Si en 2012 eran 120 hectáreas las que el gobierno de Sebastián Piñera contempló para la construcción del nuevo recinto penitenciario en la Región, hoy el espacio se reduce a 50 hectáreas para la cárcel biprovincial, la que se instalaría en un recinto de la Universidad de Concepción ubicado en la comuna de San Carlos.

Si bien aún se mantiene la necesidad imperiosa de sacar el penal del centro de Chillán, hoy el resto del proyecto cambió radicalmente, ya que lo proyectado en materia carcelaria para Ñuble difiere en términos de montos, infraestructura y la cantidad de internos que albergarán.

Fue esta semana que desde la Subsecretaría de Justicia se informó que el nuevo penal mantuvo la idea presentada durante el gobierno anterior, consistente en albergar a internos de dos provincias: Chillán y Los Ángeles.

El senador PPD Felipe Harboe aplaudió la noticia: "No me cabe ninguna duda que lo que se está haciendo es que vamos a tener menos cantidad de reclusos y mejor infraestructura para que exista una verdadera rehabilitación".

Pero, Cristian Montecinos, presidente provincial de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, no se hizo muchas ilusiones: "Cada gobierno de turno, si uno hace una proyección hacia 20 años atrás, en el segundo año de su gobierno prometió una cárcel nueva. Creo que me voy a jubilar y esa cárcel no va a estar hecha".

Modificaciones

Hasta ese punto nada había cambiado, salvo que la nueva edificación albergará a mil internos y no los 2.400 que se tenía proyectado en el Centro de Educación y Trabajo Penitenciario, nombre que el gobierno de la Alianza le puso al nuevo penal. Con esto, se rebajó en un 42% la cantidad de reos que ingresarán, punto que a juicio de las autoridades es nefasto.

"Nosotros denominamos a ese proyecto modelo de educación y trabajo, en que efectivamente la población penal que iba a estar ahí pudiera acceder a una capacitación laboral efectiva y que le permitiera una vez que egresaran del sistema penitenciario trabajar, o también que puedan completar sus estudios básicos y medios", contó el ex seremi de Justicia, Roberto Coloma.

"Hay una realidad que es muy clara y es que las cárceles chilenas no rehabilitan, sino que es una verdadera escuela del delito, donde la persona que ingresa al sistema penitenciario sale mucho más peligrosa, de manera que si el gobierno quiere practicar el modelo vigente, lo único que va a lograr es reproducir una situación que hoy afecta directamente las políticas de seguridad pública", concluyó Coloma.

Un punto que también cambió fue que se contemplan para la nueva cárcel, módulos de reclusión independientes que permiten la segmentación de la población penal de acuerdo a su clasificación y niveles de compromiso delictual y peligrosidad. En 2012 solo incluía una población penal de baja peligrosidad.

Las áreas consideradas también sufrieron modificaciones. La nueva iniciativa aumentó en un 70% la superficie edificada, ya que en 2012 solo se incluían 10.500 metros cuadrados para el desarrollo de actividades laborales, los que serían divididos en 6 áreas de trabajo de 1.800 metros cuadrados. Hoy lo proyectado es de 35 mil metros cuadrados.

Nuevos montos

La nueva estimación de cuánto costará cada hectárea del nuevo predio se realizó en base a los costos de mercado. "En general en este tipo de proyectos, por hectáreas más o menos, van de los 5 a $7 millones (…), incluso podría llegar a los $10 millones", comentó Jorge Cáceres, seremi de Justicia, quien aseguró que a esos valores se le puede aplicar un porcentaje adicional.

Detalle no mayor es que el nuevo proyecto tiene una inversión total de $50 mil millones (estimados). En el gobierno de Piñera la inversión se calculó en 120 millones de dólares, donde la mantención del penal sería de 11 mil millones de pesos anuales.

No a la cárcel

Al igual como la cárcel mantuvo su carácter biprovincial, el rechazo al nuevo recinto por parte de la población aledaña también persistió. Esta vez es la comunidad de San Carlos la que no quiere tener una construcción de estas características.

"Esta no es la cárcel por la cual estamos luchando, que era una con reos de nivel de peligrosidad bajo, para que no se confunda. Creo que he hablado con 20 dirigentes de alto nivel, desde el transporte, agricultura, juntas de vecinos, adultos mayores y opinan lo mismo, que la cárcel no que quede en San Carlos, porque va aumentar el riesgo y peligro que van a vivir acá", planteó el alcalde sancarlino, Hugo Gebrie.

La falta de un sistema único de calificaciones es lo que el presidente regional de la Asociación Nacional de Fiscales, Paolo Muñoz, considera que llevó a que un grupo de 32 persecutores penales recurriera a la justicia para que se modificara la decisión del fiscal nacional Sabas Chahuán de bajarles las calificaciones.

Esta pugna judicial tiene su origen en la Fiscalía Metropolitana Sur, en donde la jefatura nacional del Ministerio Público determinó aplicar un mecanismo de corrección, que llevó a que las notas de un grupo de fiscales bajarán de un 7 a un 6,9. La determinación se habría tomado en el marco del plan de fortalecimiento de la entidad persecutora, donde se establece un ascenso de grado y donde la nota de evaluación es trascendental en el caso de existir un empate en los criterios para ascender.

El fiscal Paolo Muñoz, quien también es tesorero nacional del gremio de fiscales, sostuvo que el cambio se realizó para subir las calificaciones de los funcionarios en las Fiscalías regionales, donde existían menos notas 7, y así establecer un ranking de calificaciones a nivel nacional. Se debe precisar que el 94% de los fiscales de la Metropolitana Sur tiene la máxima calificación, por lo que cuentan con más opciones de subir de grado que los que están en otras zonas, como la del Biobío, en donde sólo el 20% tiene nota 7.

Muñoz expuso que esta situación deja de manifiesto que debe existir un modificación en la forma en que se evalúa: "Quedó demostrado que el sistema de calificaciones vigente que tiene la Fiscalía Nacional es malo".

Para Muñoz esta situación queda más de manifiesto en que los criterios de evaluación quedan en manos de cada jefatura regional. "La exigencia que se le puede hacer a sus fiscales son diferentes y los parámetros que van a medir para establecer cuándo se va a llegar al 7 pueden ser diferente en una Región u en otra. Va a depender de las metas que se le impongan a los fiscales, y que en definitiva no son las misma en la Sur, o en el Biobío u otra Fiscalía, porque las realidades pueden ser diferente, y entonces al momento de evaluar, en definitiva, se dan estas diferencias", explicó el presidente regional de la Asociación de Fiscales.

CRÍTICAS A CHAHUÁN

Para el fiscal Muñoz, la situación es clara: el fiscal Nacional, Sabas Chahuán debió, en su período, haber realizado una revisión del sistema de evaluación de los fiscales, a fin de que en todo el país se tenga un parámetro único a evaluar, y no que sea diferenciado por regiones. Hay que recordar que el periodo de Chahuán concluye este año.

"Este ranking de notas nacional debió haberlo regulado antes el fiscal nacional y no preocuparse ahora, que hay un fortalecimiento del Ministerio Público, de ver cómo equipara las notas, sino que mucho antes debió haber establecido un sistema único de notas a nivel nacional, ejerciendo las facultades que le corresponde como jefe del servicio", declaró.

En esta misma línea, Muñoz sostuvo que "el desafío para el futuro fiscal nacional es establecer un sistema único de calificaciones, que permita que todas las notas a nivel nacional tengan un mismo valor, para que sean lo más objetivo".