Un momento de alegría, dentro de todo el sufrimiento que han vivido, es el que tuvo ayer la familia de Pablo Ramírez, cajero del Servipag quemado por delincuentes al interior de éste hace 6 días. Esto, fue luego que la operación que se le realizó para retirar el tejido necrótico de su brazo derecho, y posterior injerto, resultara un éxito.

Fueron cerca de 6 horas las que duró la operación que se le realizó al hombre de 34 años en el Hospital de la Mutual de Seguridad. Comenzó a la 8 de la mañana y terminó cerca de las 14 horas de ayer. Carolina Peña, esposa del trabajador, había expuesto que en principio se tenía contemplado sólo retirar el tejido necrótico y se vería si se le podía hacer un injerto, situación que se logró.

"Le injertaron el brazo derecho completo y ambas manos. Lo hicieron porque él lo resistió bien (…), es un hombre fuerte", expuso la cónyuge de Pablo Ramírez, quien aseguró que "hay que ver cómo evoluciona, pero los autoinjertos nunca son rechazados, estos fueron realizados con la piel de los muslos, pero si llegara a tener un rechazo, ojalá no, deberían intervenirlo de nuevo".

Carolina Peña contó que aún esta grave y conectado a un ventilador mecánico.

QUERELLA EN TRIBUNALES

Durante la jornada de ayer la familia de Ramírez se querelló en el Tribunal de Garantía de Talcahuano en contra de los dos imputados por el hecho, los hermanos Jorge Montecinos Pinto (27) y el menor I.M.P (17) por los delitos de robo calificado, homicidio frustrado e incendio. Ésta se une a las que ya han presentando la Gobernación de Concepción, en representación del gobierno central, y la Municipalidad de Hualpén.

El abogado de la familia, Renato Fuentealba, expuso que la acción es para solicitar el máximo de pena que contempla la justicia. En el caso del menor, la que tiene la ley de responsabilidad penal juvenil. "Estos son 10 años de internación en sistema cerrado, y la pena de presidio perpetuo calificado en contra de Jorge Montecinos", contó el jurista.

Fuentealba declaró que la presentación se sustentó en la conducta homicida que mostraron los dos imputados. Asimismo, expresó que se presentó una querella por el delito de incendio. "Estas personas (imputados) sabían que al interior se encontraba Pablo Ramírez y no dudaron en ningún momento de prender fuego a esta caseta de Servipag. Se ha hecho alusión a la alevosía y ensañamiento con la que actuaron los acusados. Intentaron generar un sufrimiento inhumano en la persona de Pablo Ramírez", contó Renato Fuentealba.

En tanto, Carolina Peña enfatizó que el objetivo de la acción judicial "es pedir justicia por el dolor, el daño, por la brutalidad con que atacaron a mi marido (...). El dolor causado de haberme despedido en la mañana, sin esperar que no iba a volver a verlo como lo vi ese día. Eso nos movió para presentar esta querella en contra de estos criminales".

MARCHA EN CONCEPCIÓN

Para generar conciencia de que no se puede seguir viviendo en torno a la delincuencia y que se deben modificar algunas leyes, la familia tiene pronosticado realizar una marcha por las calles de Concepción.

"Queremos convocar a todo Concepción, a todas las personas que han sufrido delincuencia (…), a que solidaricen con nosotros. El día lunes (10 de agosto), a las 12.30 horas, va a haber una marcha desde la Plaza España hasta la Plaza de Armas", contó Sigrid Ramírez, hermana de Pablo.

Educación pública, gratuita y de calidad era la música de las calles por el 2011 y aquello que aquél entonces deleitaba a buena parte de la sociedad, hoy, 2015, desafina en la torpeza interpretativa del gobierno de la Nueva Mayoría, ya porque se cierra, desconfiando de la gente y la democracia , ya porque sólo sabe recoger los intereses de sus cuestionados financistas.

Frente a este panorama, todos quienes hemos luchado por una reforma educacional legítima no podemos sino estar tristes, pero al mismo tiempo disponibles para seguir empujando su materialización. Gobierno: Ayúdenos a ayudar(nos) ¿Cómo?

Lo primero es lo primero: ¡Educación pública! Es en ella que todos y todas nos encontramos en tanto iguales, como ciudadanos y no como consumidores. Es en ella donde se forja la nación y reverbera la democracia. La educación pública es, además, el mejor crecimiento y la mayor seguridad ciudadana.

Su primacía en la consigna jamás fue azarosa ni meramente eufónica, sino un imperativo de construcción colectiva, de deliberación social y situada en un qué tipo de educación requerimos (qué profesionales necesitamos, para qué sociedad, dónde, en qué cantidad, etc), antes que de un cuánto financiamos (50%,60%) y a quién solventamos (Cruch, Privadas, etc).

Soliviar gratuidad y calidad, relevar criterios para recibir plata sin antes robustecer lo público, es simplemente poner la cortina para que no se vea el truco. Si de avanzar sin corporativismo se trata, este es el criterio madre y su silencio, hasta ahora, tan sintomático como injustificable.

Hablamos, en definitiva, de discutir colectivamente en democracia aquello que fue creado e impuesto por pocos en dictadura. De que lo que incumbe a todas y todos los chilenos no puede resolverse en cónclaves cerrados a la ciudadanía. Sólo con el concurso de todos los actores construiremos una reforma legítima, tan necesaria, sentida y querida por el país.

La oportunidad sigue existiendo, no debemos apagarla.