Dudas, quejas y contradicciones muestran las universidades públicas y privadas a la hora de analizar el tránsito para transformarse en planteles que puedan entregar gratuidad al 50% de sus estudiantes más vulnerables a partir de 2016.

Una de las principales críticas de los planteles privados es el hecho de que cuatro entidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) -las universidades Católica de Temuco, Arturo Prat, de Los Lagos y Utem- no cuenten con el mínimo de años de acreditación solicitado por el Gobierno, pero que por el solo hecho de pertenecer a esa entidad sí sean susceptibles de recibir el beneficio. Un cuestionamiento que desde las estatales rechazan.

Mientras que las universidades estatales critican el hecho de que se haya acortado en un decil -del 60% inicial al 50%- el porcentaje de estudiantes que podrían ser beneficiados, además del "aterrizaje" de las normas y exigencias que serán parte del marco jurídico de la propuesta.

Además de las instituciones anunciadas por la Presidenta Michelle Bachelet en su Mensaje del 21 de mayo, ahora podrían sumarse aquellas universidades privadas que tengan cuatro años o más de acreditación, mecanismos de participación en sus estamentos y no poseer como integrantes de la corporación o fundación universitaria sociedades comerciales con fines de lucro, de acuerdo a lo anunciado por la Mandataria finalizado el "cónclave" del oficialismo.

Mientras el Gobierno destaca que así se aumenta el número de instituciones contempladas en la implementación inicial de la gratuidad universal, entre los planteles persisten dudas sobre el "aterrizaje" de estas exigencias.

Involucrados

"No es injusto ni contradictorio, pues las universidades estatales en regiones han tenido que enfrentar condiciones asimétricas impuestas por el modelo de mercado", respondió el rector de la Universidad de Los Lagos, Óscar Garrido, consultado acerca de si el hecho de que una universidad que no tenga cuatro años de acreditación sea sujeto de gratuidad la deja en mejor posición que una que, teniendo cuatro o más años, pero que no pertenezca al Cruch, quede fuera.

El también directivo del Consorcio de Universidades Estatales agregó que "es lamentable que el porcentaje comprometido inicialmente haya disminuido, pues generará tensión al interior de instituciones que tienen un alto número de estudiantes vulnerables". Agregó que "se requiere conocer con precisión la forma de cálculo que utilizará el Gobierno".

El rector de la Utem, Luis Pinto, subrayó en este punto que "nosotros accedemos a este beneficio en cuanto institución del Estado, con toda la responsabilidad desde el punto de vista del control y fiscalización que esto significa. Un peso público que ingresa a una universidad estatal sigue siendo un peso del Estado. En cambio, un peso público ingresado en una institución privada no puede ser fiscalizado".

Para Pinto es "discriminatorio que un grupo de universidades privadas reciba recursos públicos, de todos los chilenos, y no se encuentren sometidos a las reglas que se le aplican a las universidades estatales".

Las rectorías de las universidades Católica de Temuco y Arturo Prat no respondieron a las consultas sobre el tema.

Corporativo

Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) y rector de la Universidad de Valparaíso, reconoce que "es evidente que se produce una contradicción", pero agrega que "no se han explicitado las condiciones ni objetivos de la reforma".

Para Valle, lo anterior hace que el requisito de la acreditación, por sí solo, aparezca como insuficiente para determinar si una institución tiene o no acceso al régimen de gratuidad. "Si sólo se considerara la acreditación, haría que instituciones del Cruch, que han servido por largo tiempo a fines públicos y que han hecho un aporte indudable a la educación superior, tuvieran que quedar fuera de la gratuidad", comentó el rector.

El vicepresidente del Cruch explicitó que como entidad "no aceptaríamos que estas instituciones quedaran fuera, nos parecería incomprensible". Para él, se trata de instituciones que, "al margen del número de años de acreditación, tienen una complejidad en el sentido de que hacen aportes no sólo en docencia. Muchas de ellas ofrecen postgrados de calidad, tienen sistemas internos de autorregulación que son, en la mayoría de los casos, mucho más exigentes que los que tiene las universidades privadas. Tienen contratos de trabajo, profesores de jornada completa y desarrollan actividades de integración y cohesión social y cultural en sus respectivas regiones relevantes".

Consultado sobre si cree que las exigencias que está moldeando el Mineduc para aceptar universidades no Cruch a este beneficio dan garantía de ser cumplidas, afirmó que "tal como están expresadas, no permiten saber bien qué instituciones cumplen con estas exigencias. Tienen aún una enunciación más bien general y tampoco permite saber a cuántos estudiantes se amplía este beneficio".

las privadas

Jaime Vatter, rector de la Universidad Santo Tomás y presidente de la Corporación de Universidades Privadas (CupChile), que agrupa a 17 entidades educacionales, aseguró que "me parece bastante arbitrario que alumnos de cuatro instituciones del Cruch con menos de cuatro años de acreditación reciban gratuidad, contra planteles que no pertenecen al Cruch pero tienen los mismos años de acreditación y queden fuera de este beneficio".

Para Vatter, "se nos está obligando a actuar bajo ciertos parámetros que hoy no son ley, que pretenden serlo, pero que no han sido discutidos en el Congreso".

Según él, "todos estamos actuando dentro de la ley existente, tanto universidades privadas como centros de formación técnica e institutos profesionales, y hay instituciones similares que estarían recibiendo el beneficio de la gratuidad y que son similares".

El rector agrega que "si me dicen que el beneficio lo recibirán sólo las universidades estatales, no me parecería discriminador, pero hay otras instituciones privadas, igual a las que quedan fuera, cuyos alumnos sí van a tener el beneficio".

Cuando se creó el programa de zonas de rezago el gobierno fijó el compromiso de crear una ley que permita asegurar que esta visión será política de Estado y no al arbitrio del gobierno de turno.

En la Región hay dos zonas clasificadas como zona de rezago: Valle del Itata y la Provincia de Arauco. Esta última hace más de un año que entró en la categoría y aún la normativa no ha visto la luz. Por esto, el diputado Manuel Monsalve (PS) y los dirigentes de la Mesa Productiva de la Provincia de Arauco pidieron al gobierno enviar con urgencia la iniciativa al parlamento. De hecho, la fecha que estiman como prudente para ello es antes del 30 de septiembre.

"Hay angustia, hay preocupación en la Provincia de Arauco y seamos francos, si el proyecto no se ingresa con prontitud va a ser muy difícil que se transforme en ley de la república durante el gobierno de la Presidenta Bachelet. La fecha que ha colocado Jaime Tohá no nos sirve para cumplir esa tarea", planteó el legislador, quien se reunió con el intendente y algunos alcaldes del territorio para abordar esta situación.

"Vamos a iniciar una serie de acciones para ser recibidos en La Moneda, con el objetivo que se alcance un compromiso expreso sobre los plazos y las fechas para el ingreso del proyecto", añadió.

cambio de mentalidad

Jorge Maldonado, vocero de la Mesa Productiva, si bien cree que el territorio puede ser un aporte para el desarrollo del país, dijo que la tarea del Estado es invertir y no gastar: "No queremos que se siga gastando en Programas Proempleo, en maquillar problemas de producción. Lo que estamos pidiendo es una oportunidad, pero no podemos seguir esperando la Ley".

En tanto, el diputado Monsalve mencionó que independiende de las críticas a la lentitud de la ley, hay que reconoce que los esfuerzos que se han hecho en el ámbito social, como el programa especial de regularización de títulos de dominio implementado por el ministro de Bienes Nacionales, el compromiso de Transportes en mejorar las condiciones para que haya un mejor servicio y el programa especial que impulsará para el territorio el Ministerio de Vivienda.

No obstante, remarcó que el problema es de carácter estructural, relacionado al crecimiento económico, desarrollo productivo, creación de trabajo y mejores ingresos.

Sobre eso, Maldonado añadió que "tenemos las capacidades, las voluntades y el potencial, pero necesitamos un compromiso serio", puntualizó.

Según el Ministerio de Educación, los estudiantes que estarán cubiertos por gratuidad en 2016 deben pertenecer a los cinco primeros deciles socioeconómicos de la población y estar matriculados en carreras de pregrado presenciales, diurnas o vespertinas, dictadas en las "instituciones elegibles". La medida incluirá tanto a los alumnos que ingresen a la educación superior el próximo año como a los que ya se encuentran cursando alguna carrera o programa académico en los planteles que cumplen con los requisitos.

El Mineduc determinó, en una primera etapa, un grupo de instituciones elegibles: las 25 universidades que conforman el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch) y los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales que estén acreditados y tengan una personalidad jurídica sin fines de lucro.

Según datos del Mineduc, además de estos planteles se sumarían las universidades privadas que cumplan con estar acreditadas por cuatro años o más, no poseer como integrantes de la corporación o fundación universitaria sociedades comerciales con fines de lucro y considerar representantes en sus estamentos estudiantil y/o funcionario en algún órgano de gobierno superior del plantel, de acuerdo con sus estatutos.

La propuesta indica que se mantienen todas las becas de arancel que existen hoy, disponibles para los estudiantes que no accedan a gratuidad por estar matriculados en instituciones acreditadas no elegibles o para estudiantes del sexto y séptimo decil de los planteles elegibles. También se mantienen las becas de mantención y alimentación.