Todo esfuerzo gubernamental por crear condiciones que mejoren la profesión docente en Chile debe ser valorado, pero es menester analizar en su mérito las materias legislativas que la posibilitan. El informe Mckinsey (2007) destacaba que "la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes". Esta es una razón política y moral más que suficiente para hacer todos los esfuerzos económicos y financieros que sean necesarios para poner a los docentes en lo más alto de las actividades profesionales que han de llevar al país a su pleno desarrollo humano y no a mero crecimiento económico. Esto nos ha de llevar a pensar qué es primero: desarrollo profesional docente y/o carrera profesional?

Daremos unas ideas que justifican ir primero por la profesionalidad docente y después, tal vez, una carrera, si es que sea necesaria para el objetivo final de mejorar la calidad de la educación en nuestro país.

¿Qué podemos aprender de los sistemas escolares más exitosos del mundo? Por ejemplo, que existen acuciosos procesos de selección de postulantes (1 de 10) para dejar sólo a quienes tienen talento pedagógico; que existen altos incentivos económicos para atraer a esos talentos pedagógicos que se ponen al inicio de su carrera y que están a la altura de las profesiones liberales; que la formación está encargada a instituciones que tienen como único fin la educación y no dependen de un mercado de matrículas; que una vez formados, los docentes noveles tienen un entrenamiento mínimo de 20 semanas en las escuelas a donde han sido destinados, la experiencia es esencial; que cada docente destina un 10% de su jornada laboral a su desarrollo profesional, cursos, talleres, seminarios, etc. (está dentro de su contrato); que los docentes visitan regularmente a sus pares con fines de observación y entrenamiento, trabajo colectivo; que los mejores docentes son seleccionados como líderes escolares (y no constituyen una casta de expertos); que se destina un presupuesto anual equivalente a US$50 por estudiante para que los docentes investiguen en mejorar su propia instrucción (¿y en Chile?); que en cada escuela se trabajan colectivamente debilidades y fortalezas (Y en Chile?); que el financiamiento y el apoyo institucional se concentra donde pueda haber mayor impacto y no se le entrega a todos lo mismo como sucede en Chile (asistencia).

Muchas cosas se podrían haber implementado en Chile con el propósito de optimizar el desarrollo profesional docente, como las realizadas en aquellos países que aprendieron que había que poner como criterio la calidad y no la cantidad. Y lo primero es refrendar un compromiso público con la educación y sus docentes, estableciendo un nuevo trato con ellos y que se establezcan universalmente contratos de trabajo por jornadas de 44 horas, y no por horas como lo que sucede hoy en donde menos de un 10% de los profesionales de la educación tiene jornada completa.

Aladino Araneda Valdés

Académico

Facultad de

Educación

Ucsc

La Agencia de Calidad de la Educación, al entregar los resultados del Simce 2014, ha destacado la importancia del buen clima de convivencia escolar. Ha dicho que es el factor que más influye en los resultados de aprendizaje de Lectura y Matemática. El secretario ejecutivo de la Agencia ha dicho que "mejorar el clima de convivencia y la experiencia subjetiva de los estudiantes en la escuela, es un bien y tiene el beneficio adicional de contribuir a mejorar los resultados de aprendizaje de todos los establecimientos educacionales, especialmente los más vulnerables del país".

No obstante, no ha sido fácil para la política pública educacional chilena, llegar siquiera a afirmar, la relevancia fundamental del buen clima escolar. Se ha estado muchísimo tiempo, por diversas razones, completamente obsesionados con el rendimiento de nuestros estudiantes, sin cuidar de manera tan clara elementos que debieron estar siempre considerados dentro de una comprensión compleja de la calidad educativa. Hay múltiples dimensiones, tal vez mucho más importantes que los resultados académicos, que nos muestran con mayor claridad lo que debiéramos entender por calidad en la educación de nuestros niños y jóvenes.

En este sentido, junto con destacar este avance, es necesario advertir algunos desafíos no menores de sistematicidad y coherencia, así como de contenidos, que urgen para que la sana convivencia y el buen clima escolar, sigan alimentando la experiencia educativa que los estudiantes tienen en el sistema escolar.

Urge, por ejemplo, dar un sentido de unidad concreto y práctico, sobre todo para el profesor y para los directores, de todos los esfuerzos que la política ha ido orientando en estos años en vistas a la mejora de la convivencia escolar. La ley general de educación, el marco para la buena enseñanza, el marco para la buena dirección, la ley de violencia escolar, la ley de aseguramiento de la calidad y, los otros indicadores de calidad educativa, todos ellos, contienen elementos que tributan al mejoramiento del clima escolar. Sin embargo, es clara su falta de coherencia y actualización, sus tensiones internas, así como a veces su ineficacia pedagógica que los profesores y directores resienten.

¿Qué es el buen clima escolar? No existe una definición exacta y unívoca, sobre todo si consideramos que las investigaciones en clima escolar tienen al menos en Estados Unidos, más de cien años de existencia. Sin embargo, en general podemos decir que se trata de la percepción colectiva y del juicio que tienen los padres, los educadores y los estudiantes sobre su propia experiencia de la vida y del trabajo en la escuela. Es una definición realizada por el National School Climate Center de Nueva York, liderado por Jonathan Cohen, y que es ampliamente aceptada.

En esa percepción, hay una evaluación de las relaciones interpersonales, del respeto a la diversidad, de las decisiones pedagógicas vinculantes, de la participación estudiantil, y de la gestión de la disciplina escolar, por una parte. También, la valoración por el aprendizaje, por la creatividad exigida y por la pedagogía de los profesores.

Daniel Tello

Académico Facultad de

Educación Universidad de Concepción

Hace poco más de una década se verificó en el país un simposio internacional relativo al rol de las plantaciones forestales en el manejo sustentable de los recursos, y donde Chile fue el único que presentó dos posiciones nacionales: una del sector privado y otra del sector público, y donde ambas tenían diagnósticos, proyecciones y propuestas diametralmente diferentes.

Esta disociación temprana -la misma que hoy muchos sectores económicos enfrentan- explica porqué ha sido tan difícil para muchos grupos sentir como "propios" los éxitos de un sector que representa al segundo exportador del país y el primero basado en fuentes renovables.

Un sector dividido generó desconfianzas y muy bajo capital social -quizás la fuente más importante en la construcción de una economía sofisticada-, y ello explica porqué el sector forestal fue excluido de las diferentes estrategias de desarrollo que se promovieron desde el Consejo Nacional de Innovación y de Corfo desde hace una década. Salvo ciertos temas "spot" (securitización forestal, certificación, biotecnología), no existió una línea de acción anclada en una visión o política sectorial ampliamente compartida y la conexión del quehacer privado con la estrategia-país de desarrollo se debilitó en forma progresiva.

Durante el 2014, las nuevas autoridades de Corfo emprendieron un nuevo enfoque de "especialización inteligente", donde adquiere mayor relevancia la potencia de los encadenamientos que se generan al interior de cada sector, y las brechas potenciales que se pueden cerrar venciendo asimetrías de información, fallas de coordinación o la provisión de servicios no transables con economías de escala. Por vías independientes Corma y Pymemad plantearon a Corfo la necesidad de incorporar al sector forestal a este nuevo enfoque de promoción y en un tiempo récord se realizaron visitas a diferentes actores que permitió comprobar que existía un sustrato fértil para construir una estrategia conjunta y comprehensiva.

El nuevo Programa Estratégico Meso-Regional de la Industria de la Madera tiene como objetivo permitirle al sector alcanzar su potencial de creación de valor, con particular énfasis en los problemas de abastecimiento de madera, aumento de la productividad de la industria primaria de procesamiento -fundamental para la competitividad de la pyme maderera-, y diversificación de los mercados de destino de la producción forestal, con un énfasis particular en la penetración de la madera como un material preferente de construcción en Chile.

Hoy participan, además de Corma y Pimemad, Iinfor, Conaf, el Ministerio de Agricultura, Minvu, ProChile, los representantes de las Mesas Forestales Regionales, la Universidad de Concepción, la Universidad del Bío Bío, la Universidad de Talca, la Universidad Mayor, ProNitens, Aprobosque, Cámara Chilena de y representantes de Innova y Corfo.

Aldo Cerda

Presidente

Programa

Estratégico

Corfo

De acuerdo a los principios de transparencia y derecho de acceso a la información pública que rigen la actuación del Consejo para la Transparencia, éste resolvió recientemente, mediante su intervención en dos casos, que la Superintendencia de Seguridad Social (Suseco) entregase a la institución de salud que así lo solicite una copia de las resoluciones con las sanciones que se hayan aplicado a los médicos por mal uso en el otorgamiento de licencias médicas.

Como organización que lleva 6 años combatiendo el fraude en el sistema de salud y promoviendo el buen uso de las licencias médicas, consideramos necesario que rija la transparencia y el acceso a una información exigible y disponible en materia de licencias médicas fraudulentas. De igual forma, consideramos que todo usuario del sistema de salud debiera poder consultar qué médicos han sido y están actualmente sancionados por la Superintendencia por haber cometido hechos que vulneren las normas de la ley que regula el buen uso y otorgamiento de licencias médicas.

Esta información, tanto para usuarios como para instituciones de salud, es muy relevante ya que es la única manera de saber qué medico está habilitado o no para otorgar licencias médicas. Muchas veces los médicos no cumplen con su obligación de informar de tal prohibición a sus pacientes y les otorgan licencias, vulnerando así no sólo la ley sin no que también principios morales y éticos ya que es el paciente quien luego podrá verse perjudicado sin considerar que el otorgamiento de licencia en dichos períodos, genera poder ejercer acciones en contra de dichos médicos para que sean ellos quienes se hagan cargo de reembolsar lo pagado por las instituciones (públicas o privadas).

Lo más lamentable de esta problemática es que los afectados por el uso de licencias médicas fraudulentas son todos los usuarios del sistema de salud, sobre todo la gente honesta aquellos quienes están realmente enfermos. Este mal uso provoca pérdida de recursos que incluyen el 7% de cotizaciones de todos los chilenos y que, en vez de destinarse a mejorar la salud, son utilizados para pagar licencias médicas fraudulentas.

Rodrigo

Varela

Fiscal de

Inmune