Fueron más de 9 años los que la abogada Patricia Parra estuvo al frente al Programa de Derechos Humanos en Concepción y Chillán, período que en el que formó vínculo fraterno con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a quienes acompañó en la tramitación de causas que buscaban esclarecer la muerte de personas en régimen militar.
Tras su alejamiento, que se concretó hace pocos semanas, la abogada expresó que se encuentra descansando de la labor que mantuvo desde marzo de 2006 hasta fines de junio. Sin embargo, expresó con alegría que aún se mantiene ligada a la Agrupación de Familiares, quienes tras dejarla descansar unos días, ya se han contactado con ella para ver cómo está. "Me han llamado para saber cómo estoy, para juntarnos a tomar un cafecito, también para saber mi opinión respecto de lo que pasa en materia de derechos humanos, lo cual es muy alentador pues se mantiene la confianza y el cariño", expresó la jurista.
Parra quien trabajó en causas como, la reapertura por la muerte del intendente de Fernando Álvarez o el caso Alfa Carbón, entre otros casos, evaluó su paso por el programa de Derechos Humanos y habló sobre las complejidades que le tocó vivir para ver las innumerables causas que vio.
-Creo que más que la labor de una persona en particular, es la función del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública el que debe ser realzado. En ese sentido, debo ser clara en señalar que siempre se me apoyó en las opiniones y decisiones que adopté con respecto a la tramitación de los procesos criminales investigados (…). Considero que cooperamos de manera importante en la persecución penal de muchas causas; proponiendo diligencias, solicitando la reapertura de las mismas cuando, a nuestro entender, habían líneas de investigación que debían seguir desarrollándose y que, finalmente, terminaron con condenas de los responsables. Desafortunadamente, también se tuvo que asumir que hay indagatorias que, atendido el paso del tiempo, no pudieron concluir con condenas de los responsables, y se decretó el sobreseimiento temporal de ellas debido a la falta de elementos de incriminación.
-Ciertamente que la nula o poca colaboración de los responsables de los delitos por violaciones a los derechos humanos ha sido determinante para su lento esclarecimiento, esto, unido al hecho de que los familiares, en muchos casos, testigos presenciales de la detención arbitraria e ilegal van falleciendo, lo mismo que los testigos directos del encierro de las víctimas en los centros de reclusión.
-Considero que sí. No obstante, a mi juicio, son un cúmulo de factores los que conspiran a que la temática de las violaciones a los derechos humanos sea obviada en nuestro país, basta con recordar que en el Parlamento aún están proyectos de ley impulsados en el año 2009, a propósito de la recomendaciones de la ONU, que cuestionan el tratamiento legal que se da en nuestro país al tema de la tortura, y la vigencia de la ley de amnistía.
-Es difícil decir si se cumplió o no con las expectativas de los familiares. Cada familia de un detenido desaparecido o ejecutado político asumió su dolor y pena de manera particular, absolutamente legítima, frente al horror que se vivía (….). Lo que se ha hecho durante estos años es intentar establecer como Estado qué es lo que efectivamente ocurrió, quiénes fueron los responsables directos y/o mediatos de la materialización de una política gubernamental que utilizó la desaparición, muerte y tortura de muchos chilenos, como forma de terminar, primero, con toda oposición al gobierno de facto que se instauraba y, luego, facilitar la implementación de un sistema de inequidad que perdura hasta hoy.
-Si uno mira los crímenes cometidos durante la dictadura militar, desde una perspectiva puramente penal, claramente, puede decir que hay algunas más complejas que otras, tanto por la cantidad de víctimas afectadas o por el número agentes represivos involucrados- agentes estatales o civiles-, además del modus operandi empleado. Sin embargo, se debe insistir en que no estamos en presencia de un delito cualquiera sino ante crímenes de lesa humanidad, en donde lo más complejo ha sido y sigue siendo el paso del tiempo, período que el propio Estado dejó transcurrir amparando abiertamente la impunidad de los victimarios ante la alegación realizada desde el primer momento por muchos familiares, quienes confiadamente, incluso, denunciaron el secuestro o muerte de su cónyuge, hijo, hermano, pareja ante la justicia militar. Tiempo que dolosamente también es alegado por la defensa de los responsables como una manera de lograr su absolución, retardar la prosecución del proceso criminal, y/o derechamente, insistir en la rebaja de las penas, fundado en lo avanzado de la edad de muchos.
-Sólo con el nombramiento de los jueces con dedicación exclusiva a inicios de la década del 2000 y, seguidamente, con los ministros en visita extraordinarios comenzaron darse pasos sustantivos en el esclarecimiento de los delitos cometidos durante la dictadura, y el establecimiento de las responsabilidades penales. Es imposible desconocer que el accionar de un tribunal está dado por el sello que le dé el juez. Lo que uno reconoce, es que en la tramitación de las causas por violaciones a los derechos humanos que se tramitan en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción ha habido, desde siempre, preocupación por investigar con la mayor acuciosidad la desaparición o muerte de un sin número de compatriotas, y que el mérito del proceso sea garantía del debido proceso tanto a los familiares como, porque no decirlo, a los victimarios.
-El contenido de la expresión "sin perdón ni olvido" está dado por los familiares de las víctimas, toda vez que tiene que ver con la historia personal de cada núcleo familiar, con su manera de enfrentar la perdida, y el dolor vivido; a mí me correspondió como abogada la búsqueda de los elementos de incriminación que permitan lograr verdad y justicia, a objeto de que ello sirva para un "nunca más" en nuestro país.
