Paro prolongado
El paro indefinido de profesores de la educación municipalizada, las ocupaciones de liceos en algunas ciudades y las marchas de protestas de hoy parecen ser una reedición de la situación del año 2011, cuando el conflicto estudiantil puso en jaque al gobierno de Sebastián Piñera.
En el caso de los profesores, incluso se ven los mismos rostros dirigiendo el movimiento, con planteamientos similares a los de hace cuatro años. Hoy protestan porque la reforma docente del Gobierno "sustenta el modelo educativo de mercado y enfatiza la competencia entre pares, basado en la desconfianza."
A veces cuesta entenderlo si se considera que los entonces líderes estudiantiles universitarios, que hace años se sentían excluidos del sistema político, gracias a encabezar el movimiento lograron darse a conocer, postular a las elecciones de diputados y hoy están instalados en el Congreso.
La reforma educacional que los jóvenes reclamaban no sólo fue diseñada y discutida, sino que ha sido aprobada y ahora está en curso de aplicación. En 2011 los dirigentes del alumnado alegaban que el gobierno de la época no era un interlocutor receptivo a sus demandas, pero el Ejecutivo actual ha hecho de la reforma educativa uno de los pilares de su programa y, también de su proyecto político. Entonces, resulta difícil incomprensible que el movimiento docente-estudiantil continúe con sus protestas y mantenga por más de tres semanas sin clases al alumnado, en jornadas que podrían radicalizarse en las próximas semanas.
A estas alturas, es imprescindible reclamar una actuación más firme del gobierno, considerando que una cosa es el derecho que tienen esos estamentos para expresar sus posiciones frente a la educación, pero otra es entender que la ciudadanía eligió a un gobierno para llevar adelante su programa y esto debe respetarse.
No es saludable establecer una especie de co gobierno, en el que llegarían a aplicarse los planteamientos de los que gritan más fuerte o ejercen más presión, mediante paros, marcha o tomas de colegios, que al final generan más dudas acerca del desempeño de la educación pública. El derecho a expresarse no da automáticamente la razón a quienes hacen uso de él ni a imponer sus ideas.