A meses desde que ex trabajadores de la planta termoeléctrica Bocamina I de Coronel denunciaran exposición al asbesto sin las condiciones de seguridad mínimas para llevar a cabo esta labor (ver recuadro), la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Biobío determinó, tras el sumario correspondiente, cursar la máxima multa a la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Esta consiste en mil UTM, equivalentes a $44 millones 243 mil a septiembre de 2015.
Quienes pusieron la denuncia fueron Nelson Durán Novoa, Óscar Matamala Pinto, Boris Arce Medina, Jorge Pastor Henríquez, Abraham Velozo Velozo y Javier Jerez Burgos. Argumentaron que estuvieron expuestos directamente al asbesto que tuvieron que retirar de la planta termoeléctrica, lo que les generó una serie de problemas de salud.
Precedente
El dirigente de los ex trabajadores afectados, Omar González, comentó que la resolución la supieron el martes pasado, desde la Seremi de Salud. Si bien el dinero de las multas se va al Fisco, González manifestó que lo positivo de aquello es que las autoridades le dieron la razón a los trabajadores.
Con estos nuevos antecedentes, tendrían un mejor panorama si se llega a dar un juicio, expresó.
"Nosotros estamos empecinados en que se preparen en la Región médicos especialistas en asbestosis. Porque en eso está fallando el Servicio de Salud. Esto, para que en algún caso más adelante podamos ser diagnosticados verazmente", dijo González.
El afectado recordó que la Mutual en su momento encontró a todos los trabajadores sanos "y aun así murió un compañero".
Los pasos a seguir consideran acciones legales, pero González insistió en que lo que más les importa es recibir un tratamiento de salud, que contemple los exámenes que correspondan. "Acción y reacción, el que daña paga. Pero nuestra meta principal no es la indemnización, porque ¿qué ganas con ser el más rico del cementerio?", sostuvo.
Más infraccionados
Respecto a la Mutual, la autoridad sanitaria consideró que no acreditó un estudio de puestos de trabajo, o mediciones ambientales para evaluar la exposición a asbesto en zonas críticas.
Además, no acreditó "el control o vigilancia epidemiológica en la realización de mediciones ejecutadas u observada técnicamente ante el Instituto de Salud Pública", comunicaron desde la institución regional.
La Seremi de Salud cursó además una multa de 500 UTM (poco más de 22 millones de pesos) a la empresa Akeron CAF, contratista de los trabajadores, por infracción al reglamento de accidentes del trabajo y otros incumplimientos en materia de salud ocupacional, por no constatar la recepción de elementos de protección personal, como máscaras de medio rostro y filtro P100 para los funcionarios. Akeron CAF prestaba servicios a Bocamina.
Según la Seremi, "no cumplieron con la obligación del empleador a tomar medidas para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas. Así como también informar los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales".
Por último, Endesa S.A, propietaria de la termoeléctrica coronelina, también fue infraccionada con 500 UTM, al ser la empresa mandante y principal de la contratista Akeron CAF. Se determinó su responsabilidad en las infracciones detectadas por la empresa subcontratada de acuerdo a las normas establecidas, según informaron desde la Seremi.
"Se determinó aplicar la máxima sanción legal contra la Mutual, por no prestar atención a los trabajadores (...) Además, se aplica el máximo rigor contra la empresa contratista y contra la empresa mandante, por no demostrar el uso de todas las herramientas de seguridad necesarias para cautelar la salud de los trabajadores", concluyó el jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud, Hugo Rojas.