Tras décadas de estar operando, Canteras Lonco S.A. interrumpió sus funciones ayer tras ser clausurada por la Municipalidad de Chiguayante, luego que se confirmara que la empresa extractora de áridos no cancelaba hace tres años la patente para funcionar.
Lo informado desde la casa edilicia es que dos veces se ofició a los dueños de la Cantera para que entregaran la documentación, que tenía relación con los permisos de extracción y pago de patentes. Estos antecedentes nunca fueron entregados, por lo que se procedió al cierre del giro comercial.
La deuda por no pago de patente llega a los $69 millones, ya que cada año se debe cancelar $23 millones por este concepto.
Cabe recordar que los cuestionamientos a la empresa partieron con las quejas de los vecinos debido al traslado de los explosivos, el tránsito de camiones entre otros, lo que generaba peligro constante para los propietarios del sector.
SUPERINDENTENCIA
INVESTIGARÁ
Tras el cierre de la Cantera, ayer la gobernadora de Concepción, Andrea Muñoz, se reunió con el seremi de Medio Ambiente, Richard Vargas, y los vecinos que levantaron la denuncia.
"Quedamos con los vecinos de reunirnos periódicamente para informarles del avance en las distintas áreas que hemos solicitado a las autoridades fiscalizar. También le solicitamos al municipio de Chiguayante que se nos informe sobre las acciones que ha desarrollado en el proceso de clausura de la propia empresa", contó la autoridad provincial, quien sostuvo que se fiscalizará a otras empresas para determinar si están cumpliendo la normativa.
Por su parte, el seremi de Medio Ambiente comentó que "la Superintendencia (de Medio Ambiente) está actuando con todos los servicios mandatados con competencia ambientales para que eleven los informes, de tal forma de constituir un expediente que permita resolver adecuadamente la situación del ingreso o no al Sistema Evaluación Ambiental (SEA) de Canteras Lonco".
La autoridad ambiental, sin ser explícito, sostuvo que la empresa no podría operar sin la determinación de que la actividad comercial debe o no ingresar al SEA, lo que tardaría en conocerse en tres meses, cuando la Superintendencia emita su resolución.
Por su parte, los vecinos que se mostraron satisfechos con la clausura y con la mesa de trabajo, expresaron que la empresa debe cumplir los protocolos ambientales establecidos.
En cuanto a iniciar acciones legales, "no descartamos ninguna acción legal mientras tengamos los antecedentes y pruebas necesarias", sostuvo Felipe Urbina.
