En Chile, seis de cada diez adultos padece una enfermedad crónica, panorama complejo que implica un alto costo para el Estado y que exige soluciones integrales que consideren el concurso de diversas instituciones. Un panorama que se irá agudizando no sólo por el envejecimiento de la población, sino además por los hábitos de vida poco saludables que no han podido ser erradicados, como los altos índices de obesidad, alcoholismo y sedentarismo que registra el país.

Se suma la escasa comprensión que un porcentaje importante de la población tiene de las indicaciones del personal de salud. Está demostrado que las personas con menor nivel educacional no entienden las explicaciones de médicos, enfermeras ni los folletos de los fármacos. Ello genera escasa adherencia a los tratamientos y muchas veces la automedicación, que agrava los cuadros y disminuye la calidad de vida de los pacientes.

Frente a esta realidad no basta con mejorar las atenciones sanitarias. Es necesario fortalecer los programas de educación que permitan que las personas se hagan cargo de su salud, cambien hábitos e implementen acciones para prevenir enfermedades. De este modo, ante la disyuntiva de si aumentar la oferta de establecimientos de salud en la Región o potenciar los programas de prevención que disminuyan la demanda, este último camino es el adecuado, pues generará mayores réditos a largo plazo. En ese contexto, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la USS, diseñó el programa Paciente Empoderado, que -con el patrocinio de la Unesco- tiene por objetivo desarrollar en los enfermos crónicos la capacidad de comprender la información que reciben de parte de los equipos sanitarios.

Este programa, que ya se ha aplicado en comunas de la Región Metropolitana y que pronto se implementará en la Región del Biobío, cumple con las expectativas que uno pudiera esperar de una iniciativa universitaria. Primero da respuesta a un problema concreto de la población y favorece a personas de segmentos socioeconómicos menos favorecidos, cumpliendo un notable rol social.

Las universidades tienen el deber de aportar al bien común de las localidades donde están insertas. Y así lo han hecho todas aquellas instituciones que, desde su creación, han cumplido un rol público. Asimismo, los programas de vinculación con el medio logran no sólo beneficiar a las comunidades donde se implementan, sino además aportan a la formación de los estudiantes que viven, desde su etapa formativa, la realidad que les corresponderá enfrentar cuando salgan al mundo laboral. Vincularse con el medio está en la esencia de los proyectos educativos que han asumido la responsabilidad de ser un aporte al país. No es un indicador más de calidad, sino que el compromiso que las instituciones universitarias tienen con el país, su desarrollo y el bienestar de su gente.

Luego de años de análisis el Gobierno firmó el decreto que impulsa la unión de los sistemas Interconectado Norte Grande (Sing) y Central (SIC), con el objetivo de establecer un solo sistema desde Arica hasta Chiloé. Con ello, se busca optimizar su funcionamiento y estabilidad, además de agregar competitividad al mercado y reducir los costos de la energía, tanto a nivel domiciliario como industrial.

Hasta ahora, Chile se encuentra dividido en términos de generación y distribución eléctrica. En el Norte, el Sing abarca las regiones desde Arica hasta Antofagasta, teniendo su extremo sur en Taltal. Desde Atacama a Chiloé, el SIC se encarga de abastecer de energía al país. Esta separación también marca diferencias respecto a la generación eléctrica.

En el norte prima la generación térmica y avanzan las Energías Renovables no Convencionales, con el sol a la cabeza. En el sur, la generación hidroeléctrica tiene una participación fundamental, pero al mismo tiempo, hoy más sensible. En cada uno de los casos existen potencialidades y también debilidades, que pueden ser cubiertas gracias a la unión entre ambos sistemas. Sin embargo, este mismo hecho no ha estado exento de desafíos, los mismos que tuvo este proyecto en discusión durante años, desde que fuera una idea, hasta que se transformara en una propuesta técnica concreta. Pero una vez superados los estudios y discusiones de carácter técnico, el proyecto se encuentra ya en condiciones de ser una realidad. La ejecución está en manos con un horizonte hacia el año 2017.

En términos prácticos, uno de los principales beneficios sería la baja en las tarifas eléctricas, la que se aplicaría no sólo para los clientes domiciliarios, sino que también para los industriales.

Siendo que la energía es uno de los insumos que más interviene en la competitividad de industrias como la agricultura o la minería en nuestro país, iniciativas que permitan no sólo estabilizar la oferta de energía sino que además, hacerla más competitiva, debiera tener necesariamente impactos positivos para todos los consumidores. La posibilidad de interconectar sistemas eléctricos es un avance importante para enfrentar la demanda energética, y en el futuro podría incluso pensarse en conexiones más ambiciosas con los países vecinos. Hoy es un asunto complejo, pero necesario.