Una audiencia de preparación de juicio oral que, probablemente, durará meses, y un litigio que también será muy extenso, anticipan algunos abogados querellantes locales del Caso 27/F, quienes ayer celebraron el fallo del Tribunal Constitucional (TC), el cual rechazó el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por la representación jurídica de uno de los seis imputados en la causa.

Como se recordará, Caso 27/F se refiere a las muertes provocadas por el maremoto que afectó las costas del Biobío y de gran parte del país, el 27 febrero de 2010, en donde se argumenta que funcionarios de organismos públicos, como el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (Shoa) de la Armada y la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), entregaron información errada respecto a que no se registraría un tsunami, lo que desembocó en el fallecimiento de 156 personas y la desaparición de otras 25 en el país.

Uno de los seis imputados, el ex oficial de guardia del Shoa la noche del hecho, Mario Andina, fue quien presentó el recurso en septiembre de 2014, atrasando todo el proceso judicial en más de un año.

Para Leonardo Mello, quien representa a familiares de siete víctimas fatales del maremoto que vivían en el sector Santa Clara, en Talcahuano, el recurso de Andina sólo respondía a ser una acción dilatoria, en una investigación que, de por sí, fue muy compleja y larga.

"Esto nos deja en pie para continuar con la audiencia de preparación de juicio oral y el juicio. Nos parece bien, ya que, acá, más que nada, se está jugando al desgaste y estamos esperanzados que esto va a terminar de buena forma", aseguró el profesional.

Respecto a esta misma idea se pronunció Enrique Hernández, abogado querellante que representa a la viuda y tres hijos de Guillermo España Rojas, otra víctima del tsunami.

"Estamos en septiembre de 2015, el juicio oral de este caso, cuando se desarrolle, va a durar lo mismo o más que el primer litigio por la caída del edificio Alto Río (seis meses), considerando recursos u otros incidentes que se puedan dar. Fácilmente, podemos esperar una sentencia de primera instancia el próximo año o comienzos de 2017", estimó Hernández.

LA OPORTUNIDAD

En el mismo sentido, Enrique Hernández explicó que dentro del contexto descrito, este tipo de recursos -los cuales pueden ser presentados por todos los intervinientes, o incluso por los mismos tribunales de justicia-, ayudan a retrasar las definiciones en las causas.

"Cuando la justicia tarda tanto, las pruebas se van diluyendo, los testigos, a lo mejor, no van a tener la memoria perfecta para recordar lo que pasó y se pierde el concepto de la oportunidad. Ahora, es obvio que es favorable que se destrabe todo esto. Algunos piensan que este puede ser el juicio más complejo en la historia de la de la Reforma Procesal Penal, por la calidad de los intervinientes, en donde hay ex autoridades, hay muchos abogados querellantes, defensores y la fiscal (Solange Huerta) es probable que deje su cargo y continúen otros fiscales", comentó.

Respecto a ese punto, tanto Mello como Hernández afirmaron que no habría problemas que los persecutores que acompañaron a Huerta en la investigación encaren el juicio oral, ya que ésta terminará su periodo como jefa de la Fiscalía Regional Occidente de Santiago en enero de 2016.

"Andrés Castellanos (fiscal) y otros trabajaron en la misma investigación. Puede ser una pena su salida (la de Huerta), dado el esfuerzo y el compromiso que puso, por lo que hubiera sido justo que fuera parte de esto, pero hay un equipo detrás de ella", señaló Mello.

LEY PENAL EN BLANCO

Fernando Saenger, abogado penquista experto en Derecho Constitucional, explicó que lo que dirimió el TC es conocido como "Ley penal en blanco". "La Constitución, en su artículo 19, número 3, indica que ninguna ley puede establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. Es una garantía constitucional fundamental en el Derecho nacional y Mundial", dijo.

En este caso en particular, se dijo que el artículo 492 del Código Penal, el cual señala las acciones negligentes de las cuales la Fiscalía acusa a los imputados, era una ley en blanco, porque no describe, específicamente, la conducta que se sanciona, en este caso, el hecho que las autoridades no hayan dado correcto aviso. Sin embargo, el reglamento de esta norma jurídica complementa la idea matriz que se encuentra en la ley penal que tipifica el hecho, explicó Saenger, razón por la cual el TC rechazó el recurso, argumentando, como precedente, fallos como el del juicio de Alto Río, en donde se discutió una materia similar.

Unas Fiestas Patrias seguras es lo que pretende lograr la Municipalidad en San Pedro de la Paz y por eso mañana se realizará un operativo de prevención e información, que tiene por objetivo compartir con conductores y peatones.

En la actividad participarán Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de Prevención del Delito. En la oportunidad, no sólo se entregará información sobre los riesgos de conducir bajo la influencia del alcohol, sino que también sobre las medidas para prevenir clonaciones de tarjetas, el engaño con billetes falsos y robos durante estas celebraciones.

La actividad será encabezada por diversas autoridades, encabezadas por el alcalde Audito Retamal. En distintas comunas se están realizando este tipo de planes, ya que se estima que durante esta fecha aumenta el nivel de delitos.