"Difícilmente puedo informar a través de los medios de comunicación lo que se va a hacer con el comercio ambulante. No sería una buena estrategia", planteó el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, respecto al trabajo que se realizará durante las próximas semanas en la ciudad.

Aún así, la autoridad comunal entregó luces a Diario El Sur respecto a la estrategia que se aplicará en el centro penquista, que forma parte del plan comunal de seguridad que desde el año pasado se trabaja con la Subsecretaría de la Prevención del Delito y que espera mejorar la situación de la ciudad para los turistas que lleguen a propósito de la Copa América, cuyo primer partido se realizará el sábado 27 de este mes.

La estrategia está pensada a largo plazo y ya hay fondos asegurados para al menos tres años. Si bien la meta de erradicar completamente el comercio ilegal del centro es ambiciosa, Carabineros ya adelantó que habrá un refuerzo de sus funcionarios en las calles para que la ciudad esté más segura durante el evento deportivo.

"Nuestra institución ha adoptado una posición sumamente clara y definida sobre los controles que se llevarán a efectos de evitar que la ciudad tenga un aumento de este tipo de comercio", contó John Polanco, comandante y comisario de la Primera Comisaría Concepción.

No es por Copa América

La idea es despejar el centro. Sobre todo ahora que se han trabajado los paseos peatonales de Barros Arana y Aníbal Pinto. Para eso se está haciendo un trabajo coordinado con diversas instituciones, principalmente Carabineros y PDI.

El perímetro a intervenir considera las calles Los Carrera-Rengo-San Martín y Tucapel. "El mayor grado de concentración del comercio ilegal se radica en los ejes Barros Arana-Aníbal Pinto y Caupolicán-Rengo", detalló el jefe comunal. Esto incluye uno de los lunares negros del casco histórico de la ciudad, y que corresponde a las pescaderías que hace años funcionan en calle Caupolicán.

"Todo se está abordando como plan integral del centro. No es por Copa América", aclaró el alcalde.

Una de las primeras medidas sostenidas por la autoridad comunal, se comunicó, fue mantener el número de permisos precarios existentes (para personas que presentan algún grado de discapacidad), los que llegan a 233.

Desde el municipio se dijo además que en la última sesión de Comité Operativo de Seguridad -quien arma y visa el plan- se expuso un diagnóstico, realizado en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esto se hizo en el marco del programa Cascos Históricos y Barrios Cívicos, ligado al plan de seguridad, y que considera una inversión de $90 millones. Este dinero, entre otras cosas, se destinará a mejorar el equipamiento de las cámaras municipales de televigilancia de la Cenco, que controla Carabineros, el reordenamiento de los permisos precarios que ejercen en el comercio los discapacitados y la recuperación de espacios públicos compartidos por comerciantes establecidos, residentes y la población flotante de la ciudad.

Para la fiscalización se solicitó el apoyo de la Policía de Investigaciones, a través del Departamento de Extranjería de la Gobernación Provincial, quienes revisarán a personas que ingresaron en condición de turista y que, aunque no tienen permiso para desarrollar ninguna actividad comercial o laboral, están ejerciendo comercio informal.

También contarán con la ayuda de Carabineros, que tiene la facultad de ejercer control de identidad y decomiso de productos.

El alcalde solicitó a la Dirección de Protección Civil que elabore una propuesta que incorpore al Departamento de Rentas y Patentes y al Juzgado de Policía Local, con el objetivo de que estas tres unidades puedan establecer acciones concretas desde sus áreas de competencia.

Debido a la proliferación de venta de frutas y verduras en carritos de supermercado se reforzaron las fiscalizaciones y operativos, se realizó una reunión con el Presidente de la Cámara de Comercio de Concepción y los gerentes de supermercados para que se hicieran parte de la denuncia por delito de receptación de los carros que son de su propiedad.

Ayuda de todos

Según el alcalde Ortiz, lo que se ha implementado del plan ya está dando resultados. Éstos se traducen en una disminución del comercio ambulante en parte importante del centro, como paseos peatonales, San Martín, Barros Arana, Rengo y en el perímetro del Mercado, principalmente.

"Históricamente ha habido medidas que se han planteado como soluciones, como por ejemplo la construcción de centros como el Gigantesco, que acogió a un grupo importante y sin embargo, la actividad ilegal se vuelve a generar", manifestó Ortiz. Recalcó que el trabajo de fiscalización y control debe complementarse con el de la ciudadanía. "Porque estos vendedores existen y existirán mientras haya personas que compran. Ninguna medida es efectiva por sí sola", aseveró.

Esa misma idea fue planteada ayer por el intendente Rodrigo Díaz, la gobernadora de Concepción, Andrea Muñoz y la directora regional del Sernac, Damaris Hernández. Esto, en el contexto de una actividad de Copa América.

Las autoridades, en el domo instalado en la plaza, pidieron a la ciudadanía recurrir al comercio establecido. Esto, entre otras cosas, les da la ventaja de contar con garantía en caso que algún producto o servicio no cumpla con las expectativas.

En tanto, el comandante Polanco dijo que se estableció una alianza estratégica con la Cámara de Comercio para entregar información a la ciudadanía.

Fueron 5 las causales que la Defensoría Penal presentó ayer en los alegatos que se realizaron en la Corte de Apelaciones de Concepción y que buscan anular el juicio que condenó a Emilio Berkhoff a 5 años y un día por los delitos de porte de arma de fuego y municiones.

Durante más de una hora, tanto el Ministerio Público como la Defensoría alegaron sobre la solicitud que hizo este último, de dejar sin efecto la sentencia que emitió el Tribunal Oral de Cañete a fines de marzo de este año.

El defensor público, Jaime Pacheco, sostuvo que la mayoría de las causales interpuesta en el tribunal de alzada penquista denuncian deficiencias en el razonamiento que tuvo la entidad judicial para ejercer su veredicto y posterior sentencia. Estas estarían dadas porque los jueces no valoraron íntegramente todas las pruebas y porque se consideró una prueba que no se exhibió en la audiencia, situación, a entender del jurista, que es irregular.

"La Fiscalía incorporó un disco duro, pero en la audiencia del juicio no se exhibió en ninguna parte el contenido de éste. No obstante, la propia ley señala que en caso de grabaciones o medios audiovisuales, estos deben ser reproducidos", contó Pacheco.

La denuncia en específico sobre este tema radica, como lo sostiene el defensor, en que "el tribunal en una actividad que está vedada, dio oficio, inspeccionó y obtuvo información de ese disco duro, la que posteriormente utiliza para sostener que Emilio (Berkhoff) portaba las armas con una determinada finalidad".

En tanto, el fiscal Álvaro Hermosilla consideró que lo que llevó al Tribunal de Cañete a dictar sentencia fue que los ilícitos imputados a Berkhoff fueron detectados en flagrancia. La decisión de anular o no el juicio quedó fijada para el 19 de junio a las 11 horas.

Cabe recordar que Emilio Berkhoff fue absuelto de diez delitos, entre los que están robo con intimidación e incendios.

Pacheco aclaró que si se considera la mayoría de los fundamentos de causales se podría hacer un nuevo juicio, pero si se toma una sola, eventualmente podría dar a lugar a que se dicte una sentencia de remplazo.

Con una suspensión de casi 6 horas, ayer se inició en el Tribunal Oral de Concepción el juicio contra 5 personas, imputadas por porte de elementos incendiarios y desórdenes públicos en dos hechos acontecidos en octubre de 2013 y abril de 2014.

El retraso de la audiencia se debió a que uno de los acusados no llegó al inicio de ésta, la que estaba programada a las 8.30 horas de ayer. Esto llevó a que jueces de la primera sala del tribunal decidieran emanar una orden de arresto en contra del joven identificado con las iniciales J.M.B.G. No obstante, esta acción no fue necesaria, ya que llegó cerca de las 13 horas, dándose inició al juicio.

En cuanto a los hechos que se investigan, el fiscal Carlos Palma expuso que son 11 testigos y 2 peritos los que presentarán para acreditar la responsabilidad de los imputados en los hechos acontecidos el 12 de octubre de 2013 y 22 de abril de 2014, en medio de una marcha universitaria.

"Hay una prueba pericial química, ya que tuvimos acceso a las bombas molotov. Hay pruebas audiovisuales, ya que en el lugar existían cámaras que grabaron los hechos", explicó el jurista.

Además, informó que también tienen como medio de prueba las escuchas telefónicas que dan cuenta que existía una coordinación de éstos para realizar las acciones investigadas.

NO HAY PARTICIPACIÓN

Tanto el abogado defensor, Juan Ignacio Lafontaine, como el jurista Manuel Montiel, que defiende al profesor de Antropología de la UdeC involucrado en los hechos, argumentaron que el Ministerio Público no cuenta con las pruebas suficientes que acreditan la responsabilidad de los imputados en los delitos investigados.

"Las pruebas de la Fiscalía no acreditan participación de ninguno de los representados", sostuvo Lafontaine.

En tanto, Montiel declaró que "mi representado está amparado en la presunción de inocencia, por lo que las pruebas deben ser contundentes para demostrar, más allá de toda duda razonable, que él cometió un delito, pero pensamos que las pruebas no son contundentes".

Asimismo, el defensor público sostuvo que hubo ilegalidad en la investigación de Fiscalía, ya que las escuchas telefónicas se realizaron bajo el alero de la ley de inteligencia.

"Ésta establece facultades para recolectar y analizar información, pero no para ser utilizada para la persecución penal", contó Lafontaine.

Este argumento es rechazado por el fiscal Palma, aludiendo a que se ajusta a derecho y que esta acción ha sido avalada a través de fallos emitidos por la Corte Suprema.

Cuatro de los 5 imputados arriesgan condenas de 5 años y un día por el porte de elemento incendiario y 541 días por desordenes públicos. En tanto, J.M.B.G, arriesga de 3 años y un día por el primer delito, y 61 días por el segundo.