En los últimos días, uno de los puntos de mayor tensión en la discusión sobre la reforma laboral ha sido el tratamiento especial a las pequeñas y medianas empresas, que generó opiniones dispares tanto en el oficialismo como en la oposición.

El jueves y a puerta cerrada, la Comisión de Trabajo del Senado debatió sobre la iniciativa impulsada por el Gobierno. Entre las materias pendientes se encuentra la implementación de esta reforma en las pymes y en la organización sindical de las mismas.

La bancada "pro-pymes", liderada por el senador del PPD Eugenio Tuma, presentó una indicación en la que se eleva el número de trabajadores de ocho a 25 para formar sindicatos en este tipo de empresas.

El diputado PPD Pepe Auth señaló que es partidario de generar condiciones especiales para las pymes e indicó que no es lo mismo tratar con empresas pequeñas que con grandes compañías.

"Por supuesto, hay que discutir cuáles son esas condiciones, pero no se puede tratar a todas las empresas del mismo modo porque evidentemente una empresa con diez trabajadores es muy distinta que un conglomerado con presencia en cien países del mundo", sostuvo ayer el parlamentario a CNNChile.

Su par Tucapel Jiménez dijo creer que es importante dar beneficios laborales a las pymes, pero que el aumento del quórum puede perjudicar a los trabajadores que integran un sindicato en este tipo de empresas.

"Lo que se quiere con esta reforma es equilibrar las relaciones laborales, porque a eso apunta, y que más trabajadores tengan la posibilidad de negociar colectivamente. Si tú subes o elevas el quórum a 25 trabajadores lo que estás haciendo es justamente lo contrario: dejar a más trabajadores sin la posibilidad de negociar. Entonces yo digo, subamos el quórum, pero demos la posibilidad. Yo no sé por qué se tiene este gran temor a negociar por rama", argumentó el parlamentario al citado medio televisivo.

Desde la oposición, el diputado UDI Jaime Bellolio criticó la medida y destacó que "la única escapatoria que algunos senadores trataron de darle a las pymes está también naufragando".

"Yo espero que no ganen los radicales. La verdad es que lamentablemente en la Cámara ganaron los más radicales y la reforma laboral tal como está va a perjudicar las oportunidades de empleo de los trabajadores", insistió el legislador gremialista.

Bellolio añadió que la reforma laboral "solamente se hace cargo de una parte muy pequeña, que son aquellos que hoy día están sindicalizados, aquellos que tienen la capacidad de sindicalizarse, pero no de la creación de empleo, no de que haya un dinamismo mucho más grande".

El parlamentario opositor también cuestionó que el proyecto está hecho sobre la base del conflicto entre trabajadores y empresarios.

"Creo que sí está muy bien que haya un equilibrio en las empresas entre los dueños y sus trabajadores. Pero eso no puede ser siempre desde la perspectiva del conflicto, esta es una ley que parte desde la perspectiva del conflicto y no se hace cargo de la modernidad del trabajo de lo que significa hoy día la flexibilidad que necesita tener ni tampoco de cómo creamos más empleo, que es una línea directa para disminuir la desigualdad", remarcó Bellolio.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, se reunió ayer con la representante de los funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, a quien le expresó su apoyo al paro que los trabajadores del servicio mantienen desde hace 20 días.

La cita ocurrió después de que el Ministerio de Justicia decidiera abrir un sumario administrativo para establecer responsabilidades por el tiempo no trabajado.

Tras el encuentro, el titular de la ANEF hizo un llamado al Gobierno a establecer el diálogo para buscar soluciones y rechazó las medidas anunciadas por el Ejecutivo. "Aquí lo que ha ocurrido es que el Ministerio de Justicia firmó un protocolo en la cual se compromete al fortalecimiento del Registro Civil y también a ver las remuneraciones de los funcionarios públicos", señaló.

Y añadió que "el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos quebró esta mesa de negociación y el Gobierno tiene la responsabilidad de conducir y buscar soluciones a este problema".

La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, afirmó que "seguimos creyendo en las autoridades de este país" y que "lo que estamos esperando es sentarnos a conversar, tener el trato que han tenido todos los trabajadores en este país, la oportunidad de sentarnos a conversar con la autoridades, para poder destrabar este movimiento".

"Nosotros tenemos un documento, un proyecto donde el Ministerio reconoce que hay un protocolo de acuerdo y tiene que hacer este documento, que está financiado y redactado, y el incentivo estaba hasta que nosotros nos paralizamos", precisó.

El diputado del PPD e integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Tucapel Jiménez -quien también participó en la reunión-, sostuvo que a "nosotros como Gobierno, y digo nosotros porque yo soy parte de la coalición de Gobierno, nos eligieron para gobernar y parte de esa función es dialogar y buscar la solución a los conflictos".

"No es de otra manera, acá no puede haber espacio para que alguien se 'taime', para que alguien busque estrategias diferentes como el cansancio de los empleados públicos o estrategias que busquen el desgaste a través de la molestia de la ciudadanía, sino que la única solución en cualquier conflicto laboral es el diálogo y yo hago un llamado urgente al Gobierno a que se siente en una mesa a dialogar", agregó.

El viernes, el Gobierno aseguró que, junto con la Dirección Nacional del Registro Civil, continuará adoptando las medidas destinadas para asegurar que "aquellos trámites indispensables puedan ser realizados, implementando centros de atención especiales en todas las regiones del país".

Los trabajadores movilizados han acusado "prácticas antisindicales" por parte del Ejecutivo al designar tareas propias del Registro Civil a otras reparticiones, como gobernaciones e intendencias.

La huelga, que ha sido calificada de "ilegal" por parte de las autoridades de Gobierno, comenzó el 29 de septiembre pasado en busca de mejoras salariales y un bono que, de acuerdo con los funcionarios, fue comprometido por el Ministerio de Justicia.

Se ha estimado en más de un millón los trámites que han debido quedar pendientes producto de la paralización, entre ellos la obtención de cédulas de identidad, inscripción de vehículos y recién nacidos, y la celebración de matrimonios.

Asimismo, movimientos como el Movilh han expresado su temor por los efectos que pudiera tener la huelga en el inicio de las celebraciones del Acuerdo de Unión Civil (AUC).

La repartición estableció "turnos humanitarios" destinados a trámites de mayor urgencia, aunque éstos sólo cubrirían siete mil solicitudes de las que 85 mil que recibe normalmente el servicio a diario.

Para facilitar paliar los efectos de la paralización, el Gobierno decidió este viernes extender la vigencia de las cédulas de identidad para extranjeros hasta el próximo 31 de diciembre de 2015.