Los gastos en campañas electorales para diputados y senadores en la Región del Biobío se han cuadruplicado en los últimos 25 años, han señalado analistas y representantes de partidos, en un reportaje de El Sur. Si una candidatura senatorial exitosa costaba unos 150 millones de pesos en 1989, en 2013 requería de un gasto de 600 millones. En el caso de una postulación a diputado, que entonces costaba 50 millones de pesos, ahora representa al menos unos 200 millones.

Durante el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos se establecieron límites al gasto electoral, dependiendo de la cantidad de inscritos por zona y se crearon los cuestionados aportes reservados. El tema de los aportes privados en las campañas electorales no es nuevo y un gran avance logrado es que esas cantidades sean transparentadas, evitando así desvíos de dinero irregulares o provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico. La ley Nº 19.884 establece un mecanismo que busca asegurar la privacidad de la entrega de dinero, a través de la realización de un depósito en la cuenta del Servicio Electoral, que a su vez hace llegar los aportes a candidatos o partidos. Si bien éstos reciben las cantidades, los favorecidos ignoran -en teoría- quiénes han hecho los aportes.

La irrupción masiva de propaganda en las calles, con gigantografías, así como afiches de todo tipo, han elevado los costos. Las candidaturas ya no dependen sólo del trabajo de sus partidarios (muchos exigen pago), sino que deben contratar a empresas publicitarias y de comunicaciones. En consecuencia mientras más masiva y costosa es la campaña publicitaria, más posibilidades de éxito tiene cada candidato.

No hay que perder de vista que lo que se juzga por estos días en los tribunales es el fraude fiscal perpetrado por Penta y no los aportes reservados a la política, que no son un delito, sino que están regulados por la mencionada ley. El fundamento detrás del mantenimiento del anonimato en estos aportes es que está teóricamente destinado a evitar la "compra" de favores políticos a cambio de fondos para campaña electorales.

No obstante, en el sector político se señala que una cosa son las cifras declaradas oficialmente y otra es el costo real de cada campaña. Ya es reconocido que en este tema el nivel de transparencia no es el esperado, por lo que es importante actuar a tiempo.

Plantear y debatir el tema de una Asamblea Constituyente no significa -como algunos pretenden señalar- caer en el populismo. Todo lo contrario, se trata precisamente de buscar un mecanismo de deliberación política en el cual los ciudadanos puedan, por una parte ser partícipes directos en la construcción de una institucionalidad que les sea representativa, legítima, y por otra, recuperar la credibilidad en la política como la forma de pensar y el hacer colectivo.

¿Por qué una Asamblea Constituyente? Primero, en Chile nunca ha existido un proceso constituyente democrático que se plasme en una Constitución política. Tras la guerra civil de 1830 y las intervenciones militares de 1924 y 1973, los sectores dirigentes políticos y militares llegaron a determinados acuerdos para aprobar e imponer los nuevos marcos constitucionales. En ninguno de ellos se tomó en cuenta la participación de la ciudadanía, más allá de convocarlas para que ratificaran las respectivas constituciones.

Segundo, tras el golpe de Estado de 1973, la dictadura recurrió a diversos discursos para legitimar la intervención militar. Uno de ellos consistió en señalar que la Constitución de 1925 ya no era funcional al momento histórico que se vivía. Asimismo, el proceso sociopolítico surgido post 1925 desencadenó -según la junta de gobierno- en un fuerte estatismo y pluripartidismo, lo cual conllevó un desorden, ausencia de consenso y la respectiva pérdida de la "unidad nacional". En vista de aquello, la Junta Militar impuso el neoliberalismo y al mismo tiempo avanzó en un nuevo marco institucional a través de la Constitución de 1980. Fue precisamente esto lo que se aprobó bajo la censura, falta de pluralismo, libertad y en medio de una sistemática violación de los Derechos Humanos.

Hoy, en medio de la crisis orgánica que atraviesa nuestro país, el llamado a un proceso constituyente emerge como una legítima vía y mecanismo para la construcción de un sistema institucional participativo y representativo, el cual permita recobrar la confianza en las instituciones.

Impulsar un proceso constituyente no es ser izquierdista, derechista o populista, es simplemente retomar lo que dijo Eduardo Frei a propósito del engañoso plebiscito de 1980 y lo reafirmó más tarde el "Grupo de los 24", al señalar que el "Poder Constituyente está formado por todos y cada uno de los ciudadanos integrantes de la nación, que tienen el derecho y el deber de darse el orden institucional que quieran".

Es precisamente ese Poder Constituyente el que hoy debe dar vida a una Asamblea Constituyente, encargada de aprobar un proyecto constitucional, el cual posteriormente debe ser ratificado mediante un plebiscito nacional.