Pérdidas por al menos unos US$70 millones produjeron esta temporada los incendios forestales, además de los incalculables daños medioambiental y social. Así lo estimó la Corporación Chilena de la Madera (Corma).
Fernando Raga, presidente de la entidad gremial, quien llamó a las autoridades a perseguir a los autores de estos delitos y a la población a denunciar a las personas que incendian los bosques, agregó que esta temporada se ha convertido en la "peor de la historia para los forestadores", ya que a la fecha se han quemado 20.000 hectáreas de las empresas socias, un 37% más que a igual fecha del año pasado.
El ejecutivo informó que el número de incendios dentro de las empresas también ha aumentado en la última temporada, llegando a los 3.700 a la fecha, con un incremento de un 26%.
Respecto de las cifras de incendios totales en el país que entrega Conaf, Raga dijo que se quemaron 100,5 mil hectáreas a la fecha, similar al total de la temporada anterior que llegó a106 mil hectáreas. Sin embargo, señaló, "estas cifras prácticamente duplican al promedio de la década que es de 55 mil hectáreas".
Raga explicó que para hacer frente a los incendios, las principales empresas forestales invierten alrededor de US$ 50 millones al año para proteger sus 1,4 millones de hectáreas de plantaciones, aunque el 70% de los combates se hacen en terrenos de terceros, principalmente pequeños propietarios ubicados en los alrededores, en un trabajo coordinado que se realiza desde hace más de 25 años y en el que participan las instituciones públicas encargadas de la protección forestal en el país.
Para esta labor cuentan con alrededor de 1.800 personas encargadas de la prevención y control de los incendios forestales, así como con 20 helicópteros, 15 aviones, 25 bases de carguío, 129 brigadas y 204 torres de observación, distribuidas entre las regiones del Maule a Los Lagos.
Por su parte, Conaf dispone de un presupuesto de US$32 millones para cubrir 30 millones de hectáreas en todo el país. "Es decir -indicó Fernando Raga- las empresas disponen de US$16,6/ hectárea, mientras que el Estado cuenta con US$1,1/hectárea, lo que consideramos que es insuficiente para cautelar el patrimonio silvestre del país, y para cumplir el rol subsidiario del Estado de protección de miles de forestadores y agricultores medianos y pequeños.
