El ex presidente Sebastián Piñera abordó ayer ante la prensa el capítulo de SQM que vinculó a la minera con pagos a Jaime de Aguirre, director ejecutivo de CHV, canal que en el momento que se emitieron las boletas era de propiedad del ex Mandatario.

Fue durante un encuentro que sostuvo con la conocida bloguera cubana Yoani Sánchez, que Piñera se refirió a la información que señala que la empresa La Música Ltda., de propiedad de De Aguirre, emitió boletas a SQM y a Aguas Andinas.

Según una versión publicada en El Mostrador, el monto correspondería al pago de un bono por $ 130 millones que habrían sido recaudados a través de boletas a las empresas mencionadas, además de otras dos que se desconocen. Según ese medio, la suma se completó a través de tres boletas por $ 45 millones a Soquimich y tres boletas por $ 30 millones a Aguas Andinas, además de otras dos por la diferencia. Ese pago habría sido solicitado por Bancard, según el sitio.

El ex presidente confirmó la existencia de contratos entre La Música y Bancard, empresa de inversiones que es de propiedad de Piñera, y rechazó que las boletas emitidas fueran por el concepto de un bono al director ejecutivo de la estación de televisión y aseguró que fueron por asesorías.

"Desde el año 2005 existe un contrato entre La Música y Bancard, por la cual La Música asesoró a Bancard en sus proyectos en el mundo de las comunicaciones, por ejemplo, la creación de un centro de las comunicaciones, para lo cual Bancard compró Machasa, el proyecto de crear una multimedia e incluso asesoró a Bancard en la venta de Chilevisión", señaló el ex Mandatario.

Al ser consultado si el pago de bonos a ejecutivos de CHV se hizo a través de boletas a SQM u otras empresas, ex el jefe de Estado respondió que "hace muchos años que no participo de la administración de las empresas, pero la empresa me ha informado que está recabando toda la información y que no existe relación con bonos. Sí existe una relación con la asesoría que La Música le prestó a Bancard".

Asimismo, Piñera confirmó que instruyó a Bancard para que recabe los antecedentes y que le sean entregados a la Fiscalía.

"La empresa, tal como lo ha dicho públicamente, está recabando la información para colaborar con la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía. En abril de 2009 me desligué total y absolutamente de la administración, la gestión y los directorios de todas las empresas y me dediqué en cuerpo y alma a la campaña presidencial", explicó.

"He pedido a la empresa que recabe todos los antecedentes y que los ponga a disposición de la Fiscalía, y eso es lo que va a ocurrir", remarcó.

El Servicio de Impuestos Internos presentó ayer ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago una nueva querella criminal en contra de los socios fundadores y representantes legales de distintas empresas del Grupo Penta, por contratos forward correspondientes al período entre los años 2009 y 2013.

Según se informó en el sitio web del ente fiscalizador, el recurso se presentó "para que se les investigue como presuntos autores de delito tributario por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de las compañías y la evasión del Impuesto Único establecido en el artículo 21 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, al registrar como gasto en su contabilidad y luego incorporar en sus declaraciones de impuestos pérdidas ficticias originadas en operaciones de forwards artificiosas".

La querella también va dirigida "en contra de los representantes legales de las empresas CB Consultorías y Proyectos y Forestal Valparaíso, que actuaron como contraparte en las operaciones mencionadas".

Ambas empresas pertenecen al grupo Cruzat, cuyo controlador, Manuel Cruzat, y que declaró ante la Fiscalía el pasado 19 de febrero por este caso.

En total hay 26 personas involucradas en la querella presentada por el SII en el marco del llamado caso Penta, por la responsabilidad que les corresponda en los delitos tributarios mencionados.

El delito por el que se presentó el recurso se refiere "a la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas o al empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto", así como por "haber omitido la presentación de declaraciones juradas exigidas por ley para la fiscalización de los impuestos asociados a estas operaciones".