La familia Gatica Valdebenito de Talcahuano anunció que apelará al fallo de primera instancia del segundo juzgado civil de Concepción, el que rechazó la demanda contra el Estado que el clan familiar interpuso por el fallecimiento de Nery Valdebenito Aguilar (madre de familia) durante el tsunami del 27 de febrero de 2010.

Según los antecedentes del hecho el conjunto familiar vivía en Avenida Blanco Encalada del puerto, al momento de la catástrofe, en una de las casas fiscales que la empresa Emporchi presta a los trabajadores de la marca.

En este sentido es que los residentes ahora sostienen que las autoridades estatales dieron el aviso de nula posibilidad de amenaza de tsunami, cuestión que los afectados tomaron en cuenta hasta que el mar golpeó el inmueble con ellos adentro.

En ese hecho es que Nery Valdebenito fue la única víctima fatal entre las 8 personas que en ese minuto estaban en el inmueble.

La resolución del tribunal penquista detalla que si bien se pudo establecer la falta de servicio estatal, no se pudo acreditar el nexo causal con la muerte de esta persona.

Previo aquello, es que la parte demandante ya había acreditado ante la Justicia, que los afectados efectivamente hacían uso del hogar fiscal al momento del suceso.

De acuerdo a la documentación adjunta fue el 12 de mayo de 1995 cuando el Ministerio de Obras Públicas autoriza al jefe de familia, José Gatica Salgado, ocupar la casa en cuestión, siendo entregada el 24 de abril de ese año, la que con el tsunami de 2010 quedó inhabitable según certificado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

MONTO

En rigor son $2 mil millones los que se buscan como medida de indemnización por parte del Fisco.

De acuerdo a la documentación judicial de la parte demandante, representada por el abogado Ramón Valverde, el intendente regional del Biobío de la época, Jaime Tohá, informó la no existencia del tsunami "en base a la información que tenía disponible en ese momento por medio de funcionarios de la Armada de Chile".

Para la familia afectada no solo existió el punto de la errada comunicación de las instituciones del Estado en un primer minuto, sino, que también hacen referencia a que el llamado fue mantenerse en los respectivos hogares, cuestión que fue replicada por altavoces del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano y de Carabineros del puerto, que se desplazaban en las mismas calles de la ciudad.

Cerca de las 13:30 de este lunes, uno de los nueve ex presos políticos que se encuentran en huelga de hambre en la Catedral de Concepción sufrió una descompensación, que incluso le provocó una pérdida de conocimiento.

Según informó Luis Moreno, vocero del movimiento en Concepción, el hombre afectado es Manuel Pereira de 59 años de edad, quien se desvaneció tras ir al baño.

El vocero detalló que llamaron a la ambulancia, pero les informaron que todos los equipos estaban ocupados, por lo que un aviso a la directora de Salud de Concepción permitió que personal del Samu arribara cerca de 20 minutos después.

Oriundo de Santiago. Hijo de un funcionario del Banco del Estado y madre odontóloga. En 1986 egresa de Derecho en la Universidad de Valparaíso, comenzando a forjar una carrera que hoy lo ubica a la cabeza de la Defensoría Penal Pública (DPP).

Andrés Mahnke Malschafsky, desde el 24 de diciembre de 2014 es el Defensor Nacional, cargo en el cual hoy analiza el sistema de justicia chileno destacando dos aristas claves: la estigmatización en base a estereotipos por parte de los jueces, como también la necesidad de que se garantice la presunción de inocencia.

LÍNEAS DE DEFENSA

Entre 2006 y 2010 ejerció como coordinador general de la Unidad de Reformas Judiciales del Ministerio de Justicia de Chile. Previo a ello fue de los primeros encargados en la coordinación de la implementación de la misma Defensoría en la puerta en marcha de la Reforma Procesal Penal, experiencia que la replicó en otros países del continente.

En el caso local, Mahnke dice que la gran apuesta de la DPP es potencializar y consolidar las líneas de defensa especializada de la institución perteneciente al Ministerio de Justicia, destacando la defensa a personas de origen indígena donde en la Octava Región durante 2014 la Defensoría asumió la representación de cerca de 1.000 personas.

Según el defensor nacional, tanto en las regiones de La Araucanía (como en el Biobío donde hay asistencia especialmente en la etnia Mapuche), como en la zona norte donde destaca la situación Aymara las cifras en cuanto a imputados defendidos mantienen el mismo promedio.

-Está la necesidad de tener defensores especializados y facilitadores interculturales para que tengan ciertos conocimientos técnicos, judiciales, culturales y políticos de las normativas con la que obliga el Estado de Chile para atender a estos pueblos originarios.

Acá tenemos una barrera más que son las barreras culturales. La posibilidad de unir a nuestra cultura con otra que no necesariamente muchas veces comprende en qué consiste una imputación o por qué es ilícita una conducta cuando para ellos tiene otra connotación, tiene algunas diferencias y ante eso tratamos de hacer los acercamientos con esta defensa especializada, porque apuntan a las personas y no a una demanda específica indígena de cualquier parte del país.

-La mayoría son los mismos que comenten cualquier otro tipo de imputado: delito contra la propiedad, violencia intrafamiliar (VIF), lesiones.

-Los tribunales de justicia pertenecen a nuestra sociedad y los jueces son ciudadanos de este país inmersos en esta sociedad y donde estamos yendo a un punto en específico de estigmatización, ya sea por afiliación a ciertas actividades legítimas de participación en grupos sociales políticos o étnicos.

Pero en el fondo la estigmatización de cualquier persona que es sindicada como responsable de un ilícito en este país es absoluta. Por eso hoy está en el debate el tema de la presunción de inocencia porque no está tan presente.

No es que no se esté viendo sus características, consideraciones y lo importante que esto sea, sino que no está tan presente en nuestro sistema de justicia y los estereotipos están a la orden del día.

Es nuestro trabajo como Defensoría demostrar que eso está fuera de nuestro ordenamiento jurídico y es una vulneración evidente de garantías donde el rango que establece esa misma garantía es de orden constitucional.

-Está completamente vinculado a lo que recién estábamos hablando, sobre el estereotipo y la estigmatización. Si sientan a una persona (en la sala de audiencia) con el chaleco de imputado, esposas, en algunos casos grilletes y eso sale por televisión , cuando recién son personas investigadas.

El juez debe garantizar la presunción de inocencia, que estando alguien como imputado se vea como aún inocente, porque es un bien jurídico.

De repente la filmación (televisiva), la publicidad que también es otro valor del sistema procesal chileno, más las vestimentas señaladas apuntan a que el tribunal está garantizando la presunción de defensa antes del fallo.