El convencimiento de que la educación técnico profesional es un elemento articulador para el desarrollo, es un elemento que nadie refuta. Existe consenso en el mundo público y privado que Chile tiene un déficit de cerca de 600 mil trabajadores con esta formación.

Este punto es trascendental: cuando los estudiantes son exitosos, los países prosperan y las sociedades se benefician. Son ellos los agentes de cambio que promueven y aseguran el crecimiento económico y social. La educación técnico-profesional les entrega las herramientas para transformar estos sueños en una realidad que impacta su entorno inmediato y asegura la prosperidad de nuestro país.

Sin embargo, hoy nos encontramos en un punto de inflexión. El anuncio del 21 de mayo pasado en relación a la gratuidad en la educación superior ha dejado una estela de dudas y preocupaciones a todos quienes tenemos un compromiso profundo con los estudiantes.

En una mirada rápida al impacto de lo anunciado, claramente vemos que los mayores afectados son los más de 90% de los estudiantes de carreras técnico profesionales, quienes verán cerradas las puertas a una vía de superación personal y profesional. Estamos hablando de hombres y mujeres que hoy son la primera generación de sus familias en acceder a la educación superior (70%) y que con gran entrega estudian y trabajan para acceder a una mejor calidad de vida (50%).

El crecimiento anual de la inversión estatal en educación superior casi se duplicó en 2010 producto del incremento del presupuesto asignado a becas y créditos.

Al dividir este gasto, entre el aporte que se realiza al estudiante y el que llega a las instituciones, se constata claramente que el crecimiento se produce por el incremento directo de ayuda a los estudiantes. El anuncio despoja de esta ayuda al quintil más vulnerable de los estudiantes técnico profesionales.

La definición de la gratuidad tal como se ha planteado expropia al estudiante de su derecho a elegir una educación de calidad en base a sus necesidades y expectativas.

Esta gratuidad solo tendrá valor si tiene un contenido que la haga instrumental para el desarrollo; y ese contenido es, sin lugar a dudas, la calidad y excelencia académica, certificada a través de procesos acreditación. Dejar a quienes buscan una opción en la educación superior técnico profesional sin alternativa de estudio, le quita todo valor a la gratuidad. Más aún, despoja al estudiante -y al país - del sueño de ser agentes de cambio.

En el fútbol y en el deporte en general, no hay nada mejor que la victoria. Pone a los deportistas en un sitial de privilegio; un país está en la vitrina mundial, los ciudadanos enfrentan la cotidianeidad de manera diferente, con ilusión, con alegría con entusiasmo.

Tras el paso de la selección nuestra en la Copa América a semifinales, ése es el ambiente, el sentir, el ánimo y la disposición. El hincha está contento y ya sueña con alcanzar esa meta que ha sido esquiva sempiternamente para el balompié nacional.

Mirando siempre las dos caras de la moneda, me parece que el análisis debe ser más fino, con un filtro mayor que el que hace el común asiduo al tablón. Lo ocurrido frente a Uruguay, sin duda que alegra, pero una vez más tenemos que lamentar situaciones antideportivas que no solo empañan un triunfo legítimo, sino que también ensombrecen la cultura de un país.

Buscar la exasperación del rival, la reacción violenta del contrario a partir de manoseos de las partes íntimas de un deportista me parece de baja estofa y más aún, cuando se trata de un acto repetitivo; fue le mismo, el que en actitud similar, hizo sacar de sus casillas a otro charrúa, Suárez, en una competencia anterior, buscando y logrando el objetivo a través de esta "viveza criolla" o "chispeza" como le llaman ahora.

No, no me parece, no me gusta, no estoy de acuerdo y lo reprobaré por siempre. Nos hemos querido pasar de listos en innúmeras ocasiones con las lamentables consecuencias que aún perduran: la adulteración de pasaportes de la selección que fue a Paysandú y el corte de Roberto Rojas para las eliminatorias del mundial de Italia '90, entre otras, aún nos pesan y no nos dieron ningún reconocimiento positivo en el orbe deportivo mundial, muy por el contrario.

Se podrán esgrimir muchos argumentos: que los uruguayos nos molieron a patadas, que el árbitro brasileño no tuvo la energía necesaria para detener el juego brusco, que la actitud rioplatense una vez más se puso en práctica para obtener dividendos a costa de nuestra supuesta ingenuidad deportiva, bien, pero nada justifica acciones como las vividas en el recinto de Ñuñoa.

Otros podrán decir, como lo escuché, las consabidas frases cliché de que los que no están de acuerdo "vayan a llorar a la iglesia" o bien "a reclamar a la Fifa", les respeto, pero no, por ningún motivo, algunos sacerdotes ya bastantes problemas tienen para intentar explicar acciones similares a las del futbolista chileno y los dirigentes del ente rector del fútbol mundial también están muy ocupados en buscar argumentos que convenzan a los oficiales del FBI de que han tenido un actuar recto en la dirigencia y manejo del deporte rey.

En una fiesta, no solo de fútbol, sino que de cultura, de hermandad, de sana competencia, la moral y la ética también debieran vestirse de corto para estar presente ante los ojos de todo el mundo.

En el marco de la discusión actual sobre el proyecto de ley de carrera docente, planteo tres puntos de conflicto que considero no han sido abordados directamente. Un primer punto de conflicto lo constituye la remuneración docente, la que se compone en la actualidad de 22 asignaciones.

Tal como está diseñado, el proyecto de ley de Política Nacional Docente solo contempla el aumento de la remuneración considerando la posición del docente en los tramos de desarrollo profesional que el proyecto propone (inicial, temprano o avanzado). Sin embargo, lo que debiera considerarse primeramente es el aumento del valor de la Rbmn (que para este 2015 alcanza poco más de $12.000 por hora). Incrementar este componente no parece tan inviable, ya que en una primera aproximación, aumentar este valor en un 66,6% real (es decir, hasta alcanzar los $20.000 por hora) le significaría al estado una inversión de poco más de 18 millones de dólares al año, lo que representa menos del 1% del total de presupuesto asignado a educación. Sería interesante abrir el debate en esta dirección, ya que un incremento como el que se propone podría contribuir al mejoramiento real de los salarios docentes.

Un segundo punto de conflicto se refiere a los incentivos docentes (o asignaciones por desempeño individual) vigentes en la legislación actual: la asignación variable de desempeño individual Avdi y la asignación de excelencia pedagógica AEP. Ambas asignaciones le significan al estado -de acuerdo a cifras del presupuesto nacional 2014- unos 38 millones de dólares. No obstante, a pesar del esfuerzo que esta inversión implica, al mirar las cifras de participación en ambos programas (que son voluntarios) se percibe un interés relativo por parte de los docentes. Con respecto a la Avdi, en la última versión se registró una participación de 8.709 docentes (poco más del 50% del total de los profesores habilitados para participar de este proceso), mientras que en la última versión de la AEP, solo participaron 2.294 docentes, de un universo mucho mayor, por cuanto en este programa pueden participar docentes tanto de establecimientos municipales como particular subvencionados. Diseñar mecanismos de incentivo a la participación en estos programas pareciera ser la ruta indicada. Ello implicaría crear estímulos para que tanto sostenedores como equipos directivos motivaran a sus docentes a participar de estos programas.

Por último, un tercer foco de conflicto -y que tampoco es mencionado explícitamente por el Proyecto de Ley- es la evaluación docente. De acuerdo al último Informe de la Ocde del año 2013 sobre la evaluación docente en Chile, se concluye, entre otras cosas, que debiera reforzarse el uso que se está haciendo de la información generada por este sistema, la que bien utilizada podría contribuir significativamente al fortalecimiento de las prácticas de los docentes. La evidencia muestra que los sistemas educativos más efectivos reconocen a sus docentes como actores clave, cuentan con adecuados mecanismos de incentivo al desempeño y ofrecen distintas opciones para el desarrollo profesional. Tal vez éste sea el momento para que Chile encauce sus políticas docentes en esa dirección.