funcionar al país", afirmó.

MITIGACIÓN

Alrededor de las 12.15 horas de ayer, funcionarios del Registro Civil de diferentes oficinas de nuestra zona se reunieron fuera de las dependencias de calle Chacabuco, en Concepción, para iniciar una marcha que recorrió el centro penquista.

Vestidos todos de negro y cargando un ataúd con las imágenes pegadas de la ministra de Justicia, Javiera Blanco; el intendente, Rodrigo Díaz, y el nuevo director nacional de la repartición, Luis Acevedo, los trabajadores imitaron un funeral como metáfora de la actual relación que existe con el gobierno.

De manera paralela, ayer se reforzaron las medidas de contingencia para mitigar el impacto que causa el paro en nuestra Región (ver acciones en la gráfica inferior).

Andrea Muñoz, gobernadora provincial de Concepción, recordó que en la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (Oirs) situada en el primer piso de Aníbal Pinto 442 se entregan las Claves Únicas que permiten efectuar algunos trámites en línea. Se indicó que se entregan alrededor de 200 por día.

Esta misma situación se repite en la Oirs ubicada en la Intendencia y, a pocos metros, se recibe a gente que requiere gestionar su cédula de identidad o su pasaporte. Rodrigo Díaz señaló que el retiro de estos documentos se debe efectuar en las dependencias centrales del Registro Civil en calle Catedral 1772, en Santiago. "Hay un banner en el sitio web del Registro Civil en donde se puede cotejar si los requerimientos están listos, para no tener que viajar en vano", dijo.

Cabe recordar que, gracias a un convenio entre el servicio y el Instituto de Previsión Social (IPS), éste puede proporcionar certificados de defunción, matrimonio y nacimiento para asignación familiar, además de nacimiento para matrículas.

"Son documentos que se pueden obtener vía Internet, los funcionarios acá pueden colaborar para obtenerlos o utilizar uno de los tres módulos Facilita, conectados a la web", explicó Abraham Zamorano, jefe de Plataforma IPS en Concepción, situado en calle Castellón 435.

El Juzgado de Garantía de Talcahuano ordenó ayer que la defensa de uno de los imputados por el ataque incendiario que afectó a un cajero de Servipag en Hualpén reciba un video que lo muestra al interior de un local de comida rápida, el cual se pretende usar como prueba de la inocencia del supuesto involucrado.

Se trata de uno de los dos temas que se resolverían ayer en la audiencia por el caso. La segunda materia tenía relación con cambiar la medida cautelar que afecta al menor de iniciales I.M.P., quien junto con Jorge Montecinos Pinto, su hermano mayor, son perseguidos criminalmente por lanzar combustible e incendiar a Pablo Ramírez Arias, quien se desempeñaba en un módulo de Servipag, al interior de un supermercado de Hualpén, hecho ocurrido el 29 de julio de este año.

Como el tribunal accedió a la petición de la defensa del muchacho, para lo cual estableció un plazo de cinco días, se dejó pendiente la revisión de la medida cautelar de internación provisoria del menor hasta una nueva audiencia, la que se fijó para el miércoles 4 de noviembre.

El argumento esgrimido por la defensa del imputado, para solicitar el video en cuestión, señala que alrededor de la misma hora de los hechos que afectaron a Ramírez Arias el muchacho estaba en el local de comida rápida.

No obstante, la parte querellante de la causa refuta esta aseveración, afirmando que el local se encuentra a pocos minutos del lugar de los hechos, por lo que, perfectamente, pudo cometer el ataque.

Se agregó que el registro audiovisual no se entregó con anterioridad, a pesar de las solicitudes de la defensa, porque se encuentra en el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) en Santiago, donde está siendo periciado.

CONMOCIÓN

El caso de Pablo Ramírez Arias causó gran conmoción en la Región y el país por la violencia que reflejaron los responsables del hecho, en especial por la eventual participación de un menor de edad.

La víctima, quien tiene residencia en Penco, sufrió graves quemaduras en su cabeza, brazo derecho y, parcialmente, en su brazo izquierdo.