El paro indefinido de profesores de la educación municipalizada, las ocupaciones de liceos en algunas ciudades y las marchas de protestas de hoy parecen ser una reedición de la situación del año 2011, cuando el conflicto estudiantil puso en jaque al gobierno de Sebastián Piñera.

En el caso de los profesores, incluso se ven los mismos rostros dirigiendo el movimiento, con planteamientos similares a los de hace cuatro años. Hoy protestan porque la reforma docente del Gobierno "sustenta el modelo educativo de mercado y enfatiza la competencia entre pares, basado en la desconfianza."

A veces cuesta entenderlo si se considera que los entonces líderes estudiantiles universitarios, que hace años se sentían excluidos del sistema político, gracias a encabezar el movimiento lograron darse a conocer, postular a las elecciones de diputados y hoy están instalados en el Congreso.

La reforma educacional que los jóvenes reclamaban no sólo fue diseñada y discutida, sino que ha sido aprobada y ahora está en curso de aplicación. En 2011 los dirigentes del alumnado alegaban que el gobierno de la época no era un interlocutor receptivo a sus demandas, pero el Ejecutivo actual ha hecho de la reforma educativa uno de los pilares de su programa y, también de su proyecto político. Entonces, resulta difícil incomprensible que el movimiento docente-estudiantil continúe con sus protestas y mantenga por más de tres semanas sin clases al alumnado, en jornadas que podrían radicalizarse en las próximas semanas.

A estas alturas, es imprescindible reclamar una actuación más firme del gobierno, considerando que una cosa es el derecho que tienen esos estamentos para expresar sus posiciones frente a la educación, pero otra es entender que la ciudadanía eligió a un gobierno para llevar adelante su programa y esto debe respetarse.

No es saludable establecer una especie de co gobierno, en el que llegarían a aplicarse los planteamientos de los que gritan más fuerte o ejercen más presión, mediante paros, marcha o tomas de colegios, que al final generan más dudas acerca del desempeño de la educación pública. El derecho a expresarse no da automáticamente la razón a quienes hacen uso de él ni a imponer sus ideas.

La salud es uno de los temas prioritarios en todos los sondeos de opinión y aquel cuya gestión genera uno de los rechazos más altos en la población (74% según Adimark). La percepción en general es que el sistema de salud adolece de graves problemas, tanto a nivel de infraestructura como de gestión. Los pacientes se sienten postergados, abandonados y cansados de falsas promesas.

La deuda hospitalaria desde febrero a la fecha ha aumentado 90 mil millones de pesos. Hasta abril pasado, existía un total de 12.000 casos Auge incumplidos a lo largo del país y 1 millón 300 mil chilenos que esperan más de 120 días para ver a un especialista. Estos últimos problemas están, sin duda, íntimamente relacionados con el retraso en la construcción de hospitales en todo el territorio nacional. En su discurso del 21 de mayo, la Presidenta reconoció explícitamente el incumplimiento de su compromiso al asumir, que consistía en 20 obras terminadas, 20 en construcción y otras 20 diseñadas de aquí al final de su mandato, en marzo de 2018.

A esto se suman, por lo menos, 12 paros de los funcionarios de la salud.

Todo lo anterior, en un momento en que estamos próximos a enfrentar un nuevo invierno y encontrarnos con escenarios ya conocidos: consultorios y hospitales colapsados, falta de camas y episodios críticos. Lamentablemente, aunque esto ya es fácil de predecir, seguimos teniendo los mismos problemas.

Pero además de hospitales, faltan profesionales. Chile tiene un médico por cada 550 habitantes, cifra similar a países desarrollados, pero el sistema público tiene sólo un tercio de las horas médicas totales del país para atender a cerca del 80 % de la población.

En regiones, el problema es más grave aún, ya que existe una carencia importante de especialistas, lo que obliga a los pacientes a trasladarse a Santiago o a otras grandes ciudades, aumentando el costo de procesos que ya son dolorosos para cualquier familia. Así por ejemplo, al 2018 en la Región del Biobío, debieran incorporarse 372 médicos especialistas, en los cinco servicios de salud, para enfrentar el déficit actual, lo que es preocupante debido al progresivo envejecimiento de la población y la prevalencia de enfermedades crónicas.

Los pacientes no pueden seguir esperando. Se requiere abordar este tema con sentido de urgencia, para que ellos y sus familias enfrenten de manera rápida, oportuna y digna sus problemas de salud. Es una prioridad nacional, que debe abordarse con altura de miras y visión de Estado, sin que los enfermos deban verse afectados por cambios en las prioridades y políticas del gobierno de turno, porque siempre los más perjudicados por una mala gestión serán los chilenos más vulnerables, que no tienen la opción de elegir.