Caso SQM, no a la instrumentalización de la justicia y la ética
Una vez que se develó el caso Penta, me llamó la atención -y así lo publiqué en su momento- el silencio con que la Nueva Mayoría y el mismo gobierno enfrentaban la caída de la UDI. En esa oportunidad, cuestioné la tardanza del gobierno en aprovechar la coyuntura política a fin de conseguir los renuentes apoyos de la oposición de cara a las reformas que estaban pendientes.
Fue en función de esta crítica que esbocé una razonable duda respecto a que el silencio de la Nueva Mayoría y del Gobierno demarcaban una eventual participación en ilícitos similares. Transcurridos más de tres meses de aquella reflexión, veo como esta duda dio lugar a una lamentable certeza. En Chile la corrupción política existe, está institucionalizada en el Parlamento y en los partidos políticos, e inunda los espacios por donde culebrea nuestra mal llamada "clase política".
Hoy, resulta lógico señalar que el silencio con que el Gobierno y la Nueva Mayoría enfrentaron el caso Penta fue producto del miedo colectivo que el sector sentía por ser descubierto en una práctica que, además de ilegal, no era coherente con el discurso histórico de la coalición gobernante relativo a demonizar justificadamente a todos aquellos que se enriquecieron con la dictadura.
Así entonces, el caso Soquimich implica factores adicionales que afectan a la Nueva Mayoría, la incongruencia e inconsecuencia, respecto a los factores antiéticos e ilegales que afectan a la oposición en relación al caso Penta.
Lo anterior ha configurado la aparición de un discurso relativo a institucionalizar la solución a un problema que es transversal y que debe ser abordado desde la arista política. De esta forma, y a pesar del descalabro ético que existe en la política nacional, hay figuras -de ambos espectros políticos- que han ocupado la retórica y la instrumentalización del lenguaje para esconder la necesidad de instaurar un perdón general a cambio de un "nunca más".
Por todo esto, es que considero necesario establecer que la salida institucional que se requiere no debe ser asociada a la impunidad, sino que a acciones correctoras de nuestra denostada democracia. Así, se debe hacer actuar al deslegitimado Parlamento a fin de que presente con urgencia las modificaciones legales que la ciudadanía exige de cara a plasmar plebiscitos revocatorios e inhabilidades a cargos públicos de carácter perpetuos y que castiguen de manera ejemplar la traición a la confianza ciudadana y el alejamiento de la promesa de velar por el bien común.
Hoy, la impunidad no tiene cabida y el hecho de que los vicios sean transversales a los dos mayores conglomerados políticos no justifica la instrumentalización de la justicia y de la ética.