A casi dos meses del ataque con combustible y fuego que sufrió en Hualpén, el 29 de julio pasado, Pablo Ramírez, el cajero de Servipag que fue quemado por delincuentes para asaltarlo mientras trabajaba, acudió ayer al Juzgado del Trabajo de Concepción para presentar una demanda laboral contra la empresa.

La acción judicial, presentada por el abogado Renato Fuentealba, busca que la firma mejore las condiciones de trabajo en cuanto a seguridad y evitar que se produzcan hechos delictuales en contra de otros cajeros que laboran en las mismas condiciones.

"Lo que persigue es que se tomen las medidas de resguardo para los trabajadores. Para que éstos no vean peligrar su integridad corporal o incluso la vida. Recordemos que si hubiesen existido algunas de estas medidas de mitigación, sin duda los daños no serían los mismos, hubiesen sido mucho menores", dijo el jurista Renato Fuentealba.

Añadió que "desde el punto de vista técnico, si se hubiese utilizado el extintor que se encontraba al interior de la caja de seguridad, es probable que Pablo hubiese muerto asfixiado, porque son extintores que no están pensados para espacios tan confinados, son polvos químicos. Existen otro tipo de extintores que son adecuados para espacios reducidos. No hay ningún sistema para mitigar algún incendio, las irregularidades son múltiples".

situación penal

En cuanto al estado de la causa penal que busca determinar la responsabilidad de los delincuentes que efectuaron el ataque en contra de Ramírez, Fuentealba dijo que "desde la formalización, fueron cuatro meses que fijaron de investigación y en eso estamos".

Añadió que "también se espera por los peritajes, aun cuando aparece casi evidente que fue con bencina, eso requiere comprobación científica. Además también hay órdenes de investigar a Carabineros, quienes están tomando testimonios. Todas esas diligencias están en proceso".

Sobre si a futuro perseguirá responsabilidad pecuniaria contra la misma empresa Servipag en beneficio de Ramírez, Fuentealba destacó que "por el momento no. Pero, no descartamos acciones legales en contra de Servipag por vulneraciones de derecho o reparaciones económicas. Pero, por ahora, Pablo (Ramírez) no están en condiciones para ello".

Distintos sectores se unieron para realizar una inspección multisectorial en el terminal de buses Collao, a propósito de la cercanía de las Fiestas Patrias. En el lugar, fiscalizadores de la Seremi de Transportes detectaron una máquina con el parabrisas roto, por lo que se prohibió su salida. La empresa cambió la máquina y todos los pasajeros debieron abordar un nuevo bus.

César Arriagada, titular regional de la Seremi, contó que se aumentarán los controles. "Ya llevamos más del 50% de las fiscalizaciones (1.514 controles en el Biobío)", explicó. Además, recordó que con Conaset están trabajando una campaña preventiva llamando al autocuidado a los peatones para que no protagonicen accidentes.

El Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, visitó la Región para reunirse con organizaciones, académicos y consultores de la zona para dialogar sobre la reformulación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Badenier, que reconoce la necesidad de mayor participación ciudadana en estos temas, conversó sobre la evolución del Comité de Recuperación Ambiental y Social de Coronel (Cras), la nueva oficina de la Superintendencia de Medio Ambiente en Concepción y los planes de Descontaminación por Zonas Saturadas, entre otras.

-Primero, estamos muy contentos por la constitución del Cras. Sabemos que hay un problema serio de confianzas. Por lo tanto, constituir estos comités es un hito bien importante, y hay una manifestación de creer que los problemas tienen solución. Ahora estamos en la etapa del diagnóstico y hay una próxima reunión fijada para el 30 de septiembre. Hemos contado con la colaboración de Fundación Chile para ordenar los problemas, darles prioridad, y luego esperamos constituir los presupuestos que nos permitan solucionar estos problemas.

-Es el plan de la Región que presenta mayores avances. Concluyeron los procesos de elaboración y participación ciudadana, y esperamos en el transcurso del año 2015 llevarlo a Consejo de Ministros para que pueda ser zanjado y que sea el primer plan que entre en operación en la Región.

-Acá se requieren medidas estructurales, pero también un plan de contingencia para los meses de invierno. La aislación térmica y el recambio de equipos son fundamentales para disminuir las observaciones. Por otra parte, ha entrado en vigencia la norma de emisión para termoeléctricas que también fiscaliza la Superintendencia, y que buscan poner en línea los niveles de estas macro emisiones. Nosotros reconocemos que nos gustaría tener más fiscalización, y por eso está presupuestado que para el 24 de este mes se dé apertura a la oficina regional de la Superintendencia de Medio Ambiente en Concepción. Por lo tanto, esa necesidad y demanda por más fiscalización creemos que la estamos encausando.

-Nuestra tarea consiste en involucrar a más y por lo tanto, lo que hace la PDI es tremendamente valioso en fiscalizar el cumplimiento de otras legislaciones. Esto no es sólo planes de descontaminación, por ello en buenahora también otras instituciones se fortalecen para fiscalizar el cumplimiento medioambiental, que es una demanda muy sentida por la población regional.

-Esa es la importancia de tener una oficina de la Superintendencia de Medio Ambiente en la Región del Biobío. Básicamente, porque es una región compleja del punto de vista de proyectos de gran envergadura. En la Región se han evaluado más de 1.700 proyectos que tienen Resolución de Calificación Ambiental, y la creación de la Superintendencia permitiría mayor control de este tipo de reclamos.

-A las empresas les digo primero que es un deber cumplir con la Resolución de Impacto Ambiental y si no cumplen con sus deberes a nosotros no nos temblará la mano en implementar sanciones relevantes. Aquí está en juego la credibilidad del sistema, pero también la salud de las personas o la protección del patrimonio natural, es decir, bienes muy superiores al funcionamiento de una empresa. Y como Ministerio vamos a poner en ejercicio todas nuestras funciones y atribuciones para resguardar lo establecido.

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-Se requieren ajustes y mejoras importantes. Dentro de ellas, yo aventuraría tres líneas de trabajo importante: los niveles de conflictividad asociados a los proyectos, que se superan con más participación ciudadana y no con menos. Por eso hemos decidido que proyectos conflictivos puedan tener participación ciudadana antes de entrar al Sistema de Evaluación. Una segunda línea es dar un mayor protagonismo al Sistema de Impacto Ambiental, en el sentido de coordinar y evaluar los proyectos, y una tercera es que la administración de la emisión de Certificación Ambiental sea de calidad, para que nos permita tener mayor certeza jurídica de cómo se regula un proyecto, pero que a la vez sea lo suficientemente flexible para que pueda acompañar la evolución del mismo.