El anuncio de la Presidenta de otorgar gratuidad a los tres quintiles más pobres que ingresen sólo a las universidades del Cruch y a buena parte de los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT), podría ser comparado con esas fumarolas que emergen de un volcán y que anuncian una potente erupción que de seguir adelante, afectará gravemente a la educación superior de nuestro país. Y las razones son varias y poderosas.

En primer lugar, su arbitrariedad, pues selecciona a ciertas instituciones y excluye a otras, únicamente teniendo en cuenta su posición dentro del sistema, no su calidad. Es cierto que dentro del Cruch existen muy buenas universidades, pero también las hay de una calidad inferior; y al mismo tiempo, dentro de las universidades privadas existen, indudablemente, varias que dejan mucho que desear, pero igualmente hay muchas que superan a no pocas del Cruch. Y lo mismo respecto de los IP y CFT.

En segundo lugar, si lo que busca el proceso de acreditación de la educación superior es, entre otras cosas, transparentar el sistema y asegurar calidad, ¿de qué ha valido someterse a este escrutinio si ha pasado a ser un dato irrelevante al momento de asignar recursos por el Estado?

Es por eso, en tercer lugar, que los más desfavorecidos son los mismos alumnos vulnerables que no ingresen a las instituciones favorecidas. O sea, un alumno de estas características podría verse obligado a optar por una institución de menor calidad gratuita en vez de otra mejor.

En cuarto lugar, este financiamiento por parte del Estado terminará convirtiéndose en una peligrosa y nefasta válvula de presión. Ya se ha anunciado entre otras cosas, que para acceder a la gratuidad se deben congelar los aranceles, aminorar cupos y paralizar proyectos futuros, y varias otras exigencias podrían añadirse. Todo esto atenta contra la calidad y la autonomía de la educación superior, que como manifestación de la libertad de enseñanza y de pensamiento, son pilares fundamentales de cualquier sistema democrático.

Finalmente, y entre otras razones, la tentación de controlar la educación (como de hecho ya se está demostrando con las medidas señaladas) es demasiado poderosa y nefasta también para nuestro sistema democrático. Habría que ser demasiado ingenuo para no darse cuenta que una medida como la anunciada apunta directamente a la yugular del sistema de educación superior del país.

Todo lo anterior significa que los costos reales de este anuncio son mucho mayores que el tentador ofrecimiento que se hace solo para algunos, lo cual es lógico, puesto que nada es gratis en esta vida.

Más de 2.500 profesores marcharon la lluviosa y fría mañana del lunes pasado por la calles de Concepción manifestando su rechazo al proyecto de carrera docente ingresada por el gobierno al Congreso.

Según planteó la presidenta del Colegio de Profesores del Biobío, Olimpia Riveros, se le exige al gobierno abrir nuevamente una mesa técnica y con otros interlocutores.

La inquietud nacional de los docentes tiene su origen, principalmente, en la falta de participación con que se ha diseñado el proyecto. Si bien ha habido reuniones con profesores de todas las regiones, el gremio siente que la propuesta presidencial no recoge las inquietudes planteadas. Por su parte, los estudiantes esgrimen un argumento similar para marchar, a pesar del anuncio de la gratuidad realizada el 21 de mayo.

Parecido es -en otro ámbito- lo que ocurre con quienes trabajaron en la Comisión por la Descentralización, que ven con desilusión como se inicia el trámite legislativo de un proyecto muy alejado de las propuestas formales pedidas y entregadas.

Estos son tres ejemplos de una molestia que puede traducirse en: nos escucharon, pero no nos hicieron caso. De ahí la frustración y la falta de confianza.

Para los profesores el problema mayor tiene que ver con el Estatuto Docente, pues temen perder algunos de los beneficios para quienes trabajan en los municipios. También hay desacuerdo con las medidas de formación y con las evaluaciones constantes a las cuales debieran someterse para ascender en su carrera profesional. A juicio de los dirigentes del área, esto "distraería a los profesores de su labor cotidiana" y los obligaría a estar pendientes de sus calificaciones.

Existe consenso en la necesidad de mejorar la situación laboral de los profesores, principalmente en lo que respecta a sus rentas. Un maestro con 10 años de desempeño obtiene, en promedio, el 60% del sueldo de otros profesionales con similares formaciones y experiencias.

También urge mejorar la imagen social de los docentes. Sin embargo, las paralizaciones que dejan sin clases a los alumnos más vulnerables, no ayudan en esa dirección. Pero, qué hacer, la dinámica de las protestas públicas es un círculo muy difícil de romper.