Dirigentes regionales de la Nueva Mayoría y la Alianza, a excepción del MAS, valoraron el acuerdo firmado por siete presidentes de partidos oficialistas y de oposición para enfrentar la crisis política que vive el país.

Hay coincidencia que no debe haber un 'perdonazo' para los que aparezcan involucrados en el financiamiento ilícito de campañas, siempre y cuando haya una resolución de la justicia, de existir culpabilidad de políticos.

'Lo rechazamos. Nos somos de la tesis de hacerse cargo de todos los rumores y aquí hay que dejar que la justicia opere. Eso significa que todos los que determinen responsabilidades por tribunales tienen que pagar. Eso significa que los parlamentarios involucrados deben enfrentar los tribunales y si resultan culpables, deben dejar sus cargos en el Congreso', dijo Leonado Gutiérrez, líder regional del MAS.

Agregó que 'no somos partidarios de ningún acuerdo que signifique un borrón y que no considere la opinión de la ciudadanía en este aspecto. Sí creemos que tiene que haber una reforma profunda al financiamiento de la política y una reformulación profunda a todo el sistema chileno, a través de una nueva Constitución, vía Asamblea Constituyente'.

En el texto que lleva las firmas de los presidentes del PS, Osvaldo Andrade; de la UDI, Javier Macaya; de RN, Cristián Monckeberg; del PPD, Jaime Quintana; del PC, Guillermo Teillier; del PR, Ernesto Velasco, y de la DC, Ignacio Walker, las colectividades hacen un mea culpa ante la situación de indignación ciudadana por las conductas 'reñidas con la ética en el sector público y privado'.

Además, la declaración respalda la labor de la comisión asesora presidencial que encabeza Eduardo Engel, reconoce a la Presidenta Michelle Bachelet como un actor central y articulador de iniciativas que aborden una nueva institucionalidad, afirma que los esfuerzos legislativos se concentrarán en la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado y manifiesta el respeto de la labor del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Servicio de Impuestos Internos, el Congreso, el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Contraloría. Los dirigentes aseguran también que 'no respaldaremos ningún tipo de impunidad'.

'Valoramos la firma de este texto, porque aporta la visión de los partidos respecto de la crisis política que vive el país. Sin embargo, que quede claro que no avalaremos ninguna impunidad respecto de las responsabilidades en un delito', dijo Frank Sauerbaum, presidente regional de RN. El mismo dirigente señaló que había hablado ayer en la mañana con su líder nacional, Monckeberg, quien le había explicado los alcances del documento.

'No es un acuerdo, sino que solo un documento que explicita cómo vamos a seguir adelante para profundizar la transparencia. Nosotros vamos a ser un aporte al debate. Es un avance que manifiesta una voluntad y manifiesta los principios de la democracia y cómo vamos a enfrentar y salir del problema', dijo Jorge Sabag, presidente regional de la DC.

Con fecha 18 de marzo, una carta abierta dirigida a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, entró al palacio de La Moneda. Fue dirigida también a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, así como a los parlamentarios de ambas Cámaras, a los presidentes nacionales y regionales de los partidos políticos y a los ministros de Estado y subsecretarios.

El texto contiene ocho planteamientos, centrados en la preocupaciones de sus firmantes respecto a la lentitud del proceso de descentralización del país y algunas imprecisiones en los proyectos de ley enviados en torno a la materia, desde que el 7 de octubre de 2014 se entregaran las propuestas de la Comisión Asesora presidencial de Descentralización, organismo formado por Michelle Bachelet hace un año.

Este organismo fue uno de los firmantes, junto con la Asociación nacional de consejeros regionales, Ancore, la bancada regionalista de senadores, la bancada regionalista de diputados, la Asociación Chilena de municipalidades, AchM, la Agrupación de Universidades Regionales, AUR, y la Fundación Chile Descentralizado, ex Conarede, presidida por Heinrich von Baer.

Fue el mismo Von Baer quien decidió hablar frente a esta lentitud del gobierno, y junto al profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral, Juan Andrés Varas, está en la última etapa de construcción de una nueva propuesta de reforma constitucional para la elección directa de intendentes. Este documento busca fijar ajustes al proyecto de reforma constitucional firmado por el gobierno el 30 de diciembre pasado, y que no cumplió con las expectativas de la comisión de la que fue vicepresidente. Tampoco está siendo discutido, desde que ingresara al Senado el 5 de enero.

El borrador del texto debiera estar listo a inicios de la próxima semana y responde a tres criterios: la síntesis legislativa -concentrar las normas- para que la norma tenga sentido, contribuir a un mínimo de estrés legislativo sin debilitar, desvirtuar o trivializar la esencia de esta reforma constitucional y conservar, dentro de lo posible, la estructura, fraseo y terminología de la actual Constitución Política.

El principal problema identificado por los antiguos miembros de la comisión y el resto de las organizaciones participantes fue la incorporación de la figura de un gobernador regional dentro del proyecto de ley presentado por el gobierno.

Una propuesta que, tal como indicó Von Baer, nunca fue considerada dentro de las recomendaciones entregadas por la comisión el 7 de octubre de 2014, y que sorprendió ingratamente, sobre todo porque concentraría la responsabilidad del gobierno regional, lo que buscaba ser asignado al intendente.

Desde la visión del regionalista, contar con una autoridad electa y otra designada a nivel central significa 'debilitamiento del intendente regional electo y legitimado por la ciudadanía, pues al no radicarse en el intendente la función de gobierno regional, quien gobierna decide. Por tanto, es muy importante en qué autoridad radica la constitución, la carta magna del país, la función de Gobierno Regional. Quedaría desprovisto, limitado, atado de manos la figura del intendente democráticamente electo. La limita al rol de presidir el gobierno regional y de administrar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional', a lo que se suma una permanente tensión entre dos autoridades regionales y confusión en la ciudadanía.

No obstante, dijo, una figura a modo de delegado del gobierno central en las regiones resulta muy necesaria. De hecho, fue propuesta por la comisión, pero el objetivo era que tuviera atribuciones de gobierno interior y de supervisión de los órganos desconcentrados del Estado: gobierno interior, seguridad pública, fronteras, extranjería, por ejemplo.

Otro de los problemas ligados a la descentralización es que aunque se haya enviado una reforma constitucional para la elección de intendente, considerada por Von Baer como la reforma madre del proceso, ésta no cuenta con urgencia para su discusión.

Debido a los trámites que implica una reforma constitucional, Von Baer aseguró que si no se imprime urgencia para el trámite de la reforma, no se podrán elegir intendentes ni en octubre de 2016 junto a las elecciones locales, como estaba originalmente propuesto, ni tampoco por excepción y única vez en noviembre de 2017, junto a las elecciones presidenciales y parlamentarias. Esto significaría, dijo, 'perder el cuatrienio completo y por lo tanto, una demora inaceptable para las legítimas esperanzas de todas las comunidades regionales con el trabajo realizado el año pasado por la comisión presidencial y los quince diálogos regionales que los acompañaron. Las regiones no pueden esperar ni aceptar que se siga jugando con las promesas sin fijarle urgencia'.

Esto, desde la visión del ex vicepresidente de la comisión, sería responsabilidad del Ministerio del Interior y del Ministerio Secretaría general de la Presidencia, quienes fijan la agenda y disponen las urgencias, que se ha visto más orientada hacia otros proyectos, entre ellos la reforma al binominal.

'Si somos consecuentes, se debería cumplir lo que la Presidenta señaló en su discurso al momento de recibir en octubre pasado el informe. Ella dijo (cito casi textual) 'espero que los ministros den el ancho para facilitar el avance'. En la práctica no está ocurriendo. Al parecer la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el subsecretario (Ricardo Cifuentes), que en esto tiene demostradamente convicción y voluntad para avanzar, lo han dejado solo, supongo, porque de no ser así, sí hubiera existido el suficiente eco y respuesta a la voluntad de la presidenta'.