Siss inició proceso para fijar tarifas a la sanitaria Essbio
Fijar las tarifas del agua potable es un proceso largo y complejo, y poco o nada es lo que los consumidores pueden para incidir en dicha fijación, porque en resumen este es un servicio, como muchos otros en este país, que es concesionado.
Actualmente, ese proceso se encuentra en plena fase de difusión para las regiones de Maule y Biobío, y por ello es que la superintendenta de Servicios Sanitarios, Magaly Espinosa Sarria, dictó este martes una charla informativa a representantes de juntas de vecinos y asociaciones de consumidores de toda la Región en el hotel El Araucano. Allí, explicó que la fijación de tarifas se realiza cada 5 años y ahora corresponde dictarlas para la empresa Essbio.
"Tenemos que recoger la información de esta región, de representantes de los consumidores. Nos llevamos las inquietudes que nos presentaron y que tienen que ver con una deficiente calidad del servicio", señaló la personera.
Dichas inquietudes concuerdan con los reclamos que se reciben habitualmente en la Siss contra Essbio y que tienen que ver más específicamente, con la calidad del agua potable.
Al respecto, afirmó que "en distintas comunas como Coronel o Florida hay turbiedad en el agua potable que está llevando el fierro y el manganeso depositado en las redes porque el agua natural tiene esos elementos y finalmente sale de un color amarillento o café. Eso tiene que eliminarse con un buen tratamiento del agua y reponiendo las redes que ya están con esos elementos.
Otros de los reclamos más frecuentes son los cortes del servicio por fallas o roturas y olores que se generan en las plantas de tratamiento, sobre todo en las de Concepción y, específicamente en la planta de tratamiento de aguas servidas de Hualpén.
La autoridad detalló que esta primera etapa, consistente en la publicación de las bases preliminares que ya fueron publicadas en el sitio web de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Siss) y distribuidas a las autoridades regionales el 5 de junio pasado.
Luego, la Siss dicta las bases definitivas y, posteriormente elabora un estudio tarifario. La empresa sanitaria también realiza el suyo respetando las bases que se dictarán ahora. A fines de marzo, hay un intercambio de estudios ante notario, quedando una copia para la empresa y otra para el notario. Después, dichos estudios se comparan; la sanitaria presenta sus discrepancias respecto del estudio de la Siss para intentar llegar a un acuerdo directo. Si no se llega a acuerdo se convoca a una comisión de expertos de tres miembros que resuelve las diferencias y cuyo fallo es definitivo. Después de eso se dicta el decreto tarifario.
"Ahora estamos partiendo por lo que es muy importante informar a la población de este proceso que va a fijar las tarifas que regirán desde septiembre del 2016 en adelante", explicó Magaly Espinosa.
Un cobro que resulta poco claro para los usuarios es el servicio de alcantarillado. Sobre eso, Magaly Espinosa precisó que cada tarifa refleja los costos de entregar ese servicio y en este caso se explica porque las redes de alcantarillado van 2,7 metros bajo tierra y las del agua van a 1 metro, lo que encarece todo el proceso de instalación.
La empresa da el servicio y la ley la faculta para tener una tarifa de autofinanciamiento, que le permita recuperar todos los costos de la inversión, porque esto es una concesión. La sanitaria con esa anualidad sí tiene la obligación de reponer redes si hay una falla y eso no va como tarifa adicional. No obstante, el consumidor paga un ítem que va en su boleta mensual que se llama costo de reposición.
El presidente de la Asociación de Consumidores de Concepción, Fojucc A.C., Pablo Rodríguez Arias, si bien destacó la presencia de la superintendenta en Concepción, planteó que este espacio es ilusorio y corresponde lisa y llanamente al ítem participación que deben gastar, porque la ciudadanía no tiene injerencia alguna en las tarifas que fija "y, aunque la superintendenta diga que el Estado protege los intereses de los ciudadanos, ha quedado en evidencia con los casos de corrupción y de cohecho que hemos visto, que esto no es así".
"Creemos que debería establecerse un fondo con aportes del Estad y las empresas para que aquellas agrupaciones de usuarios o consumidores, puedan pagar a expertos que elaboren estudios y pueda sentarse a la mesa de igual a igual a negociar y participar realmente en los procesos de fijación tarifaria".