Ex presidentes, gobiernos, legisladores y organismos de derechos humanos de América y Europa rechazaron ayer con calificativos como "injusta", "infundada" e "infame" la condena a más de 13 años de cárcel impuesta al dirigente opositor venezolano Leopoldo López por acusaciones ligadas a las protestas de febrero de 2014.

Un tribunal de Caracas declaró culpable a López de cuatro delitos - instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir- y lo condenó a 13 años y nueve meses de prisión, cerrándole la puerta para optar a un cargo de elección popular.

López, de 44 años, deberá cumplir la condena en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital, donde ha estado detenido durante casi 19 meses.

"El chavismo se robó a Venezuela (Boliburgueses) y condenan a Leopoldo, qué infamia!", escribió ayer en Twitter el ex mandatario colombiano Alvaro Uribe. "La esperanza de libertad de Leopoldo está en los días contados que le quedan a la tiranía", agregó, en alusión al Gobierno de Nicolás Maduro.

El ex presidente del Gobierno español Felipe González, quien meses atrás se ofreció como asesor de la defensa de López, afirmó que "Venezuela se ha convertido en una dictadura de facto". Es un país -dijo- en el que el "presidente decide por el Parlamento y por la justicia".

El líder socialista español aseguró que "sin haber cometido ningún delito, sin ninguna prueba en su contra y sin ninguna garantía en el procedimiento seguido, el régimen ha decidido una condena por razones políticas" contra López, a quien calificó de "rehén político".

Al ser preguntada en una rueda de prensa por la condena de López, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, expresó su "más honda preocupación" y pidió "respeto a las garantías procesales y a la libertad de todos".

Sáenz también expresó su preocupación "por la inestabilidad política y social que sufren los venezolanos" y pidió que las elecciones legislativas convocadas en Venezuela para el 6 de diciembre sean "libres, justas, inclusivas y transparentes".

REACCIONA EE.UU.

El Gobierno estadounidense reaccionó inmediatamente a la sentencia, que se conoció el jueves por la noche, con un mensaje en Twitter de la subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, quien escribió que está "profundamente preocupada por la condena" e hizo un llamado "al Gobierno a proteger la democracia y los derechos humanos en Venezuela".

Horas más tarde, el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, dijo estar "profundamente perturbado" con la resolución del tribunal.

Otro ex presidente colombiano, Andrés Pastrana, quien en mayo intentó entrevistarse con López, escribió en Twitter que "injustamente se ha condenado a un gran demócrata de América Latina". "Presidente Nicolás Maduro, su sentencia será dictada el próximo 6 de diciembre", añadió Pastrana, en referencia a los comicios.

La organización Human Rights Watch (HRW) consideró la condena impuesta a López "injusta" y reveladora del "deterioro extremo" que, a su juicio, sufre el Estado de derecho en Venezuela.

"Una farsa"

Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, "este caso es una farsa" y el juicio estuvo marcado "por gravísimas violaciones" del debido proceso, señaló.

"En un país sin independencia judicial, una jueza provisoria sin inamovilidad en el cargo condena a cuatro personas inocentes luego de un proceso en el cual el Ministerio Público no aportó evidencias que los vinculen con delito alguno, no se permitió a los acusados ejercer su defensa adecuadamente", afirmó Vivanco.

Junto a López fueron sentenciados por la jueza Susana Barreiros otros tres opositores, acusados como él por delitos vinculados a las protestas de 2014.

Otro organismo de DD.HH., Amnistía Internacional (AI), denunció la "absoluta falta de independencia judicial" de Venezuela. La sentencia se dictó "sin ninguna evidencia creíble en su contra" y muestra la ausencia de "imparcialidad judicial" en ese país, señaló AI en un comunicado.

"Nunca debió haber sido arrestado arbitrariamente o enjuiciado. Es un prisionero de conciencia y debe ser liberado inmediata e incondicionalmente", aseveró Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.

En medio de las críticas, el Gobierno venezolano defendió la independencia de la justicia en el proceso contra el político y consideró "peligrosos" los cuestionamientos internacionales. "Los poderes públicos en Venezuela son independientes, se ha dado una decisión, se ha respetado el derecho al debido proceso, se han respetado los DD.HH.", dijo la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras reunirse con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Los cargos por los que López fue condenado tienen relación con los hechos violentos, que dejaron tres muertos, registrados el 12 de febrero de 2014, al final de una marcha que es considerada el origen de las protestas de ese año.