El ministro del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos, ratificó ayer el apoyo que brindará el Gobierno al proyecto de ley sobre control preventivo de identidad, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso, y reiteró el compromiso del Ejecutivo de reducir los índices de inseguridad en el país.

Tras encabezar una nueva reunión del comité policial en La Moneda, el jefe de gabinete sostuvo que el Ejecutivo "lo va a apoyar, es una indicación que vamos a presentar. No es exactamente la misma que se vio en la Comisión de Seguridad Pública, pero estamos abiertos a debatir".

"Vamos a apoyar una puesta al día del instrumento del artículo 85 del Código Procesal Penal", enfatizó.

Burgos manifestó la intención del Gobierno de bajar los índices de inseguridad ciudadana durante el "segundo tiempo" de la administración de la Presidenta Michelle Bachelet. "Mientras yo esté en este cargo, no voy a dejar un día de preocuparme de un tema central de los chilenos, que es la lucha contra los delincuentes", dijo.

"El sentimiento de inseguridad es un sentimiento que hay que atacar y la única forma es que la gente vea a las autoridades del área, que son muchas, trabajando de manera coordinada, por poco a poco ganarle espacios a la inseguridad, en eso vamos a seguir trabajando", añadió.

Consultado sobre qué cifra es la que busca La Moneda en esta materia, Burgos respondió que "yo no voy a a dar una cifra, porque seria atrabiliario de mi parte. Yo me quedaría contento con que la percepción de inseguridad de la gente baje".

"A mí lo que me interesa es que las personas de carne y hueso, los ciudadanos, los chilenos que viven en los más diversos barrios de las distintas regiones sientan que hay menos inseguridad, más allá de lo que digan las cifras", enfatizó.

El ministro se refirió también al concepto de "persecución inteligente" del delito, que dio a conocer Bachelet tras el cónclave oficialista. Explicó que se trata de "trabajar más coordinadamente y aprovechar las capacidades de nuestras policías".

Codelco informó ayer mediante un comunicado de prensa que presentará una querella contra quienes resulten responsables por los actos de sabotaje que ocurrieron en la División Ministro Hales, en la ciudad de Calama.

El recinto se encuentra ocupado ilegalmente desde el lunes por un grupo de contratistas y está operando con restricciones, puesto que según la empresa, los manifestantes cortaron una correa overland de transporte de mineral con el objetivo de detener la marcha de las operaciones.

EQUIPO FUNDAMENTAL

"Este equipo, que se encontraba con mineral cargado, es fundamental para toda la cadena productiva, por lo que su detención podría traducirse en una pérdida diaria de producción de aproximadamente 70 toneladas de cobre fino", indica el texto enviado por la gerencia de Comunicaciones de la empresa.

De igual forma, Codelco anunció que presentará un recurso de protección que busca proteger las instalaciones frente al ingreso ilegal de las personas a la faena.

Asimismo, la medida tiene como objetivo solicitar el abandono de los manifestantes bajo el entendido que éstos -en su deambular por las distintas áreas- se encuentran expuestos a los riesgos propios de una faena minera, donde pueden protagonizar accidentes e incluso poner en peligro su vida.

MESA INCOMPLETA

Codelco dio cuenta también que estos incidentes se produjeron mientras en Santiago se producía la primera sesión de la mesa de diálogo convocada por Agema (Asociación Gremial de Empresas para la Minería y Rubros Asociados), a la que acudieron ejecutivos de las empresas contratistas y Codelco en su rol de facilitador, y de la que se restaron los representantes de los trabajadores contratistas