Educación superior
En el marco de la reforma a la educación, un tema que ha generado acalorados debates es el que dice relación con el financiamiento de la educación superior. Aun cuando el tema es muy relevante, no hay que desconocer que gran parte de la discusión no se ha centrado en el esquema de financiamiento y en las potenciales virtudes o limitaciones de los esquemas propuestos, sino que en la confusión que ha generado la utilización del término "gratuidad".
Como es lógico suponer, no existe ningún sistema gratuito de provisión de educación superior. La educación involucra un costo y alguien tiene que financiarlo. En términos generales, existen dos esquemas de financiamiento: uno que se asocia los países europeos, basado en el financiamiento del Estado, y otro sistema mixto, como el americano, con un fuerte componente de financiamiento privado, que complementa el financiamiento público.
El sistema nacional vigente es más parecido al americano. Las familias financian la educación superior fundamentalmente con becas y préstamos, que no necesariamente cubren la totalidad de los aranceles, ni otros gastos como alimentación, residencia, materiales y libros, entre otros, y cuya devolución se realiza una vez egresado el estudiante y es contingente a los ingresos que perciba en el mercado laboral y, la verdad sea dicha, a la disposición que tiene el egresado a devolver los recursos que le fueron facilitados como préstamo.
Opuesto a este esquema se plantea un sistema financiado por el Estado, ya sea a través de los ingresos obtenidos con su actual estructura impositiva o, como algunos han planteado, a través de un impuesto específico que tendrían que pagar los titulados. Ambos esquemas de financiamiento requieren que el Estado destine hoy una mayor proporción de su presupuesto al gasto en educación superior y, por lo tanto, que queden menos recursos disponibles para ser destinados a cubrir otras necesidades públicas.
Sin embargo, si las instituciones de educación son efectivas en términos de proporcionar a sus egresados competencias y herramientas que eleven su productividad laboral, uno podría esperar que en el futuro este mayor gasto se podría traducir en un mayor crecimiento económico y, por lo tanto, de la base impositiva, lo que ahora le permitiría al Estado probablemente contar con mayores recursos para financiar los sectores que tuvieron que ser postergados para financiar la educación superior.
Aquí radica la diferencia con el segundo esquema, el crecimiento en la base impositiva no sería suficiente y se requeriría que los titulados devuelvan parcial o totalmente los recursos facilitados a través de un impuesto específico.