En una votación dividida -9 a favor y 8 en contra- los ministros de la Corte Suprema rechazaron el desafuero del diputado Demócrata Cristiano Marcelo Chávez, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad causando daños. De esta forma se revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción, que el 18 de agosto acogió la solicitud de privar de inmunidad al parlamentario DC por el Distrito 45.

Con satisfacción y dando cuenta de lo mal que lo pasó durante el último año, el legislador expresó que la determinación que adoptó el máximo tribunal del país le dio la razón a la postura que siempre tuvieron del accidente, el que protagonizó el 13 de junio de 2014 en San Pedro de la Paz.

"Quiero reafirmar lo que en su minuto señalamos y que mi defensa sostuvo, y que dice relación con que en el accidente en el que me vi involucrado no hubo daño en las personas, ni materiales y eso quedó establecido con mucha claridad", declaró Chávez.

Respecto a esta resolución el fiscal a cargo del caso, Nelson Vigueras, declaró no compartir lo resuelto por la Corte Suprema, ya que a su entender existían antecedentes serios y suficientes para que se mantuviera el desafuero. "Respetamos (la resolución) porque proviene del máximo tribunal del país", expresó el persecutor penal.

De esta forma, la Fiscalía no podrá llevar a un juicio simplificado al diputado Marcelo Chávez por el delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad causando daños.

NO HUBO PRUEBAS SERIAS

Pese a que el legislador no quiso referirse en profundidad a la actuación de la Fiscalía en la causa que lo investigaba, sí expresó que hubo situaciones "extrañas", ya que a su entender, que existiera un expediente de 700 fojas o dos reconstituciones de escenas y una serie de recursos puestos a disposición para poder realizar la investigación, era una situación extraña, más aún cuando con personas comunes y corrientes que se ven enfrentadas a este tipo de situaciones no se actúa de la misma manera.

"Lo importante es que los antecedentes que aportó el Ministerio Público en un año de la investigación, no eran serios ni suficientes para poder abrir una causa", sostuvo Chávez.

En cuanto a cómo le afectará a su imagen lo vivido, pensando que esta resolución no significa que se haya comprobado su inocencia, sino que sólo no se llegó a juicio, el diputado DC expuso que "en Chile estamos sobre la base de la presunción de inocencia, y en este caso, si alguien quiere destruir esa presunción tiene que entregar los antecedentes que permitan sostener que no hay inocencia y que ha participado en la comisión de algún delito. En este caso, la facultad privativa y exclusiva es del Ministerio Público, y son ellos los llamados a aportar los antecedentes serios y suficientes para destruir esa presunción. Para la Corte Suprema éstos no fueron del peso para poder abrir una causa en mi contra".

El legislador volvió a ratificar que no iba conduciendo en estado de ebriedad, pero que sí era él quien iba conduciendo, y que perdió el control del vehículo.

En cuanto a si deberá responder a la falta que significó dejar su automóvil abandonado, el diputado DC expuso que esto prescribió, pues ya se superó el plazo estipulado en la ley.

Tras terminar con todo este proceso, Chávez planteó que se abocará íntegramente a trabajar por las comunas que representa (Coronel, Penco, Tomé, Florida, Hualqui y Santa Juana). Además seguirá asistiendo al Congreso, asistencia que no alcanzó a suspenderse, pues aplica sólo cuando el desafuero queda a firme.

El administrador municipal de Concepción, Aldo Mardones, el ingeniero Domingo Godoy, director de Construcciones del municipio y miembro del Comité Técnico Asesor (Coas) que supervigiló la ejecución del proyecto, y el abogado Francisco Santibáñez, solicitaron a la Contraloría Regional, con documentos de prueba, reconsiderar el informe que puso en duda el tipo de butacas instaladas en el remodelado Estadio Ester Roa Rebolledo y el monto pagado por ellas.

Es importante recordar que la Contraloría, a través de una auditoría, detectó que los asientos instalados por la empresa a cargo de la remodelación, no correspondían a los especificados en la licitación. Ello habría significado un mayor cobro por butacas más económicas, por parte de la constructora Claro Vicuña y Valenzuela.

Según el administrador municipal, en el contrato se determinó que las butacas instaladas eran las solicitadas y que "los antecedentes siempre han estado disponibles porque todo el proceso ha sido público y transparente a través del portal".

El abogado Francisco Santibáñez recalcó que "es absolutamente falso que contractualmente se haya exigido la instalación de butacas abatibles y esto queda demostrado en los antecedentes, dado que la propuesta de instalar butacas abatibles en algunos sectores del estadio decía relación con evitar el trabajo de reperfilamiento de graderías y con ello ahorrarse tiempo".

Una opción que según el abogado "el Coas rechazó desde un inicio, porque nosotros consideramos que el estadio debía ser modernizado conforme a los estándares Fifa y eso implicaba reperfilar todo el estadio".

Ante el cuestionamiento están tranquilos, dijo Mardones: "Hemos actuado en todo momento según lo establecido en las bases de licitación de esta obra y de acuerdo a la ley. Lamentamos que un proyecto de la ciudad y de la Región se convierta prácticamente en un botín político. Queremos recalcar que los funcionarios que han participado en este proceso no realizaron ningún acto irregular".