En busca de una ley legítima
Las leyes son perfectibles, y no hay que esperar su vencimiento para modificarlas; de lo contrario, el costo lo pagan todos los chilenos. Es lo que ocurre con la Ley de Pesca, que entró en vigencia en 2013 y que ya en su debate generó profundas divisiones políticas y rechazo en la opinión pública.
Fue tanto el malestar, que en la página 68 del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet quedó plasmado un cambio necesario: "en el ámbito de la pesca debemos velar porque los instrumentos legales cautelen los intereses y demandas de todos los sectores involucrados, con una preocupación especial por aquellos más vulnerables. Por esto, realizaremos una evaluación de la Ley de Pesca aprobada durante la actual (pasada) administración".
Hasta ahora, el Ejecutivo ha dicho que ese compromiso se materializaría mediante una revisión de la normativa por parte de la FAO. Este esfuerzo es valioso, pero sólo se centrará en la conservación de los recursos, no en la forma en que se administran y a quien beneficia esa administración. Como se puede ver en la prensa y redes sociales, la concentración de los recursos en un grupo pequeño de empresas es lo que provoca mayor rechazo de la ciudadanía.
El tema se tornó relevante el último tiempo por las denuncias aparecidas en los medios de comunicación sobre financiamiento de campañas políticas por parte de empresas pesqueras. Sin embargo, el tema no es nuevo, la deuda de los industriales con los chilenos es histórica.
Muchos se preguntan, por ejemplo, ¿por qué las cuotas de pesca siguen asignadas a unas pocas empresas que concentran la propiedad del sector industrial? ¿Por qué, en la práctica, nadie puede entrar a ese selecto club que captura y procesa los principales recursos del mar? ¿Por qué el royalty que pagan los industriales por las cuotas de pesca llega a ser hasta ocho veces menos que el valor comercial de las mismas? ¿Por qué la reforma de 2013 no consignó que los peces son de todos los chilenos?
La Ley de Pesca tiene un déficit de legitimidad, justicia, transparencia y fomento a la productividad y competencia. Es hora que pase por el escrutinio ciudadano.