En un mes aplazó el Juzgado de Garantía de Tomé la formalización de 22 imputados por el delito de usurpación de 49 casas en Punta de Parra. La audiencia fue pospuesta para el 18 de noviembre porque la notificación a los investigados no se ajustó a derecho.

Los defensores alegaron que los imputados no fueron válidamente emplazados a concurrir al proceso judicial en su contra. Por ello sólo cuatro de los 22 inculpados de ocupar desde el 8 de julio de este año las viviendas de la Inmobiliaria Sociedad de Turismo Concepción, llegaron a la audiencia de formalización.

"Lo que se hizo es garantizar los derechos de cualquier persona a ser juzgado en un proceso legalmente tramitado, y hasta aquí no se había observado eso, toda vez que el tribunal pudo advertir que las notificaciones se hicieron en forma defectuosa y no de acuerdo a la ley", expuso Rodrigo Román, defensor de dos de los investigados por el Ministerio Público.

El fiscal de Tomé, Rodrigo Bascuñán, aclaró que el Juzgado de Garantía sólo resolvió que las notificaciones no fueron conforme a derecho, pero no el fondo de la situación, que consiste en el delito de usurpación, por lo que consideró pertinente que se formalizara a la cuatro personas que llegaron a la audiencia.

"Nos parece que dilatar un mes más la formalización de las personas que se encontraban presentes no tenía mucho sentido (…), pero el tribunal entendió que por una situación administrativa interna de ellos una audiencia de esta complejidad tenía que realizarse en una sola".

OTRAS INSTANCIAS LEGALES

Durante la audiencia de ayer, el juez del tribunal de Tomé, tras reagendar la formalización para un mes más, planteó al querellante que la vía más idónea para resolver el conflicto no era la penal, sino que la civil.

Ante esta situación el abogado de la Inmobiliaria Sociedad y Turismo Concepción, René White, expuso que están analizando ir a otras instancias, aunque por el momento se mantendrán en la actual línea criminal.

"Estamos abocados en materia criminal a fin de que el tribunal resuelva la querella presentada por nosotros (…). Las acciones civiles que se ejercerán se determinarán y practicarán en la etapa procesal pertinente", sostuvo el jurista, quien expresó que la situación que viven sus representados es anómala e ilegal.

Uno de los aspectos que podía ocurrir ayer en la vista de la causa es que se decretara el desalojo de las 49 familias que ocupan las viviendas en Punta de Parra, no obstante, tal como lo sostuvo el juez del tribunal y que reafirmó el fiscal de Tomé, es que "la situación de desalojo no es una cautelar que esté considerada en el código procesal penal como medida de la causa".

No obstante, Bascuñán aclaró que sí está contemplada para efectos civiles, en la cual el Ministerio Público no interviene.

NO HAY DELITO

La formalización que se iba a llevar a cabo radicaba en que el Ministerio Público entiende que la ocupación de las 49 casas tiene característica de delito. No obstante, para el abogado Román hay una inexistencia de éste, y es lo que harán ver en el eventual juicio oral al que se podría llegar.

Una postura similar es la que tiene el dirigente y asesor jurídico de la Federación Nacional de Pobladores, Sergio Chamorro, quien sostuvo que se está lejos de un delito de usurpación y que le han hecho saber a las autoridades los verdaderos motivos de la toma.

"Ellos reconocen derecho de dominio ajeno, que esas casas son de otros propietarios, ellos no tienen ninguna intención de quedarse con las casas, la ocupación es una protesta que se hace en virtud de la demanda que se tiene detrás de la vivienda", expuso Chamorro.

Esta última es la misma postura que expuso Mayerlin Montoya, una de las personas que debería ser formalizada por el delito investigado por Fiscalía y que tiene un hijo de cinco años: "Desde que llegamos siempre dijimos que nuestra opción no es quedarnos con esas casas, sino que lo hicimos porque estábamos cansado de que el Gobierno no nos escuche, de vivir hacinado o pagando un arriendo de $100 mil ganando un sueldo de $140 mil (…). Esta es una forma de presionar".

Actualmente en las 49 casas que están siendo ocupadas viven cerca de 200 personas, de las cuáles más de la mitad son menores de edad.