Se ha informado que la Región del Biobío tiene 56 proyectos del área energética que cuentan con aprobación ambiental para instalarse en las cuatro provincias, que representarían una inversión de 7.000 millones de dólares. Los más grandes son el Complejo Termoeléctrico Santa María II y la Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad, ambos de Coronel.

La Región es fuerte proveedora de energía hidroeléctrica, pero los proyectos más grandes mencionados van por la producción de termoelectricidad. El hecho de que existan 56 iniciativas aprobadas no significa que todas lleguen a concretarse. Sin embargo, es muy necesaria la inversión en este campo, si se considera que el consumo de electricidad por persona crece a una tasa de 5% anual. En la Provincia de Biobío se instalarían más de 20 centrales, no de gran tamaño, la mayoría del tipo hidroeléctrico. De concretarse, los nuevos proyectos permitirían un aumento de más de 3.000 megawatts de potencia al Sistema Interconectado Central (SIC).

Centrales hidroeléctricas y térmicas son las más interesadas en instalarse, aunque las autoridades apuestan por la utilización de Energías Renovables no Convencionales (Ernc), con el fin de aprovechar las condiciones geográficas en cada zona del país y a la vez diversificar la matriz energética, ya que se busca llegar al año 2020 con un 20% de Ernc, es decir, aquellas en los que el sol o el viento cobran un rol protagónico.

Pero los nuevos escenarios están dados tanto por los desafíos como también por el comportamiento en los precios de los combustibles, las tecnologías para la generación y la demanda energética. La creciente demanda, por ejemplo, ha hecho que Chile mantenga hoy más de una veintena de centrales térmicas, entre proyectos y consolidadas, ya sea con carbón o multicombustibles. La paulatina disminución de la demanda de carbón por parte de los países desarrollados ante sus efectos ambientales, ha encontrado la respuesta en el tercer mundo, que ha incrementado sus requerimientos. Su uso se ve también alentado por la baja en su precio, paradoja que se da ante los bajos costos de explotación.

Lo cierto es que la demanda de energía, tanto a nivel minero, industrial y doméstico, hace necesario estimular la inversión en este campo, considerando que es un factor vital para abordar el desarrollo del país.

El año 2000 circuló un documento del Ministerio de Educación en el cual se diagnosticó, pronosticó y se presentó una probable solución al problema económico del Estado para cumplir con la creciente demanda por educación superior. En ese momento había 400.000 estudiantes. Hoy, hay más de un millón. El Fisco no disponía de recursos para ello. Se ideó un método de financiación sofisticado que fue crear una agencia de financiamiento centralizada que se cubriría con emisión de bonos securitizados. Fue un documento difícil de entender, se necesitaba conocimientos finos de economía, finanzas y gestión.

Esas proposiciones generaron protestas, marchas y discursos con frágiles argumentos e incomprensión del problema. Era un método novedoso. Con concepciones de finanzas se pretendía controlar aranceles e introducir un sistema que, teóricamente, mediría la calidad de universidades. Obviamente, sin conocer esos conceptos un discurso emotivo fue de fácil introducción: se privatizaría el sistema. Una confusión conceptual y operativa de inicio a fin. Era al revés.

Posteriormente hubo algo de avance que terminó en una reunión con forzados brazos en alto. O sea, emotividad por sobre la argumentación analítica del problema.

En un gobierno posterior, el presidente emite una desafortunada frase conceptual. Indicó que la educación es un bien de consumo. Se obvió toda la concepción de teoría del capital humano. En su beneficio hay que señalar una definición, en economía, que separa el consumo en consumo presente y consumo futuro. El primero es cuando un bien se extingue rápidamente con su propio uso y el segundo es inversión pues se deja de consumir hoy para consumir mañana a cambio de invertir hoy. Pensemos que esa era la idea del emocional discurso.

El paso siguiente, en el gobierno actual, se genera una nueva idea a partir de la confusión conceptual del anterior. Se define que hay un paradigma: la educación no es un bien de consumo sino un derecho social. Nuevo laberinto. La educación es inversión y que necesita financiamiento y también es un derecho pero paralelamente con deberes, o sea un enfoque matricial, no paradigmático ni tampoco en blanco o negro.

De por medio apareció otro atractivo discurso. La educación gratuita. Hoy se está en esa fase de enredo conceptual y enfrentando la realidad ¿Cómo se financiará tal discurso? Se señaló que una reforma tributaria tendría ese objetivo, pero ya parece que eso está sobrepasado.

Así, en este caso, el discurso emotivo impacta más que el pensamiento analítico. ¡Bien por la razón emocional pero no tanto por la razón razonable!